edición: 2284 , Viernes, 18 agosto 2017
04/12/2009

La conquista de las pymes y una presidencia europea “responsable”, los retos españoles en RSC

Las administraciones públicas se encuentran en la disyuntiva de reforzar la RSC impulsando la ISR
Beatriz Lorenzo

No existe una foto fija ni un sendero trillado. Los caminos de la RSC, más que nunca, son tan inescrutables como pueden serlo tras una crisis económica que ha hecho tambalearse los cimientos del sistema empresarial español. Tampoco existe una meta, sino una senda en la que se busca la excelencia en todos los planos: en una mayor atención a al RSC desde el sector público y en una mejor integración de sus herramientas en el sector privado. Algunos, los más escépticos, creen que la Responsabilidad Social ha muerto con la crisis de las compañías. Son aquellos que jamás creyeron en ella o que la confundían con la filantropía o el marketing social, o los que creían que la RSC puede solamente practicarse bajo criterios de alta rentabilidad financiera. Sin embargo, para la gran mayoría de los expertos, las empresas que sobrevivan en el siglo XXI serán precisamente las que practiquen una gestión responsable, una información transparente, una información veraz y un respeto inflexible a las políticas de igualdad, conciliación y protección medioambiental.

Bien analizada, la crisis económica ha sido en gran medida una crisis de irresponsabilidad; la de las empresas de rating, las hipotecas “subprime”, los especuladores, los salarios desmesurados y los bonos excesivos, la de la desmedida búsqueda del beneficio económico y la estrechez de miras más allá del cortoplacismo. Es obvio que la sociedad, que paga ahora la consecuencias de estas malas prácticas, se muestre más que dispuesta a distanciarse de ellas en el futuro inmediato. La demanda de la sociedad hacia las empresas, más y más exigente, apunta en una única y misma dirección: la tendencia futuro hacia unas empresas cada vez más responsables y comprometidas con unos stakeholders que no están dispuestos a que se repitan los mismos desmanes que condujeron a la crisis . Todo apunta a que la RSC, como cultura prudente y sostenible del negocio, saldrá fortalecida de esta crisis.

Crecerán los instrumentos de análisis sobre los riesgos de las compañías, se revisarán y fortalecerán los índices bursátiles que premian a las empresas responsables y sostenibles. Crecerá también la exigencia de transparencia y buen gobierno de los consejos de administración hacia accionistas y otros stakeholders de las empresas y debería crecer el compromiso gubernamental con la RSC. Ha llegado también la hora de una revisión profunda al sistema de remuneración de los directivos. El Gobierno ha dado en los últimos días el pistoletazo de salida a la transparencia a este respecto en el ámbito de las cajas de ahorro, cuyos ejecutivos, en el futuro, deberán desglosar todo lo que perciben los consejeros y altos ejecutivos por el desempeño de sus labores. Hasta ahora lo hacían en conjunto, es decir, sin especificar lo que corresponde a cada ejecutivo. De esta forma, se sitúa a  las entidades al mismo nivel que las empresas cotizadas, a las que también se les exige un plus de transparencia en sueldos con la nueva Ley de Economía Sostenible.

Se prevé también que la crisis intensifique la vigilancia de las empresas hacia sus proveedores, en aras de llevar a cabo una cadena de suministro mucho más responsable. La creciente vulnerabilidad de las grandes firmas en la globalización económica y en la sociedad de la información les obligará a extremar sus cuidados en la subcontratación y a establecer controles mucho más exhaustivos. Triunfará también la tendencia de extender la cultura responsable y sostenible a las pymes, algo fundamental en un proyecto expansivo de la RSC en el escenario económico. Es también importante evitar el riesgo de que las memorias de RSC elaboradas por las compañías sucumban al riesgo de convertirse en un ejercicio endogámico, autocomplaciente e inútil a la hora de sentar las bases de una comunicación inteligente con los grupos de interés.  Del análisis profundo de las memorias de RSC de las empresas españolas y de los informes de Capital Intelectual se puede deducir la existencia de relaciones entre ambos conceptos. En tanto el CI actúa en el ámbito interno generando fortalezas y mitigando lasdebilidades de la empresa, la RSC lo hace en el ámbito externo permitiendo el correcto aprovechamiento de las oportunidades y ayudando a la empresa a enfrentarse a las amenazas de carácter reputacional. De este modo, la nueva tendencia de la RSC debe encaminarse hacia su utilidad, más como herramienta de gestión estratégica, que como mera herramienta de comunicación.

LAS PYMES, EL ÚLTIMO REDUCTO POR CONQUISTAR

Las compañías que quieran sobrevivir en el nuevo panorama empresarial responsable del siglo XXI deben responder a una doble tendencia que se irá normalizando de forma progresiva: por una parte la elaboración de la triple memoria ( “Triple Bottom Line”) financiera, socio-laboral y medioambiental por parte de todas las empresas cotizadas y en segundo lugar el reporte y verificación de las memorias de sostenibilidad,  de acuerdo a estándares reconocidos como el Global Reporting Initiative (GRI). Asimismo, las relaciones laborales tienden a ganar el calidad, destacándose el reconocimiento de los sindicatos y la negociación colectiva, la flexibilidad y seguridad en la contratación, la conciliación laboral  y personal, la inserción de la discapacidad o la lucha contra la siniestralidad laboral.

A su vez, las administraciones públicas se ven cada vez más en la disyuntiva de dotar de un mayor impulso a la RSC, a través del políticas de refuerzo de la inversión socialmente responsable, el estudio de estímulos fiscales y sociales a la RSC y el establecimiento de un marco fiscal favorable para aquellas compañías que integren criterios responsables.

Sin embargo, el reto más urgente al que debe enfrentarse la RSC es alcanzar un modelo económico en el que las pymes se den cuenta de que la forma de gobierno corporativo es un modelo de gestión viable y rentable para cualquier tipo de empresa.

La tendencia apunta cada vez más hacia una inserción total de la RSC en el seno de las compañías. La Responsabilidad Social se encuentra ahora mismo en una encrucijada: superada ya la inicial confusión con la filantropía y marketing social se encuentra ahora en una encrucijada, y en la disyuntiva de equipararse con pleno derecho a los indicadores financieros y económicos de las compañías.

España entra en la “nueva era de la responsabilidad”, acometiendo los cincos grandes pilares resumidos por Robert Zoellick: la globalización responsable, donde la inclusión y la sostenibilidad prevalezcan sobre el enriquecimiento de unos pocos; la gestión responsable del medio ambiente mundial; la responsabilidad financiera, a nivel tanto personal como sistémico; la era del multilateralismo responsable en que los países e instituciones busquen soluciones prácticas a problemas interdependientes, y, por último, la era de los actores responsables.

LA RSC DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

A poco más de un mes para que España tome el bastón de mando de la presidencia de la Unión Europea, los planes para gestionar la RSC desde este púlpito están en el aire.  España asegura que los objetivos de su presidencia en materia de Empleo y Seguridad Social se centrarán en el debate, análisis y propuestas para la reactivación económica y para la prevención y limitación de la pérdida de empleos, prestando especial interés a las personas más vulnerables y a los nuevos riesgos de exclusión”.

En cuanto a la creación de empleo, desde el Ministerio de Trabajo han destacado el pasado mes la necesidad de mantener los Planes de Estímulo en el conjunto de Europa, haciendo un esfuerzo de coordinación y colaboración adicional entre instituciones europeas, estados miembros e interlocutores sociales para que el mantenimiento y la creación de empleo se conviertan en una prioridad

Mucho tiene también que decir en materia de RSC la tan traída y llevada Ley de Economía Sostenible  ese “cajón de sastre” que contempla medidas tales como las de reducir las trabas administrativas para crear empresas o la de evitar la mora de los ayuntamientos- que ya figuraban en el PlanE- y otras muy variadas como la supresión de la deducción fiscal para las viviendas, que ya se anunció en mayo.

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