edición: 2329 , Martes, 24 octubre 2017
19/03/2012
EL DEDO DE MADOZ
Cristina Fernández, presideta de Argentina

La compleja situación económica y política en Argentina gravita sobre YPF

El objetivo de eliminar los subsidios a las petroleras y obligarlas a absorber con sus márgenes los precios regulados ha colocado en principio contra las cuerdas a las empresas del sector
El Gobierno español debería saber que el nuevo embajador allí, Ramón Oyarzun, puede no gozar de las simpatías del Gobierno argentino
Carlos Schwartz

Existe una ofensiva sobre el sector petrolero argentino en general, sin que ello excluya que de momento el principal perjudicado es YPF. Sin embargo, no se debe hacer una lectura restrictiva de la situación. Entre otras cosas porque a comienzos de febrero pasado el Gobierno argentino eliminó los subsidios a la producción de petróleo denominado Petróleo Plus y al refino denominada Refino Plus que habían sido creados por decreto en 2008, el año en que el Grupo Petersen (familia Eskenazy) entró en el capital de YPF. Los dos subsidios, que sumaban 2.000 millones de pesos argentinos (unos 500 millones de dólares al cambio oficial) anuales, se entregaban en forma de certificados de subvenciones fiscales que podían aplicarse al pago de los derechos de exportación. El mecanismo merece un breve análisis. Las petroleras en 2008 llegaron a un punto crítico en su margen de beneficio por el nivel de precios interiores regulados y las tasas a la exportación de productos. La pinza entre ambas colocó en una situación difícil entre otras a YPF, y creó un problema a la financiación de los socios tanto locales como extranjeros de esta compañía. Es decir a la familia Eskenazy que acababa de entrar al capital de YPF, y, en lo que toca a Repsol, en particular a Sacyr que necesitaban como el agua los dividendos de la filial para atender el pago de los créditos con los cuales había adquirido los títulos de la petrolera. Los subsidios anulados fueron una solución de transición.

Sin embargo, el deterioro de la cuestas nacionales, la caída del ritmo de crecimiento del país, la desconfianza en la moneda nacional que alimenta la conversión de pesos en dólares, los menores ingresos por exportaciones de materias primas agrarias debido a la caída de sus precios y la menor demanda exterior han obligado al Gobierno a reducir los subsidios de productos y servicios, lo que ha determinado que se acelere el incremento de los precios con la consiguiente reacción social desfavorable. El objetivo de eliminar los subsidios a las petroleras y obligarlas a absorber con sus márgenes los precios regulados ha colocado en principio contra las cuerdas a las empresas del sector. En particular a YPF que tiene virtualmente el control sobre el mercado interior de productos y derivados. La batalla por los precios del gasóleo de automoción ha derivado en una acusación formal a la Comisión Nacional de la Competencia por parte del Gobierno contra las petroleras que operan en el país.

Pero en cualquier caso la crisis se ha ido gestando de forma creciente desde noviembre pasado. En diciembre las empresas del sector constituyeron una asociación empresarial denominada Cámara de Energía de la República Argentina (CEDERA). De acuerdo con fuentes del sector petrolero en Argentina, los problemas de YPF se insinuaron de forma abierta ese mismo mes en una tormentosa reunión entre Sebastián Eskenazy y la presidenta Cristina Fernández. Filtraciones a la prensa de fuentes de CEDERA afirman que Eskenazy, consejero delegado de YPF, admitió que había sido objeto de un rapapolvo por parte de la presidenta a causa de los niveles de inversión de la empresa. Eso es todo lo que ha trascendido de esa reunión, sin embargo otras fuentes del sector sugieren que lo que se puso sobre la mesa en esa conversación no fue sólo el nivel de inversión. Lo que queda claro es que desde aquella reunión la escalada contra el sector petrolero, y especialmente contra YPF no ha cesado.

En enero, el ministro de Planificación, Julio de Vido, junto al vicepresidente Amado Boudou, lanzaron la campaña contra una supuesta colusión entre petroleras para manipular el precio del gasóleo de automoción. En febrero, De Vido anunció la eliminación de los subsidios a la producción y al refino. En marzo, tras las presiones del Gobierno español, la campaña se trasladó a los Gobiernos provinciales para descentralizar la acción y sustraer formalmente del foco inmediato al Gobierno de la nación. Esto dio como resultado la cancelación de licencias de explotación.

La posición del Gobierno argentino, expresada por el ministro De Vido en Santiago de Chile durante la visita de estado de Cristina Fernandez invitada por el presidente Sebastián Piñera, es clara: YPF es una empresa argentina con un socio español. La prensa argentina ha leído estas declaraciones como una respuesta a las del ministro de Industria de España, José Manuel Soria: “Los intereses de YPF son los de Repsol y de España”. Formalmente De Vido tiene razón. Con la salvedad de que el socio español controla el 57,4% de la sociedad, y se ha comprometido con su socio argentino a mantener un nivel de al menos el 50% hasta 2013.

Pero las declaraciones del ministro de Planificación también indican otra cosa. Que el Gobierno considera como su interlocutor privilegiado al socio argentino con el cual tenían hasta el mes de noviembre una relación privilegiada. No en vano ha sido a él a quien se le ha dirigido ese mes un mensaje cuyo contenido no se ha hecho público. Si Repsol sabe cual ha sido el mensaje tampoco lo ha dado a conocer. Tampoco se sabe cual es el contenido de las conversaciones de Antonio Brufau con los ministros de Planificación y de Economía. La escalada creciente de presiones sobre YPF ha generado suspicacias entre algunos observadores en Argentina quienes se preguntan si el Gobierno no se habrá puesto manos a la obra para proceder al derribo del valor de las acciones de YPF como forma de reducir un posible precio de adquisición si opta por una nacionalización de la participación española. Los diversos frentes no son divergentes. Muy por el contrario pueden tener su convergencia en más de una resultante. Lo que de momento está claro es que la recién estrenada diplomacia corporativa del Gobierno que pretende poner a punto el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, no va por buen camino en Buenos Aires. Por añadidura, el Gobierno debería saber que el nuevo embajador allí, Ramón Oyarzun Marchesi, puede no gozar de las simpatías del Gobierno argentino.

Las provincias argentinas de Mendoza, Neuquén y La Pampa se han sumado al ejercicio de presiones crecientes alentado de forma descentralizada por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández. De acuerdo con fuentes en Buenos Aires el ministro de Planificación Julio de Vido coordina la operación, pese a que en círculos próximos al Gobierno se lo considera debilitado ante la presidencia desde el pasado mes de noviembre. El Gobierno de Mendoza ha emplazado a YPF a que defienda su inversión en las áreas de Ceferino y Cerro Mollar Norte presentando los planes destinados a la inversión y producción en los mismos. La semana pasada Mendoza emplazó a YPF a presentar la defensa de sus planes en el pazo de siete días que vencen hoy. A partir del martes el Gobierno provincial, si no se da por satisfecho con las propuestas de YPF puede cancelar las licencias de explotación de ambas zonas. Entretanto el Gobierno de Neuquén ha puesto como plazo de presentación el martes.

Mientras que la producción de las áreas cuestionadas en Mendoza es marginal respecto de la producción diaria de petróleo y gas de YPF, la de Neuquén es más significativa. De acuerdo con estimaciones de fuentes privadas en Neuquén se produce un 4% del crudo total que extrae YPF y un 10% del gas. Lo cual supone que con las cancelaciones de permisos en Chubut y Santa Cruz YPF podría perder un 11% de su producción diaria de crudo y más del 10% de gas. Entretanto, el Gobierno de la provincia de La Pampa ha solicitado a las petroleras que operan en su territorio que incrementen la producción de crudo un 15%. La propuesta provincial afecta a todas las petroleras incluida YPF, y el gobernador ya ha iniciada su rueda de entrevistas con los responsables de las empresas para transmitirles este objetivo. De momento las autoridades provinciales no han amenazado con rescindir concesiones. Sin embargo el anuncio no puede ser leído fuera del contexto de la creciente presión sobre el sector.

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