edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
08/01/2010
Informe del Parlamento Europeo

La crisis se presenta como la oportunidad de oro para alcanzar la armonización fiscal en Europa

La coordinación del impuesto de capital y el de sociedades evitaría el “dumping” competitivo
La diversidad fiscal puede provocar injusticias tales como el doble gravamen en el tráfico de mercancías
Beatriz Lorenzo

No es solamente uno de los muchos objetivos –éste incluso avalado de forma unánime por la mayoría de los sindicatos- que jalonan la ambiciosa agenda de la recién nacida presidencia española de la Unión Europea; la armonización fiscal europea protagoniza también los desvelos de la mayoría de las instituciones europeas que abogan por la coordinación de los regímenes fiscales de los países europeos en aras de evitar modificaciones no concertadas que introduzcan la competencia entre las políticas fiscales nacionales, lo que podría perjudicar al mercado interior. La consecución de una auténtica armonización fiscal en los veinticinco países es un proceso difícil, puesto que en este ámbito los Estados miembros siguen manteniendo en gran medida sus competencias. No obstante, se ha alcanzado ya un grado mínimo de armonización, por ejemplo con los límites comunes de los tipos del impuesto sobre el valor añadido que imponen un tipo mínimo de IVA del 15 % sobre todos los productos (salvo exenciones y autorizaciones especiales). Sin embargo, el yermo panorama económico resultante tras la crisis puede ser el caldo de cultivo ideal para llevar a cabo grandes avances en dirección a la armonización, tal y como apunta el Parlamento Europeo en un reciente informe que plantea hipótesis y recomendaciones sobre el desarrollo futuro de la UE.

En efecto, la mayor integración de las economías europeas puede allanar la senda de la integración en lo referente, sobre todo, a los impuestos directos, salvando los escollos que en este particular siempre han presentado los ministros de finanzas anglosajones y de la Europa oriental. El informe, optimista, establece varios escenarios posibles que puedan surgir durante los próximos cinco a diez años, admitiendo, sin embargo, que una mayor armonización de la fiscalidad directa sería "deseable, pero no se ha hecho real hasta ahora". Por el momento, la unificación de las tasas del impuesto de sociedades se plantea como uno de los objetivos, algo que indudablemente hará saltar la controversia en países como Irlanda, que el año pasado recibió garantías por parte de los líderes europeos acerca de que el Tratado de Lisboa no afectaría a su bajo impuesto de sociedades. 

LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD

El problema común con las políticas fiscal y tributaria es que las decisiones en la UE se toman sobre la base de la unanimidad y el Parlamento Europeo tiene un mínimo papel legislativo, por tanto todavía está por verse si realmente la crisis puede suponer una oportunidad verdadera para la armonización de los impuestos directos. A la vez, todos los expertos apuntan que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no será una gran ayuda en este sentido, tras su indudable pérdida de fuelle tras la crisis y la amenaza de que se convierta en un mero “pacto superficial”, como aclara el informe.

Y si de amenazas se habla, tampoco hay que obviar que la amenaza de quiebra de los Estados miembros de la UE se ha convertido en un "escenario real"; un peligro para la salud económica de Europa pero a la vez una oportunidad de conseguir una mayor integración entre los gobiernos. A este respecto, y a pesar de la "cláusula de no-rescate 'en los tratados europeos, los expertos esperan que los gobiernos de la UE no duden en acudir en ayuda de cualquier país en la bancarrota “” en la zona del euro.

El espinoso asunto del impuesto de sociedades les plantea también un problema a los expertos europeos a la hora de analizar las formas de facilitar el acceso de las pymes al mercado único. Una de las hipótesis barajadas, que no convence a todos por igual, es el establecimiento de un tipo común del impuesto de las sociedades según el cual las pymes sean gravadas solamente en su país de origen independientemente de donde se haya obtenido el ingreso. Además, el informe presta también atención a temas candentes como la regulación financiera, el cambio climático, la creación de empleo, la reforma de las patentes y el desarrollo de una estrategia de seguridad común, así como los retos emergentes como la diversidad biológica y el establecimiento de una política común europea de inmigración.

EUROPA EN PRO DE LA ARMONIZACIÓN

La necesidad de la armonización fiscal es cada vez más evidente en el tumultuoso marco económico europeo. En ausencia de algún criterio de coordinación, los intercambios pueden resultar severamente distorsionados. Así o bien las transacciones escaparían injustamente de toda tributación (tal ocurriría si el país exportador eximiera las exportaciones y el importador las importaciones) o, en el peor de los casos, la operación estaría gravada por partida doble si ambos países deciden exigir impuestos sobre el intercambio. Y en ambos supuestos podría hablarse de consecuencias adversas de la ausencia de coordinación sobre la equidad en la distribución de la recaudación e incluso sobre los efectos estabilizadores de la política fiscal.

No es descabellado sugerir que el primer paso en esta dirección es, probablemente, la armonización de dos impuestos esenciales el de Capital y el Impuesto de Sociedades, que son los que más condicionan a las empresas para cerrar sus fábricas y buscar países fiscalmente más rentables. La coordinación de estos impuestos eliminaría el “dumping” competitivo en Europa y lo ideal sería contar con políticas de regulación sobre la movilización de capitales para garantizar la transparencia de los flujos financieros a nivel europeo, quizás llegándose a una reducción del precio del dinero y a una mejor gestión de los tipos de cambio. Lo que es obvio es que la globalización y el nuevo escenario económico y social existente tras la crisis precisan un nuevo marco regulatorio en el que el tema fiscal no es cuestión baladí.

Desde la aprobación del Acta Única Europea en 1987, los países comunitarios se centraron en el objetivo de crear un verdadero Mercado Interior, que se inició con la eliminación en 1992 de los controles fronterizos y de las restricciones a los movimientos de capital. Estos cambios exigían modificaciones en los impuestos sobre el consumo y sobre las rentas del capital, a fin de atenuar el impacto de las distorsiones inducidas por la pervivencia de factores de arbitraje fiscal, así como para limitar el fraude. Más de dos décadas después, la diversidad fiscal sigue estando extendida a lo largo y ancho del territorio común europeo; un auténtico puzzle de sistemas tributarios supeditados a sus respectivos objetivos y condicionantes socioeconómicos y políticos de carácter nacional. Claro ejemplo de esto es el caso de España, país muy poco abierto a los mercados internacionales y que durante los trámites del Acta Única experimentó el temor de empresas y políticos a que cualquier modificación introducida en el ámbito fiscal europeo tuviera graves consecuencias sobre la economía e incluso el bienestar ciudadano.

Algunos expertos aseguran que la ausencia de armonización fiscal no es preocupante, amparándose en el caso de Estados Unidos o Canadá donde existe también una gran dispersión de los tipos de gravamen. No obstante, este argumento es fácilmente rebatible si tenemos en cuenta que tanto Canadá como EE.UU tienen menos vínculos políticos que los que existen en el seno de la Unión Europea. Y es que no puede olvidarse que la armonización fiscal no tiene solamente consecuencias económicas o contables, sino también una repercusión política. Y es precisamente desde esa óptica, la política, que la armonización se juzga favorable y necesaria, en la medida en que implica un importante-y muy deseable-grado de consenso en las reglas del juego fiscal. Es este el punto que deben acabar de comprender los líderes políticos europeos para que la armonización abandone el marco teórico y tenga lugar su completa realización práctica.

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