edición: 2310 , Lunes, 25 septiembre 2017
06/02/2013
Limita la venta de productos `sofisticados´

La crisis bancaria española, experiencia útil para Holanda, y viceversa

El rescate holandés tampoco compensa a los propietarios de deuda `junior´, o preferentes
Juan José González

Las autoridades holandesas han decidido que el modelo español de resolución de crisis, es el más adecuado y conveniente para resolver la crisis inmobiliaria y bancaria que sacude al país de los tulipanes. Se han decidido a aplicar algunos de los criterios del Banco de España, otros de Economía, así como la tesis defendida por el comisario Almunia sobre las consecuencias de la crisis respecto a los riesgos financieros. En concreto, el Ejecutivo holandés (liberales en consenso con socialdemócratas) valora la postura del Estado en la reestructuración bancaria española al haber procedido a nacionalizar las entidades quebradas, cuya desaparición habría puesto en jaque, seguramente, la economía. Por eso han optado, a sabiendas de que es una salida onerosa para el Estado, proceder a su saneamiento. También han decidido no compensar a los propietarios de deuda `junior´ -las preferentes españolas-. Como de la misma forma Holanda compartirá con España la duda sobre la recuperación del dinero público. Habrá que esperar.

La cronología de los hechos de la crisis inmobiliaria y financiera española, se puede decir que guarda un paralelismo fiel con la holandesa, esta última todavía en fase de `manifestación de sorpresas´. La más reciente corresponde al cuarto banco del país al haber sido alcanzado de lleno por la crisis inmobiliaria, el SNS Reaal, y sobre el que las autoridades no han tardado mucho en decidir su nacionalización. De esta forma, la entidad con más de dos siglos de historia pasa a ser controlada por el Estado.

Se trata de una decisión que en aquel país consideran radical, pero que el Ejecutivo ha justificado en la medida en que se trataba de una situación escabrosa, grave y al borde de la quiebra. Luego, no habría que poner muchas pegas a tan rápida y expeditiva decisión. Por el contrario, sí es necesario recordar el antecedente de la crisis financiera sufrida por el país cinco años atrás, y que se saldó con un elevado coste para las arcas públicas, de ahí que la experiencia haya jugado en favor de la rapidez.

En la rapidez es en el punto dónde, comparativamente, las autoridades españolas salen peor paradas. El banco central holandés había fijado un plazo de tres meses para que el SNS Reaal presentara la solución a los problemas de liquidez, esperando que la dirección del banco hubiera convencido a varios fondos privados. Pero el plazo expiró y el banco central procedió a la nacionalización. Quizás esta es la falta de diligencia la que se echa en falta en las autoridades españolas, indecisas y permisivas en exceso en casos como el de Novagalicia, BMN y Catalunyacaixa. La decisión del supervisor holandés sí tiene paragón, sin embargo, con la actuación del Banco de España y Economía en el caso de Bankia, aunque reconociendo matices diferenciales, si bien, el común a ambas situaciones es el peligro de inestabilidad y alto riesgo que trasmitían a la economía en general y, por tanto, al coste de la deuda. 

La fórmula elegida por Holanda, es la misma que aplicó el BdE en Bankia y resto de nacionalizadas: inyección de liquidez en forma de garantías y préstamos, e incluso para aligerar el coste al Estado los holandeses se han acogido a la que se denomina `doctrina Almunia´ y que consiste en dejar al margen del `rescate´ a los inversores y ahorradores propietarios de obligaciones subordinadas, el equivalente a las participaciones preferentes españolas, igualmente en la estacada. Las autoridades holandesas decidieron no compensar a los propietarios de estos activos –deuda `junior´- tras interpretar que el destino de la inversión es un caso claro de quiebra, y que en esta ocasión ha asumido el Estado.

El Ejecutivo holandés, al igual que el español, no ceja en su empeño de tratar de recuperar los fondos aportados a las nacionalizadas, y para lo que piensa estimular la competencia local atrayendo bancos extranjeros, pero interesados en el sector inmobiliario, que es donde se encuentran los problemas. Y es por esta vía por la que el Gobierno holandés espera compensar las pérdidas de los inversores particulares, a pesar de no existir compromiso formal con los inversores perjudicados.

Sí deberían tomar nota las autoridades españolas, BdE y ministerio de Economía, de la rapidez con la que el ministro de Finanzas holandés acaba de poner en marcha un programa de imposición de un código deontológico al sector financiero por el que este no podrá comercializar entre particulares ni pequeños inversores, una amplia gama de productos sofisticados, complejos y opacos para sabiduría popular, habitualmente víctimas propicias de la distribución bancaria.

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