edición: 3023 , Lunes, 3 agosto 2020
18/09/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La corrupción política deja en ridículo a España por los desmanes urbanísticos en las costas

Javier Ardalán

La corrupción de los políticos ha dejado a España en el mayor de los ridículos ante el Parlamento Europeo. La Ley de Costas española, reformada este mismo año por el PP, ha tratado de compensar a los afectados por la compra de viviendas con licencias municipales de construcción en el Dominio Público Marítimo Terrestre con la concesión de un plazo de 75 años para mantener las viviendas como compensación de que, finalmente, perderán la propiedad.

Por el contrario, los parlamentarios comunitarios piden que se busque y castigue a los munícipes que aprobaron las licencias ilegales deconstrucción, que se les haga pagar sus desmanes, y que se indemnice convenientemente a quienes compraron sus casas convencidos de que las licencias eran legales, porque llevaban el respaldo de una Administración Pública española.

Los reclamantes afectados, mayoritariamente extranjeros, que han presentado sus denuncias ante la Comisión de Peticiones, han argumentado que sentían vulnerados sus derechos en ámbitos medioambientales y de propiedad. Entre las denuncias, destacan cacicadas, como que se construyeron urbanizaciones nuevas en el terreno costero, mientras que se demolía una casa que había pertenecido a la misma familia durante seis generaciones y estaba más lejos de la costa.

El actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificaba la reforma señalando a los medios de comunicación, que "si durante la anterior Ley no se demolió algún hotel que era una monstruosidad urbanística... ¿Quién va a derruir 25.000 viviendas, cerrar más de 1.200 fábricas o clausurar pueblos marineros?"

La astracanada se ha multiplicado con la presentación de recursos del PSOE, Junta de Andalucía y Gobierno de Canarias, ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el Gobierno de Rajoy, al reformar la Ley de Costas de 1998, ha invadido competencias autonómicas no defiende el litoral español como patrimonio público de todos los españoles, sino que está pensada para beneficiar intereses económicos privados. No dice nada, sin embargo, de corrupción política ni de buscar a los responsables de los desmanes.

Los recursos se basan en la sentencia de 149/1991 del Tribunal Constitucional, en la que se subraya que, en casos como estos, el legislador debe ofrecer soluciones acordes con los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del dominio público.
El informe del Parlamento Europeo, por el contrario, destaca que las denuncias de los afectados hablan de que "el medio ambiente costero había quedado radical e irremediablemente destruido a lo largo de tramos extensos" por la construcción especulativa y por "las prácticas corruptas de las autoridades políticas".

Durante la visita de algunos miembros de la Comisión europarlamentaria a Madrid en marzo de 2013, el director General de Costas, Pablo Saavedra, indicó que la reforma de la Ley de Costas tenía "la necesidad de resolver los problemas y las malas experiencias que habían tenido lugar con la Ley de 1988". Admitió que la legislación no podía satisfacer a "todas las partes" y dijo que "la ausencia de seguridad jurídica había surgido en parte debido a los límites de la demarcación incorrectos, a los derechos de propiedad y a la acumulación en los registros de la propiedad y el catastro".

En abril de 2011, la que era responsable de Justicia de la Comisión Europea, la vicepresidenta Viviane Reding, pidió a las autoridades españolas que modificasen la aplicación de esta Ley, porque ya había despertado polémica en el pasado en el Parlamento Europeo, donde se habían aprobado dos resoluciones criticándola.

El equipo de Reding manifestó  que era consciente de que esta Ley es competencia nacional, argumento esgrimido por la responsable de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y su sucesora, Rosa Aguilar, quien envió una nueva carta clarificando a la Comisión la aplicación de la Ley, que no acabó de convencer a las instituciones comunitarias.

La defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre debe defenderse con todas las herramientas legales, pero la situación de quienes compraron su casa en una situación de legalidad aparente, consecuencia de la corrupción política, no puede, como se pretende, olvidar. La pena es que este no es más que otro capítulo más en que la connivencia de las autoridades, actuando o dejando actuar, ha supuesto un grave perjuicio para un amplio grupo de ciudadanos inocentes. En este caso, sin embargo, han encontrado un `primo de Zumosol´.

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