edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
16/11/2010
OBSERVATORIO FISCAL

¿La compra de un terreno y el proyecto de construcción en 2010 serán válidos para mantener la deducción por vivienda habitual en 2011?

DATADIAR
En cuanto a la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual a partir de 2011 por las cantidades aportadas a la construcción de la vivienda cabe indicar que el Proyecto de la Ley de presupuestos para 2011 prevé con efectos desde el 1 de enero de 2011, la modificación de la deducción por inversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que sólo será aplicable a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.170,20 euros anuales. Ahora bien, con objeto de no perjudicar a aquellos contribuyentes que adquieran su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2011, se establece un régimen transitorio respetuoso con las expectativas en materia de deducción por inversión en vivienda habitual de quienes comprometieron su inversión en vivienda con anterioridad a la introducción de las nuevas limitaciones.

Si bien, se añadiría una Disposición Transitoria decimoctava a la LIRPF, con la siguiente redacción:

“Disposición transitoria decimoctava. Deducción por inversión en vivienda habitual adquirida con anterioridad a 1 de enero de 2011.

1. Los contribuyentes cuya base imponible sea superior a 17.724,90 euros anuales que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2011 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma, tendrán como base máxima de deducción respecto de dicha vivienda la establecida en el artículo 68.1.1º de esta ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2010, aún cuando su base imponible sea igual o superior a 24.107,20 euros anuales. Igualmente, la base máxima de deducción será la prevista en el párrafo anterior respecto de las obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que se hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2011 y las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2015.

…….

3. En ningún caso, por aplicación de lo dispuesto en esta disposición la base de la deducción correspondiente al conjunto de inversiones en vivienda habitual efectuadas en el período impositivo podrá ser superior al importe de la base máxima de deducción establecida en los artículos 68.1.1º y 4º de esta ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2010.”

Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 29-4-2010, en un supuesto muy similar al que estamos analizando, establece lo siguiente:

“El inicio de la inversión para finalizar las obras, según el criterio mantenido por este Centro Directivo, procede computarlo a partir de la fecha en la que se satisface la primera cantidad por la que se practica la deducción por inversión en vivienda habitual o, en su caso, por cualquier importe que el contribuyente entregue procedente del saldo de la cuenta vivienda abierta por él mismo. Así se viene manifestando reiteradamente en consultas tales como DGT V2415-09, DGT V0568-08 o DGT V0518-08. El plazo de cuatro años para finalizar las obras no admite, ni legal ni reglamentariamente cualquier otra ampliación diferente de las previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 55 del RIRPF.
 
La fecha de terminación de las obras, en los supuestos de autopromoción, deberá acreditarse por cualquier medio de prueba válido en derecho, cuya valoración corresponde efectuar a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. En ausencia de prueba se tomará la fecha de la escritura de declaración de obra nueva.
 
Darán derecho a la deducción las cantidades entregadas a cuenta al promotor hasta que las obras de construcción se ultimen, así como cualquier otra satisfecha relacionada con la construcción y adquisición de la vivienda, de acuerdo con los requisitos y límites establecidos en el Impuesto.

En cuanto al alcance del término “construcción” contenido en el borrador de proyecto de Ley de Economía Sostenible, cabe señalar que la presente contestación se formula con arreglo a la normativa vigente en 2010, no cabiendo interpretar textos carentes de aprobación normativa”.

Otra consulta vinculante del mismo organismo de 28-6-2010 dispone que “El inicio de la inversión para finalizar las obras, según el criterio mantenido por este Centro Directivo, procede computarlo a partir de la fecha en la que se satisface la primera cantidad por la que se practica la deducción por inversión en vivienda habitual o, en su caso, por cualquier importe que el contribuyente entregue procedente del saldo de la cuenta vivienda abierta por él mismo. Así se viene manifestando reiteradamente en consultas tales como DGT V2415-09, DGT V0568-08 o DGT V0518-08. El plazo de cuatro años para finalizar las obras no admite, ni legal ni reglamentariamente cualquier otra ampliación diferente de las previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 55 del RIRPF.
 
La fecha de terminación de las obras, en los supuestos de autopromoción, deberá acreditarse por cualquier medio de prueba válido en derecho, cuya valoración corresponde efectuar a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. En ausencia de prueba se tomará la fecha de la escritura de declaración de obra nueva.
 
Por tanto, darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas por la compra del terreno, las entregadas a cuenta al constructor hasta que las obras de construcción se ultimen y cualquier otra satisfecha relacionada con la construcción y adquisición de la vivienda, de acuerdo con los requisitos y límites establecidos en el Impuesto.
 
En el presente caso, el inicio de la construcción se origina con la compra del terreno, en concreto, al satisfacer la primera cantidad vinculada al mismo por la que ha venido practicando la deducción”.

Si atendemos al anterior Proyecto de Disposición transitoria podría entenderse que si se satisfacen cantidades para la adquisición del solar antes de 1-1-2011 se podrá aplicar la deducción atendiendo a la redacción vigente a 31-12-2010, por lo que no se aplicaría el límite de 24.107,20 euros anuales de la base imponible.

Si bien, una cuestión importante que no se debe olvidar para que proceda tal deducción, es que no podrá superar el plazo de 4 años desde la compra del solar hasta la finalización de las obras (o en su caso de escritura de declaración de obra nueva.

No obstante, insistimos, esto es una interpretación del Proyecto de la Ley de Presupuestos 2011.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

No podrá realizar una declaración conjunta por el I.R.P.F con su cónyuge fallecido por el ejercicio 2010, ya que la determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada año. D.G.T. C, (05/07/2010).
Incidencia en las obligaciones testamentarias como consecuencia del fallecimiento del cónyuge del consultante el 19.01.2010 del hecho de que conste percibido por este en dicha fecha -aunque con valor el 20 de enero- un importe semestral que recibe de su antigua empresa por razón de su prejubilación. El consultante no podrá realizar una declaración conjunta por el I.R.P.F con su cónyuge fallecido por el ejercicio 2010, ya que la determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada año, según dispone el artículo 82.3 de la Ley citada. Por lo tanto, el consultante deberá realizar una declaración individual por todo el ejercicio 2010, incluyendo los rendimientos de trabajo referidos, ya que éstos con carácter general se atribuirán exclusivamente a quien haya generado el derecho a su percepción, así como una declaración individual correspondiente a su cónyuge por el periodo transcurrido desde el inicio del año hasta la fecha de fallecimiento (artículos 11.2, 12 y 13 de la Ley), en este último caso para el supuesto de que en dicho periodo hubiera obtenido rentas que determinaran su obligación de declarar. Como puede advertirse de todo lo anterior, no existe incidencia alguna de las cantidades semestrales percibidas en el hecho imponible constituido por la “adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio” que determina la liquidación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones conforme al artículo 3.1.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.

No será de aplicación la reducción de la ganancia patrimonial obtenida, cuando la transmisión de la licencia de taxi no esté motivada por la jubilación del titular de la misma. D.G.T. C, (06/07/2010).
El consultante ejerce la actividad económica de transporte por autotaxis, epígrafe 721.2 del IAE, determinando el rendimiento neto de su actividad por el método de estimación objetiva. La actividad la ha ejercido durante veinte años, teniendo actualmente como personal asalariado a un hijo. Tiene intención de jubilarse dentro de un año, pero manteniendo la titularidad de la actividad, que se continuará ejerciendo a través del hijo asalariado. Si pasado un tiempo vende la licencia del taxi, tiene que pagar algún impuesto. la reducción de la ganancia patrimonial se practicará cuando, además de que la transmisión se produzca por cualquiera de las causas citadas anteriormente, el transmitente determinase el rendimiento neto de la actividad por el método de estimación objetiva en el momento de producirse la circunstancia que da derecho a la reducción. Ahora bien, conviene apuntar que no se consideraría que se produce la circunstancia de jubilación en el supuesto de que el titular de la licencia desee continuar ejerciendo la actividad después del jubilarse, situación que parece va a ocurrir en el caso planteado. En este caso, cuando se produjese la transmisión de la licencia, ésta no estaría motivada por la jubilación del titular de la misma, por lo que no sería de aplicación la reducción de la ganancia patrimonial prevista en el artículo 42 del Reglamento del Impuesto, salvo que la transmisión estuviese motivada por otra de las causas previstas en la normativa reglamentaria para su aplicación, quedando la ganancia obtenida por la transmisión de la licencia plenamente sometida al IRPF.

Tribunales

La imputación de costes deberá hacerse cuando se genere el gasto por la prestación del servicio ordinario o extraordinario, con independencia de que el importe del mismo se haya calculado con anterioridad. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de julio de 2010.
Empresa que se dedica al mantenimiento de vehículos, contabiliza los gastos realizando una provisión a la que dota por una cantidad igual a la de los ingresos; exceso que la Inspección regulariza como no deducible. Pues bien, la correlación exigida ingresos/gastos no se produce cuando se computan como costes del ejercicio los que aún no han sido satisfechos, por no haberse producido la actividad que los genera, bien sea la ordinaria de revisiones y cambios periódicos de determinados elementos o productos de funcionamiento del vehículo, como la extraordinaria derivada de siniestros. En este caso, la imputación de costes deberá hacerse cuando se genere el gasto por la prestación del servicio ordinario o extraordinario, con independencia de que el importe del mismo se haya calculado con anterioridad y en base a dicho cálculo se facture mensualmente a los clientes.

El saneamiento del activo llevado a cabo no tiene la consideración de partida deducible. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de julio de 2010.
La provisión por depreciación de valores mobiliarios es un mecanismo contable de anticipar pérdidas, en aplicación rigurosa del principio de prudencia, con el fin de procurar la fiabilidad del estado financiero de la sociedad. En el supuesto que nos ocupa vemos como se procede a la venta de acciones a 1 pesetas con la finalidad de dar entrada a la recurrente, con un elevado crédito a su favor, en la sociedad y otorgarle el derecho de suscripción preferente por el porcentaje de participación poseído a julio de 1992 que hace efectivo, tras la reducción, al aumento del capital social, descubre, entre otras posibles causas, que se persigue el saneamiento de la sociedad mediante el mecanismo conocido como acordeón, conforme al cual en un primer momento se reduce el capital social para absorber las pérdidas de la sociedad, que han ocasionado la práctica desaparición del patrimonio social, aumentándose simultáneamente el mismo en la cifra necesaria para reflotar la sociedad mediante aportaciones de los socios (antiguos o nuevos), recuperando recursos propios para hacer posible la continuidad de la empresa.

Tribunales Económico-Administrativos

Para determinar la fecha de adquisición en caso de suscripción de ampliación de capital, deberá estarse a la fecha de elevación a público del correspondiente acuerdo y de su inscripción en el Registro Mercantil. TEAC R, (29-06-2010).
Fecha de adquisición de acciones, derivada de la suscripción de una ampliación de capital, a los efectos de determinar el periodo de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo y la aplicación de los coeficientes reductores: de acuerdo con la normativa mercantil (TRLSA), deberá estarse a la fecha de elevación a público del correspondiente acuerdo y de su inscripción en el Registro Mercantil. Sentencia del Tribunal Supremo de 20-12-2009 (recurso de casación nº 10.220/03): “para que el aumento o ampliación de capital surta efectos frente a terceros, se exige, con carácter constitutivo, que el acuerdo se adopte por la Junta General de Accionistas, que se otorgue en escritura pública y que se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil y publicación en su Boletín Oficial, de tal forma que la ausencia de tales requisitos determinará que la pretendida ampliación no surta efectos frente a terceros.

Corresponde al contribuyente acreditar que los importes consignados en las facturas controvertidas responden a bienes o servicios reales y correlacionados con los ingresos de la actividad económica por él ejercida. TEAC R, (30-06-2010).
El procedimiento penal seguido respecto del emisor de las facturas no produce efectos suspensivos. Es posible regularizar al receptor aun en el caso de que el emisor esté procesado por falsedad documental y aún no se haya dictado sentencia. Es obligación del obligado tributario la de "...aportar a la Inspección cuantos documentos o antecedentes sean precisos para probar los hechos y circunstancias consignadas en sus declaraciones...", le corresponde a la entidad interesada probar que la factura controvertida corresponde a una operación real realizada por la entidad emisora de la misma. Sin embargo, el contribuyente no aporta ningún documento, aparte de la factura, que justifique la efectiva realización de los trabajos de derribo, limpieza y desescombro, tales como facturas de transporte, matrícula de los vehículos especiales encargados del derribo, nombre del encargado de la empresa contratista, correspondencia comercial, lo cual resulta extraño teniendo en cuenta que los trabajos se desarrollan durante varios meses. Consecuentemente y en base a todo lo anterior debe concluirse que la factura en cuestión no puede servir de base para justificar una deducción por gastos a efectos del Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio 1988, al no quedar suficientemente demostrada la efectiva prestación de los servicios por parte de la entidad, debiendo rechazarse por tanto las pretensiones de la interesada".

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