La convivencia compartida con los ascendientes en el IRPF
edición: 2534 , Viernes, 17 agosto 2018
12/06/2012
OBSERVATORIO FISCAL

La convivencia compartida con los ascendientes en el IRPF

DATADIAR

Tal y como establece el art. 59 de la Ley 35/2006, LIRPF, el mínimo por ascendientes será de 918 euros anuales, por cada uno de ellos mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapacitados que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados. Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, este minimos se aumentará en 1.122 euros anuales.

Por otro lado, el art. 60.2 de la Ley del IRPF dispone que el mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 2.316 euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho a la aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 de la Ley, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El mínimo será de 7.038 euros anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 euros anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

Por último, el art. 61 también de la Ley, señala que para la determinación del importe de los mínimos que estamos analizando se tendrán en cuenta las siguientes normas:

1.ª Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, ascendientes o discapacidad, respecto de los mismos ascendientes o descendientes, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

No obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o descendiente, la aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.

2.ª No procederá la aplicación del mínimo por descendientes, ascendientes o discapacidad, cuando los ascendientes o descendientes que generen el derecho a los mismos presenten declaración por este Impuesto con rentas superiores a 1.800 euros.

3.ª La determinación de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de devengo del Impuesto, es decir, a 31 de diciembre.

4.ª No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de fallecimiento de un descendiente que genere el derecho al mínimo por descendientes, la cuantía será de 1.836 euros anuales por ese descendiente.

5.ª Para la aplicación del mínimo por ascendientes, será necesario que éstos convivan con el contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo.

La Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 25-3-2009 estableció que de acuerdo a dicho precepto, los descendientes podrán aplicar el mínimo por ascendientes en los casos en que éstos convivan con descendientes, aun cuando no haya convivencia en la fecha de devengo del impuesto, siempre y cuando el cómputo total de convivencia del ascendiente y el contribuyente sea, al menos, la mitad del período impositivo. Respecto a la justificación de la realidad de la convivencia, la misma podrá realizarse por medio de cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, si bien corresponderá a los Órganos de Gestión e Inspección de la Administración Tributaria su valoración.

Por lo tanto, atendiendo a todo lo anterior entendemos que la normativa del impuesto establece como requisito para la aplicación del mínimo por ascendiente que el cómputo total de convivencia del ascendiente y el contribuyente sea, al menos, la mitad del período impositivo (no siendo necesario que en la fecha de devengo del impuesto hubiera convivencia), y siempre que el ascendiente no presente declaración por este Impuesto con rentas superiores a 1.800 euros.

Para acreditar esta situación, en el caso concreto de su consulta, que los ascendientes han convivido seis meses con cada hijo, podría utilizarse cualquier medio de prueba admitido en derecho. Por ejemplo, domicilio de la tarjeta sanitaria de los ascendientes, es decir, que sea el de cada hijo, pruebas testificales, certificado del presidente o administrador de la Comunidad de propietarios, actas notariales con el testimonio de vecinos, posibles cambios en el padrón municipal, etc.

En definitiva, es posible que un ascendiente, que convive con dos hijos la mitad del año con cada uno, de lugar a que ambos puedan aplicarse este mínimo por ascendientes, en los términos expuestos.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Diversas cuestiones relativas a la tributación de la resolución de un contrato mercantil de agencia. D.G.T. C, 17/01/2012).
El consultante estuvo vinculado desde 1 de mayo de 1987 hasta 31 de mayo de 2003 por un contrato mercantil de agencia con una entidad. En esa última fecha acuerdan resolver el contrato mercantil e inician con fecha 1 de junio de 2003 una relación laboral que finaliza con su despido el 30 de noviembre de 2011. En el acuerdo de resolución del contrato de agencia se había pactado una indemnización para el supuesto de que la nueva relación laboral finalizase con un despido improcedente, circunstancia que según manifiesta se produce con fecha 30 de noviembre de 2011.Al practicarle retención la empresa sobre la referida indemnización como rendimientos del trabajo, se pregunta sobre la corrección de la práctica de esa retención. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se aplicará el tipo de retención del 15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos. No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales, el tipo de retención será del 7 por ciento en el período impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades. Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada.

En la medida en que la entrega de los cheques regalo que la entidad, dentro de la estrategia comercial, entrega a quienes realicen sus compras a través de su página Web, no deberá practicar retención o ingreso a cuenta alguno. D.G.T. C, 17/01/2012).
La entidad consultante ha creado una central de compras a través de una página web en la que otras empresas venden sus productos, percibiendo aquella comisiones de estas últimas por las ventas realizadas. Como política comercial, parte de esas comisiones revierte en los compradores a través de puntos (30 por cada euro de comisión) canjeables por cheques regalo. Para realizar las compras es necesario ser titular de una tarjeta de fidelización que se extiende solamente al siguiente colectivo: componentes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Nacionales, Autonómicos y Locales, Personal dependiente de los Ministerios de Defensa y del Ministerio del Interior, Personal en situación de excedencia, Huérfanos/as, Viudos/as, Retirados/as o Jubilados/as y Reservistas de las Fuerzas Armadas así como sus familiares (cónyuges, hijos, padres y hermanos). Sometimiento a retención de los cheque regalo. De la aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, regulador de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, cabe concluir que en la medida en que la entrega de los cheques regalo que la entidad consultante, dentro de su estrategia comercial, entrega a quienes realicen sus compras a través de su página Web, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de dicho artículo, la entidad consultante no deberá practicar retención o ingreso a cuenta alguno en relación con los mismos.


Tribunales

Está prohibida la imputación de bases imponibles negativas de las sociedades transparentes a sus socios, y aquellas partidas que son una consecuencia directa e inmediata de esas bases negativas. Tribunal Supremo. Sentencia de 25 de enero de 2012.
En relación con la cuestión de si la sociedad participante puede computar en su base imponible una partida negativa proveniente de la pérdida de valor de la participada cuando ésta es una sociedad transparente, el Tribunal Supremo considera que en las reglas generales no hay nada que excluya o elimine este cómputo, pero es igualmente evidente que esa «pérdida de valor» de la sociedad participada puede ser una manifestación -directa o indirecta- de los resultados negativos obtenidos por ella. Desde este planteamiento la cuestión es de sencilla solución pues estando prohibida la imputación de bases imponibles negativas de las sociedades transparentes a sus socios, también han de estarlo aquellas partidas que son una consecuencia directa e inmediata de esas bases negativas. Desde un plano teórico puede argüirse que no existe, de modo necesario, una relación causal entre las bases negativas de la sociedad transparente participada y la pérdida de valor provisionada. El problema, pues, radica en dilucidar si la depreciación de valor tiene su origen o no en la existencia de bases negativa. La cuestión así planteada, cambia de perspectiva, pues lo que habrá de dirimirse en tal circunstancia es una cuestión estrictamente probatoria, que en este recurso no se ha planteado, la de demostrar que la pérdida de valor provisionada no tiene su origen en las bases negativas de la sociedad participada.

Inicio del cómputo del plazo de cálculo de intereses de demora para sociedades en proceso de absorción. Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de enero de 2012.
En relación con la procedencia del abono de los intereses de demora por los excesos de retenciones e ingresos a cuenta, si debe iniciarse el cómputo de su cálculo desde el día en el que presentó la declaración única, o bien desde cuando fueron presentadas por separado las declaraciones-liquidaciones de cada una de las sociedades implicadas en el proceso de absorción, el Tribunal Supremo decide que la fecha relevante para el inicio del cómputo de los intereses de demora debe partir de la presentación de la autoliquidación. En el presente caso existió una falta de presentación de autoliquidaciones individualizadas por cada una de las respectivas entidades, razón por la que no se inició el computo del plazo para el pago de intereses de demora, sencillamente porque no fue la Administración la que incurrió en mora, ni la que incumplió con las previsiones legales en la liquidación del impuesto. Las declaraciones que se presentaron el 21 de noviembre de 2001 no fueron rectificaciones de la autoliquidación presentada por la entidad recurrente en julio de 1992, sino las declaraciones no presentadas en plazo, correspondientes al impuesto sobre sociedades de las entidades absorbidas.


Tribunales Económico-Administrativos

En las actuaciones relativas a una persona jurídica disuelta, en caso de pluralidad de sucesores, una vez iniciado el procedimiento con cualquiera de ellos, se ha de comunicar la existencia de tales actuaciones a todos ellos. TEAC R, (01-03-2012).
En las actuaciones relativas a una persona jurídica disuelta, en caso de pluralidad de sucesores, una vez iniciado el procedimiento con cualquiera de ellos, se ha de comunicar la existencia de tales actuaciones a todos ellos y las mismas se desarrollaran con los que comparezcan: aplicación a título interpretativo del artículo 107 del Reglamento General de Gestión e Inspección (RD 1065/2007) dictado en desarrollo de la LGT/2003, aunque el mismo no estuviere vigente al tiempo de iniciarse las actuaciones. No es causa de nulidad el hecho de que la liquidación y carta de pago se hayan hecho a nombre de la sociedad extinguida como sujeto pasivo que era en el ejercicio regularizado. La entidad realizó a lo largo del tiempo un conjunto de actuaciones relativas a los terrenos que constituyen su principal activo tales como, la segregación de parcela y convenio con el Ayuntamiento incluida la cesión de terrenos, la aprobación del proyecto de reparcelación voluntaria, compraventa y agrupación de una finca colindante, constitución de sociedades promotoras y constructoras que entran en su accionariado pasando a ser sus socios al 50% y, solicitud de licencias de obras; tal conjunto de actuaciones hacen que al momento de la venta de los terrenos se entienda que viene previamente ejerciendo una continuada «actividad económica» mediante una sucesión de actuaciones claramente tendentes a la producción o distribución de bienes y servicios. No son actuaciones meramente preparatorias indicativas de la intención de ejercer la actividad de promoción inmobiliaria sino una serie de operaciones jurídicas relativas a los terrenos que indican su afectación como factor o medio de producción en el ejercicio de esa actividad económica. Son eslabones de actividad económica anteriores a la fase de ejecución material de las obras.

En el momento de la venta de los terrenos se entiende que viene previamente ejerciendo una continuada «actividad económica» mediante una sucesión de actuaciones claramente tendentes a la producción o distribución de bienes y servicios. TEAC R, (01-03-2012).
La entidad realizó a lo largo del tiempo un conjunto de actuaciones relativas a los terrenos que constituyen su principal activo tales como, la adquisición de los mismos en contratos privados realizados por entidades que posteriormente ceden sus derechos a otras entidades que a su vez constituyen la supuesta sociedad patrimonial, la formalización por esta última de un préstamo hipotecario, la aprobación del proyecto de reparcelación urbanística, la enajenación de algunas de las parcelas resultantes del proyecto; tal conjunto de actuaciones hacen que al momento de la venta de los terrenos se entienda que viene previamente ejerciendo una continuada «actividad económica» mediante una sucesión de actuaciones claramente tendentes a la producción o distribución de bienes y servicios. No son actuaciones meramente preparatorias indicativas de la intención de ejercer la actividad de promoción inmobiliaria sino una serie de operaciones jurídicas relativas a los terrenos que indican su afectación como factor o medio de producción en el ejercicio de esa actividad económica. Son eslabones de actividad económica anteriores a la fase de ejecución material de las obras.

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