edición: 2863 , Miércoles, 11 diciembre 2019
23/09/2011

La Comunidad de Madrid revisará quién tiene derecho a la justicia gratuita

Se pretende aportar 'transparencia, rigor y eficacia' a través de ciertas “modificaciones”
El turno de oficio amenaza con un paro de un día semanal, incluyendo la asistencia a detenidos y presos
Javier Ardalán

Lejos de suavizarse, el rifirafe que mantienen el Turno de Oficio madrileño y la Comunidad de Madrid por el impago del servicio por parte de la Administración comienza a desembocar en la radicalización de posiciones. Mientras los abogados de la justicia gratuita lanzan su ultimátum y amenazan con un paro mayor si continúa el impago, la consejera de la Presidencia y Justicia de la Comunidad, Regina Plañiol ha anunciado que realizará ciertas “modificaciones” para saber quiénes son las personas con derecho a la justicia gratuita. Una postura a la que los abogados han respondido asegurando que la consejera sólo trata de desviar la atención y “echar balones fuera” dado que las autorizaciones para acceder a la justicia gratuita las valida su Consejería, y no el Colegio de Abogados.

Plañiol matizó en sus declaraciones que todos los que necesiten atención jurídica “tienen todo el derecho a recibirla, y contarán siempre con el apoyo específico de la Comunidad de Madrid”. Pero, sin dejar ello de lado, considera necesario llevar a cabo unos “estudios y unos análisis profundos” para garantizar “todo el rigor en la aplicación de la norma” si se quiere garantizar este derecho. Y ello porque “una cosa es que haya un derecho a la justicia gratuita y otra cosa es que la justicia sea gratuita”. 
En principio, se trata de aumentar los filtros y recurrir a sistemas informáticos que faciliten la información sobre quiénes tienen derecho y quiénes no a recibir este servicio. “Transparencia, rigor y eficacia” son las premisas, y ya se han creado una serie de grupos de trabajo que se encargarán de estudiar desde dentro -de la Consejería- si se cumplen o no estos requisitos actualmente. Sin embargo, las declaraciones de la consejera confunden, y parecen culpar al Colegio de Abogados de una gestión que le incumbe a la institución que ésta representa.

Así, la autorización o denegación de justicia gratuita depende de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, de la que es responsable la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Consejería de Presidencia y Justicia. A ella corresponde, por ley, reconocer o denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, “confirmando o modificando, en su caso, las decisiones previamente adoptadas por los Colegios profesionales”, así como “efectuar las comprobaciones y recabar la información que se estime necesaria a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita y, en especial, requerir de las Administraciones tributarias la confirmación de la exactitud de los datos de carácter económico alegados por los solicitantes”, según se describe la institución en la web de la Comunidad de Madrid.

POPULISMO Y DEMAGOGIA

La respuesta de los letrados no se ha hecho esperar: a través de una carta redactada por Manuel Valero Yañez, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) y dirigida expresamente a la consejera, se la acusa de no decir la verdad y de recurrir en sus declaraciones al populismo y a la demagogia, sin responder a “la verdadera y cruda realidad”. Y esa realidad es que, “ante la carencia de transferencia de dinero público”, el Colegio de Abogados de Madrid “se ha tenido que convertir en una especie de entidad bancaria”, financiando una morosidad de 265 días por medio de pólizas de crédito bancarias a más de 450 días, y asumiendo intereses que la Comunidad “se niega a pagar”.

Se denuncia también que desde 2003, cuando las competencias de justicia fueron transferidas, los baremos establecidos para compensar a los abogados de oficio “han permanecido absolutamente escarchados sin ser afectados por la actualización del IPC, lo que acredita y prueba con suficiencia que el aumento del coste del Turno de Oficio no obedece al crecimiento de los pagos a los abogados, sino a la mayor y legítima demanda de los que tienen derecho a esa justicia gratuita”.

Además, se aclara que al Colegio de Abogados o a los abogados de oficio no les corresponde resolver administrativamente los expedientes, sino a la Administración que la consejera representa, que ha hecho “olímpica dejación” de esa función legal por omisión de la suficiente dotación de recursos humanos en la Consejería”.

PARO DE UN DÍA A LA SEMANA

La Asociación, que integra a los letrados afectados, también ha acordado exigir al Colegio de Abogados de Madrid la suspensión total durante 24 horas cada semana de los servicios de justicia gratuita, incluida la asistencia a detenidos y presos, “si antes del día 30 no se produce un avance en el cobro de sus atrasos”.

Desde el Colegio de Abogados, además, ya se anunció la semana pasada un acuerdo de la Junta ante una “incomprensible imprevisión presupuestaria, alejándose año tras año del coste real del servicio”, conminándose a la Comunidad al pago urgente de las cantidades devengadas durante el ejercicio 2011 y certificadas por el Consejo de Colegios de la Comunidad, e indicando que, “de no librarse dicho pago de forma inmediata, la Junta de Gobierno, que se reserva expresamente cuantas acciones le competen, no estará en condiciones de seguir garantizando el derecho de defensa y asistencia letrada de los ciudadanos mediante los servicios a su cargo”.

No sólo eso: en la misma Junta se aprobó dar cuenta al Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Fiscal General del Estado, Ministerio de Justicia y Defensor del Pueblo del “riesgo de quiebra inminente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la Comunidad de Madrid como resultado de la forma en que el Gobierno regional ejerce las competencias transferidas por el Estado en esta materia”, y del mismo modo se decidió notificar el acuerdo al Consejo de Colegios de la Comunidad, al Consejo General de la Abogacía Española, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y al Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, así como a la Consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.

BAILE DE CIFRAS

Las cuentas están muy claras para los miembros del Turno de Oficio: no ha habido aumento alguno de la dotación presupuestaria de 2003, y el número de casos ha crecido a lo largo de estos años, de lo que se deriva claramente la necesidad de aumentar la dotación presupuestaria a esta partida, que debería ser de unos 30 millones de euros -tal es el coste estimado del servicio por parte de Altodo-. Un coste que, además, “desde hace dos años decreciente, y menor comparativamente con otras Comunidades, según denuncia Valero en su carta. Pero los retrasos en el pago y la falta de compensación de éstos, sumada a la negación de un aumento presupuestario acorde a la realidad, han llevado al servicio a la quiebra.

La consejera, por su parte, denuncia que el presupuesto para el servicio jurídico de asistencia jurídica “se ha multiplicado por cinco” desde el año 2003, momento en que se recibieron competencias por parte de la Administración del Estado. De forma paralela, desde Altodo se denuncia que desde 20003 la Consejería ha visto “crecer la demanda de justicia gratuita de los más desfavorecidos han mantenido invariablemente, año tras año, una dotación presupuestaria insuficiente”. A ello se suma que las líneas crediticias que el Colegio facilita a los abogados para el cobro de sus remuneraciones han elevado su vencimiento, “asumiendo los abogados el cada vez mayor coste financiero del anticipo y el Colegio el riesgo del impago a vencimiento por la Comunidad”, según informa el propio Colegio de Abogados de Madrid.

Según las cifras del Turno de Oficio, a estas fechas la Consejería debe la cantidad de 18, 5 millones de euros, teniendo en cuenta que desde enero de 2011 “no ha ingresado ni un euro en el Colegio de Abogados”.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...