edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
05/02/2010
Responsabilidad Social y Sector Público en España (I)

La cooperación entre el sector público y privado en materia de RSC es la vía para su verdadera integración

La excesiva complejidad del Consejo Estatal de RSC le resta fuerza a la hora de adoptar iniciativas
Algo falla en una España donde el concepto de RSC es todavía desconocido para más de la mitad de la población
Beatriz Lorenzo

Han pasado de estar centradas en la venta voraz de productos y servicios, de una veloz carrera por competir entre sí-más en precio que en calidad en la mayoría de los casos-, a alienarse cada vez con más fuerza con valores intangibles que cada vez se hacen más familiares al oído de los accionistas, los consumidores y  la sociedad en general. Las empresas se suben al carro de la Responsabilidad Social Corporativa y la promoción del desarrollo sostenible, ya voluntariamente, ya forzadas por un clima de recelo y desconfianza social hacia el tradicional modelo productivo que no ha conseguido hacer frente a las violentas ráfagas de la crisis económica. 

También el Gobierno y los agentes sociales tratan de aprovechar este clima para generar responsabilidad social corporativa, escudándose en una voluntad de apoyo y colaboración con la actividad empresarial. La Responsabilidad Social del Estado es un concepto para muchos redundante, innecesario, ya que éste tiene o debería tener un papel social como origen y meta. Para otros, sin embargo, es precisamente esta teoría la que provoca que en demasiadas ocasiones el Estado deje de lado su papel social. El debate está sobre la mesa, reavivado por las polémicas opiniones acerca de si la RSC debe estar o no regulada por ley. En España los esfuerzos gubernamentales en materia de Responsabilidad social culminaron en 2008 con la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social, nacido con la vocación de proponer al Gobierno políticas públicas de alcance social o repercusión medioambiental y fijar los criterios a seguir por las compañías para recibir la etiqueta de responsables.

El organismo adopta la forma de una entidad colegiada con cuatro partes: la representación de las Administraciones Públicas, la de las organizaciones empresariales, la de los sindicatos y, por último, un grupo que englobará a expertos, otros colectivos e instituciones sociales preocupadas por esta material. La institución bebe de fuentes tales como la Comisión Especial para el estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las Sociedades (Comisión Olivencia) nacida en 1998 o el Foro de Expertos en Responsabilidad Social del año 2005, y aboga por una RSC absolutamente voluntaria, aunque bien asesorada, en el seno de las compañías españolas. 

LA LUCHA CONTRA LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD

Sin embargo, y a pesar de que en él reside la plena voluntad estatal de promoción y fomento de la Responsabilidad Social Corporativa, el Consejo Estatal ha pasado por un bautismo de fuego casi desapercibido en una España preocupada por el desempleo y la parálisis económica, y sus primeros intentos de actuación han sido más bien tímidos, quizás por causa de la enorme complejidad del organismo, con 54 vocales que representan intereses diversos y , en el peor de los casos, incluso opuestos. A simple vista, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social adolece de falta de representación de intereses que vayan más allá de sindicatos, empresas y Administración.  Una ponderación de fuerzas bastante irregular que hace prever no pocas complicaciones a la hora de alcanzar algún tipo de acuerdo, teniendo en cuenta que también es necesario superar debates más relacionados con cuestiones académicas y la propuesta de políticas correctas.

Algo falla todavía si tenemos en cuenta que la RSC sigue siendo una completa desconocida para un 65% de los españoles según una reciente encuesta de Adecco, que revela también que la mayor parte de la sociedad sigue confundiéndola con la filantropía y sólo un ínfimo porcentaje es plenamente consciente de su significado y repercusiones. Y algo falla, sin duda, cuando todavía existe una preocupante falta de transparencia entre las empresas del Ibex 35, sobre todo en lo referente a las remuneraciones de sus consejeros, y cuando 24 de las 35 –un 69%- operan en paraísos fiscales.  Es evidente que es necesario dar un paso más en el fomento empresarial de la RSC, pasando sobre todo de las manifestaciones a los compromisos firmes, y de éstos a un establecimiento de mecanismos de consulta y supervisión adecuados.

El momento actual es crítico, con la RSC en el filo de la navaja,  se presta bien a caer en el olvido, bien a experimentar el definitivo impulso que la integre de una vez por todas en el escenario económico y productivo.  Cierto es que la cuestión de la Responsabilidad Social aplicada a la empresa exige un cambio radical de paradigma, para las propias compañías pero también para el sector público en tanto ente supervisor y asesor de la implantación de los principios responsables en el sector privado.  Si no se toma por los cuernos al toro de la responsabilidad social, se corre el riesgo de que el concepto se diluya en la nada, en el vacío de la imprecisión.  La Responsabilidad Social debe perder su carácter de simple “etiqueta” que jalona a ciertos programas y acciones empresariales, y alcanzar por fin una identidad firme, única. Uno de los principales problemas que se pueden encontrar en la actualidad en buena parte de las publicaciones que ahondan en el tema de la Responsabilidad Social, es que se trasluce la impresión de que las compañías son las únicas destinatarias de los principios y herramientas responsables, quedando al margen otras instituciones y organizaciones.

COOPERACIÓN ESTATAL

En los últimos tiempos, el debate sobre la RSC se ha trasladado al ámbito de las políticas públicas, especialmente a la función que han de desempeñar los poderes públicos para la promoción de la filosofía RSC. Buena parte de los gobiernos de las economías avanzadas han adoptado políticas formales de difusión de la cultura corporativa de la RSC, entendiendo que puede favorecer las ventajas competitivas de las empresas en determinados mercados, encauzar sus actividades en países emergentes o en vías de desarrollo, o dar acceso a algunos segmentos del mercado de capitales.

En España, la actividad estatal en materia de Responsabilidad Social se ha bifurcado en dos amplios ámbitos de acción. Por un lado, se encuentra su propia responsabilidad social, la que va mucho más allá de sus obligaciones, así como la de las empresas va mucho más allá del cumplimiento de la ley. Y por otro lado, se encuentra el papel que el sector público debe jugar en el desarrollo y fomento de la RCS tanto de las empresas como de la ciudadanía.

Como ejemplos de conductas responsables propias de ser asumidas por el Estado, pueden encontrarse: la disminución de la brecha entre los salarios mínimos y máximos del aparato estatal, aumentar la empleabilidad estatal a discapacitados, otorgar flexibilidad laboral a mujeres con hijos pequeños y fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, establecer políticas de protección medioambiental y desarrollo sostenible, etc.  En general, el Estado ha de mejorar su capacidad para llevar a cabo una política impulsora de la Responsabilidad Social a través del fortalecimiento de su papel fiscalizador a la hora de garantizar que la legislación sea cumplida, así como el fomento de la transparencia en los procesos de licitación pública. La contribución  al progreso económico, social y medioambiental, a la creación de una conciencia ciudadana, y el fomento de diálogos y asociaciones público-privadas son también acciones que deberían ser acometidas de forma asidua por un Gobierno socialmente responsable.

Es de esperar que cualquier Gobierno, cualquiera que sea su tendencia política, tome conciencia de la realidad actual, de la absoluta necesidad de unos indicadores socialmente responsables firmes y evidentes, que complementen la acción voluntaria de las compañías a la hora de integrar a esta herramienta no sólo en el “core business” empresarial, sino también  como valor intrínseco a la propia sociedad.

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