edición: 2112 , Viernes, 9 diciembre 2016
22/09/2008

La crisis y la dificultad para vender la vivienda frenan los procesos de divorcios

Xavier Gil Pecharromán

Es necesario volver a hablar sobre el divorcio. Hace varios días que comentábamos los esfuerzos de Bruselas para facilitar la separación de los matrimonios de distinta nacionalidad elevando la seguridad jurídica, lo que influye en miles de negocios familiares y en más de 2,5 millones de viviendas comunes. Hoy tenemos que hablar de los efectos que la crisis económica está demostrando tener sobre el inicio de los procedimientos de divorcio. La crisis económica no deja trazas de su virulencia únicamente sobre los beneficios de las empresas, las cifras de paro, el incremento del IPC, sino incluso en la decisión de ruptura de las familias. Después de dos años de incrementos propios del Libro de los Records de Guinness, tras la entrada en vigor del “divorcio express”, en España han comenzado a descender el número de divorcios de una manera un tanto brusca.

Las cifras del Consejo General de Poder Judicial, en el primer trimestre de este año, el número de divorcios cayó un 18,1% respecto del mismo período del ejercicio anterior, mientras que en el 2007, los matrimonios rotos definitivamente en España fueron 130.897, un 7,4% menos que el año anterior, un cambio de tendencia que se disparó con el transcurso de los meses.

La respuesta de los matrimonios con problemas resulta lógica, sobre todo en el caso de los hombres, puesto que en el 90% tienen que dejar la casa y seguir pagando la manutención y la hipoteca, cuyos recibos se han duplicado en los últimos ejercicios.

La subida del euribor y la crisis, con la consiguiente inestabilidad laboral, están en la base de este recorte. Las dificultades para afrontar un proceso judicial, la exigencia de mantener dos viviendas y la pérdida de beneficios fiscales están decidiendo a muchas parejas a dejar para más adelante una decisión, que sólo las circunstancias económicas pueden congelar.

No obstante, a largo plazo, la crisis económica en lugar de disminuir el número de separaciones va a provocar más rupturas, ya que a la larga acabará generando más problemas en la pareja. La crisis en vez de disminuir el número de separaciones va a provocar más rupturas ya que a la larga va a generar más problemas en la pareja.

El factor económico está actuando como freno para iniciar el proceso de divorcio, pues la pareja debe seguir haciendo frente a la cuota hipotecaria, incluso quien no vive en el piso que ha sido común. Los altos tipos de interés para afrontar una nueva hipoteca y las dificultades para vender la vivienda les frenan para someterse a  una división de bienes.

En buena parte los casos, la economía del hogar se comparte. No basta con un solo sueldo, puesto que muchas hipotecas equivalen a la nómina de uno de los cónyuges e, incluso, en muchos casos, la mujer a partir del segundo hijo deja de trabajar, con lo que la situación económica es casi insostenible para las dos partes si deciden acabar su convivencia. Por ello, muchas parejas apuestan por mantener una cierta estabilidad económica manteniendo la cohabitación.

En los casos en que existen negocios familiares de por medio la cosa se complica aún más si no se realizaron capitulaciones matrimoniales y se efectuó la separación de bienes. El perfil de las parejas que sellan estas capitulaciones previas al matrimonio suele ser el de parejas jóvenes, entre 20 y 30 años. De esta forma, si el negocio de uno de ellos quiebra, el patrimonio del otro queda a salvo. Aunque el trámite más habitual es el de la separación de bienes prenupcial, también se están dando casos posteriores y se liquidan los bienes gananciales, se reparten para que las propiedades sean de cada uno de ellos.

Pero la situación empieza a ser todavía más grave, puesto que el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo no sólo están obstaculizando los acuerdos económicos a cumplir una vez  disuelta la pareja, sino que, además, están han generado una demanda de padres que solicitan la modificación a la baja de la pensión pactada inicialmente en el convenio de divorcio o de la pensión de manutención para los hijos aprobada por el juez, que no existía hasta ahora.

Tanto las peticiones de modificaciones de medidas como las ejecuciones por impagos deben recibir el visto bueno de un juez de familia. La actualización de las pensiones debe realizarse cada año en función de IPC, pero muchas mujeres renunciaban a esta subida para evitarse conflictos. Sin embargo, con los efectos de la crisis, hay quienes están exigiendo incluso los atrasos de los ejercicios pasados.

La cuantía de las pensiones es la principal causa de los desacuerdos insalvables en los procesos de divorcio, pues el 80% de las parejas que acuden a juicio lo hacen por discrepancias monetarias y cada vez son más quienes acuden a servicios de mediación públicos o privados para acabar con su matrimonio, una opción más barata que los procedimientos contenciosos a la hora de llegar un acuerdo.

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