edición: 2611 , Viernes, 7 diciembre 2018
25/02/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La cúpula de los jueces se opone a que los notarios puedan divorciar y ,de hacerlo, que sea en presencia de los abogados

Javier Ardalán

La Cúpula Judicial disiente, como ocurriese con el proyecto de Reforma del Registro Civil, con aspectos importantes del proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, fundamentalmente en lo referente a la celebración de divorcios. Un nuevo roce con los cuerpos funcionariales en el intento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de ahorrar dinero público y de descongestionar los tribunales otorgando atribuciones a notarios y registradores, que buena parte del colectivo judicial consideran ‘privatizaciones’ de servicios públicos.

Así, el borrador de informe al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que el pleno del Consejo General del Poder Judicial estudiará el próximo  jueves 27 propone mantener el control del juez respecto de las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.  El texto considera que la competencia para celebrar un matrimonio –que el Anteproyecto extiende a los notarios- no debe amparar la de disolverlo, dado que son realidades absolutamente diferenciadas.

El anteproyecto de Ley prevé autorizar bodas y divorcios ante notario a través de una reforma del Código Civil, fijando un arancel de 95 euros por enlace, si bien en el último caso estará sujeto a que no existan menores y se produzca de mutuo acuerdo entre la pareja. La futura norma prevé que únicamente pueda hacerse ante notario en los casos en los que no existan menores y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, ya que se trata de casos en los que el convenio regulador no contempla la intervención del fiscal.

Sin embargo, la cúpula judicial estima, por el contrario, que debe seguir siendo preceptiva la intervención de abogado en este tipo de expedientes, así como en todos los relativos a la capacidad de las personas, menores y familia en general.  De este modo, se recomienda específicamente la presencia de abogado en los expedientes notariales de separación y divorcio de mutuo acuerdo, considerándose imprescindible que cada parte esté asistida en todo caso por su propio letrado.

A este respecto, el texto del anteproyecto de Ley establece que “los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que puedan estar asistidos por letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el notario”.

La mayoría de los países atribuyen a los jueces la competencia, exclusiva y no compartida en los expedientes de divorcio. La decisión gubernamental se basa, entre otras, en las experiencias de o  Brasil, Colombia, Cuba,  Ecuador, México y Perú se han ido sumando a esta corriente de divorcios de común acuerdo cuando no hay hijos menores de por medio. Los resultados han sido positivos y en Cuba y Colombia se admite, con la asistencia del fiscal, con  hijos menores. En Brasil, Cuba, Colombia y Ecuador, la disolución del régimen ganancial o comunitario puede hacerse simultáneamente o con posterioridad al divorcio, si bien en Ecuador no es posible hacerlo en la misma escritura.

Respecto al requisito de la edad para contraer matrimonio, que pasa de 14 a 16 años, el borrador pide mantener un cierto grado de discrecionalidad judicial, como en determinados casos ocurre actualmente. La futura norma incluye esta modificación en el Código Civil a través de esta futura ley con la intención de establecer un criterio homogéneo con la inmensa mayoría de legislaciones en el entorno internacional.

El borrador de informe propone que continúen siendo las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, y no los notarios o los registradores en los expedientes que tramiten, los que valoren la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos que dé derecho a esta prestación.

También aboga por que, en los casos de algunos expedientes cuya tramitación se atribuye en exclusiva a notarios y registradores, se aplique el arancel correspondiente a los documentos sin cuantía que los acerquen, en cuanto a su coste para el usuario, a los tramitados en sede judicial, carentes de tasa.

Por último, el texto propone mantener exclusivamente en el ámbito jurisdiccional las reclamaciones de deudas dinerarias no discutidas, lo que justifica en la “ineludible necesidad” de que sea el juez quien controle –a través de su competencia para inadmitirlo- la propia admisión de la petición y la suficiencia de la documentación presentada por el acreedor, cada vez más compleja.

En este sentido, el borrador destaca la necesidad de un riguroso control previo por parte del órgano judicial de la suficiencia y adecuación de los documentos y recuerda que el control de la información que se facilita al deudor para conformar su voluntad de aceptar o no la reclamación efectuada es esencial.

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