edición: 2596 , Jueves, 15 noviembre 2018
14/10/2009

La contratación pública sostenible convence a Bruselas

La CE pretende que el 50% de las compras públicas europeas sean sostenibles en 2010
Las Administraciones Públicas deben implicar en los criterios sostenibles a todos los agentes que intervienen en la contratación pública
Beatriz Lorenzo

Los criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) pisan cada vez con más fuerza y se abren nuevos senderos, nuevos ámbitos de actuación. Desterrada ya toda confusión con la filantropía, descartado su uso inicial como simple barniz, ahora se integran fuertemente en el ámbito empresarial -con los programas de RSC como parte cada vez más importante de la gestión de las compañías- e incluso en el sector público, que aboga cada vez más por unas compras públicas que adopten la sostenibilidad como valor esencial. En Europa muchas administraciones ya han comenzado a incluir en sus contrataciones aspectos ambientales, sociales y éticos, entendiendo que la incorporación de estos criterios supone, además de ventajas desde el punto de vista ambiental y social, beneficios directos de las propias administraciones, que van desde ahorro por la reducción del consumo de recursos naturales hasta la mejora de la imagen pública, pasando por un posicionamiento privilegiado en relación a las nuevas exigencias que en materia de contratación pública prevé la nueva legislación. La iniciativa de la Comisión Europea para la responsabilidad social empresarial, CSR Europe, ha publicado recientemente un documento que adelanta que para el año 2010 el 50% de las compras públicas dentro de los estados de la Unión se realizarán bajo los parámetros de la sostenibilidad.

En la actualidad el volumen de compras verdes alcanza el 16% del PIB Europeo, equivalente al tamaño de la economía de Alemania. El trabajo analiza los esfuerzos de la Comisión y de los distintos gobiernos a fin de promover criterios de responsabilidad social corporativa  mediante sus políticas de compras públicas. Según sus resultados, “Austria, Finlandia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Países Bajos se encuentran a la vanguardia de la contratación ambiental”.

El informe subraya que la Comisión y los países miembros “cada vez son más conscientes del poder de este instrumento para promover la RSC”, y como ejemplos el documento cita el incentivo que muchas empresas encuentran en estas políticas para desarrollar tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y la mejora de las condiciones laborales. CSR Europe reconoce que “aunque los principales avances pertenecen al ámbito medioambiental”, los países de la UE también trabajan para incorporar criterios sociales a sus políticas de contratación. En este sentido, destaca la próxima publicación de una guía por parte de la Comisión, que asesorará a las autoridades nacionales sobre cómo incluir criterios sociales en sus compras.

EL ESFUERZO INSTITUCIONAL

Los esfuerzos europeos para fomentar la contratación pública sostenible no son nuevos. Desde el año 2004, la Comisión Europea ha tratado de fomentar la implantación de la “Contratación Verde” en las compras públicas de los Estados Miembros.  Entre los años 2005 y 2006, la Comisión desarrolló el estudio “Green Public Procurement in Europe 2005 Status Overview”, realizado en los entonces 25 Estados Miembros. El estudio, des¬pués de analizar una amplia documentación, apuntó que ya en aquel momento, los mismos siete países, Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido incorporaban, al  igual que en la actualidad, un mayor número de criterios ambientales en sus contrataciones. Este estudio situaba a España en un lugar intermedio. Por otra parte, la revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible del año 2006 marca como finalidad y objetivo operativo “Aspirar a alcanzar para 2010 en toda la Unión Europea un nivel medio de con¬tratación pública ecológica igual a la que han alcanzado hasta ahora los Estados Miembros más sobresalientes”.

Desde el punto de vista legal, las directivas europeas y su posterior adaptación a los estados miembros ha dado como resultado un marco jurídico europeo que otorga un firme respaldo a la contratación pública sostenible. De hecho el marco jurídico y político nunca han sido tan favorables como en estos momentos. Para Europa surge ahora una oportunidad única  para consolidar la compra pública sostenible como alternativa al modelo de consumo actual, legalmente posible, económicamente viable,  ambientalmente preferible y socialmente más solidaria.

Sin embargo aún es necesario realizar un esfuerzo para promocionar y extender este concepto, explorando nuevos caminos que faciliten la incorporación de los criterios ASG a la contratación pública. Las Administraciones, más allá de insertar estos criterios en los pliegos, deberían pensar de forma global, implicando en la sostenibilidad a los diversos agentes que intervienen en el proceso de contratación pública.

ESPAÑA SE SUMA A LAS “COMPRAS VERDES”

Concretamente en España, en mayo de 2006, el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Incorporación de Criterios Medioambientales a la Contratación Pública en la que están integrados repre¬sentantes de todos los Ministerios. Su cometido último era la elaboración de un Plan de Contratación Pública Verde con el objetivo de articular la conexión entre la contratación pública y la implantación de prácticas res¬petuosas con el medio ambiente. Este Plan implica a la Administración General del Estado y a sus Organismos Públicos y se enmarca en la Ley de Contratos del Sector Público de 2007.

El Plan de Contratación Pública Verde contiene ambiciosos objeti¬vos para ocho grupos de productos diferentes con sus correspondientes medidas a realizar. Además de plan-tear objetivos y medidas propias, el Plan pretende ser complementario y servir de apoyo a la implantación de otras políticas estatales de de¬fensa del medio ambiente, así, se incorporan las medidas propuestas en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para los Edificios de la Administración General del Estado, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020), el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y el Programa de Actuación 2007-2012 del Parque Móvil del Estado.

Los grupos de productos a los que se hace referencia en el Plan de Contratación Pública Verde son: cons¬trucción y mantenimiento; transporte; energía; equipos de oficina; papel y publicaciones; mobiliario; limpieza y eventos. En materia de transporte, este Plan incorpora los objetivos y las medidas previstas en el Programa de Actuación 2007-2012 del Parque Móvil del Estado (PME) para conse¬guir la disminución de la contamina¬ción atmosférica generada por los vehículos. Uno de los objetivos es conseguir antes del 31 de diciem¬bre de 2012 el consumo de un 38% de biocombustible respecto del total de combustible consumido por los vehículos del PME.

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