edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
05/11/2012
Contra los desahucios por impago

La dación en pago vuelve al debate político mientras la opinión pública demanda soluciones

Los ciudadados señalan el fracaso del Código de Buenas Prácticas y proponen vías de presión para obligor a la banca a cumplir su parte
ICNr

La dación en pago como fórmula para proteger al deudor hipotecario ante la imposibilidad de hacer frente a su hipoteca ha vuelto a convertirse en un tema de debate clave para la clase política, a raíz de la presión que, desde la prensa y desde la opinión pública, se ha trasladado a este sector desde hace unos días. El detonante: un polemico informe emitido por un grupo de jueces por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se recogen propuestas de reformas legislativas de corte progresista, a favor, por ejemplo, de que la entrega de la casa sirva para saldar la deuda hipotecaria en determinadaso casos. Aunque el informe no ha sido debatido ni aprobado por el Poder Judicial, su espíritu sí ha trascendido entre los internautas, que vienen comentando cómo las políticas desarrolladas por el Gobierno durante los últimos meses –como el famoso e ineficaz Código de Buenas Prácticas- han quedado en papel mojado.

Como prueba de que el sentimiento de la opinión pública ha calado entre los miembros del poder ejecutivo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el pasado viernes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se pondrá en marcha un equipo de trabajo, integrado por distintos ministerios, para impulsar medidas `de distinta naturaleza´ y, a la vez, `más eficaces´ para abordar el problema de los deudores hipotecarios. También el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó el pasado martes que no se descara emprender una reforma más profunda que la realizada meses atrás, cuando, entre otros puntos, se elevó el umbral mínimo que debe parar la entidad bancaria para quedarse con la vivienda del deudor en caso de que la subasta quede desierta, pasando del 50 por ciento del valor del inmueble al 60 por ciento. 

En concreto, el espíritu de ese equipo de nueva creación será, en palabras de Sáenz de Santamaría, `poner en marcha y analizar todas las posibilidades legales´ que el Ejecutivo tiene a su alcance para solucionar este problema. El grupo ha tenido una primera reunión en la que han participado los principales responsables de los ministerios implicados y, a partir de ahora, según ha destacado la vicepresidenta, los contactos se realizarán entre los distintos equipos ministeriales `con carácter inmediato´ porque no es una reforma que el Gobierno `quiera aplazar, sino acometerla lo antes posible´.

Pero, aunque las intenciones de la vicepresidenta `suenan bien´, falta concreción, y mucha, dado que, de momento, no se ha adelantado qué tipo de medidas se barajan ni si éstas servirían para paliar el problema actual o si, por el contrario, se aplicarán sólo a futuros posibles deudores. Por ello, la `vuelta de tuerca´ de la que habla la vicepresidenta al referirse a la necesaria reforma de la Ley Hipotecaria promete ser, a juicio de los lectores, un nuevo fiasco. 

Los motivos son de lo más variados: de un lado, los internautas parten de la base de que tomar cualquier decisión que perjudique a la banca resulta casi imposible o, como mínimo, no entra en las intenciones del Ejecutivo. De otro, la seguridad juridical obliga a que el posible nuevo marco se aplique automáticamente a relaciones contractuales que son anteriores al cambio legislativo, por lo que la reclamada retroactividad de las medidas resulta, para muchos, misión imposible. En este sentido, algunos internautas se mostraron partidarios de que la banca sufra algún tipo de penalización en caso de que no se acoja al Código de Buenas Prácticas, por ejemplo, negándole el apoyo financiero necesario. Se trata de un camino intermedio entre la obligación y la simple conveniencia que podría resultar más útil que la fórmula actual. Además, paralelamente, se recordó que el Código de Buenas Prácticas debería permitir que más ciudadanos se acojan a ese `paraguas´ de protección, dado que su formulación actual deja fuera a la gran mayoría de los deudores hipotecarios, recogiendo sólo el caso de ciudadanos extremadamente perjudicados. 

En cualquier caso, se comentó la inutilidad de crear comisiones o grupos de trabajo cuando, al fin y al cabo, todas las soluciones pasan por el enfrentamiento directo con la banca. `Se trata de decirles que se les acaba el chollo´, resumió un lector. `Encima de que han sido rescatados con el dinero de todos, siguen campando como bandoleros del sistema´.

En definitiva, no sirve de nada `marear la perdiz´ creando instituciones que, en la práctica, no servirán para avanzar en la protección de los derechos de los perjudicados. Al contrario, se requieren medidas rápidas para una situación claramente dramática y de gran calado social. 

RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR

Sin embargo, no faltaron defensores del sistema tal y como está ideado. Según esta óptica, no hay que olvidar que `el banco te presta un dinero, no una casa, y por tanto habrá que devolverle dinero´. En este sentido, se miró hacia los consumidores como parte del problema, por aceptar préstamos desorbitados que se escapaban a su capacidad económica, por confiar en as entidades bancarias, y por alimentar, en muchos casos, la burbuja inmobiliaria, especulando con el valor de los inmuebles. Por ello se apuntó que, aunque si la sociedad demanda cambiar la ley, `habrá que cambiarla´, se deberá hacer sin carácter retroactivo. 

Además, se recordó que, en caso de que la dación en pago se convierta en la solución universal, ello sólo serviría, en última instancia, para perjudicar a los consumidores. `Se ha explicado a esta sociedad que de cambiar la ley dando entrada a la dación en pago, habría un gran damnificado, y precisamente no serían los bancos, sino las personas que cuentan con menos ingresos y a las que les va a ser imposible acceder a la compra de vivienda´. Y es que la dación en pago se traduciría, irremediablemente, en un mayor coste de la hipoteca para quienes quieran acceder a ella, al asumir la entidad un riesgo mayor. 

La visión opuesta es, sin embargo, que la dacion en pago `regula el mercado´, de forma que, `al tener menos acceso al crédito, la vivienda deja de ser un bien especulativo´. Y es que mientras los bienes inmuebles sigan siendo `bienes de inversión´, su valoración obedecerña al `criterio especulativo del mercado´. El mayor ejemplo es el caso español, donde, según afirmaron los lectores, `los valores de la vivienda están muy inflados por culpa de la banca especulativa´. Desde esta óptica, las prácticas de los últimos años han demostrado que en España, así como en otros países, `todos los poderes del Estado están involucrados en una gran estafa´ en la que los ciudadanos son los grandes perjudicados por la mala praxis de otros, pero en la que esos mismos ciudadanos han tomado parte, convirtiéndose en parte del problema. Y es que, `como todo en la vida, la vivienda es una inversión que puede salir bien o puede salir mal, y en los buenos tiempos nadie se quejaba cuando compraba un piso por 10, lo pintaba y lo vendía por 20, ni iba al banco a devolverle las plusvalías (se las quedaba) ni reclamaba en ningún sitio, y si mediaba maletín de por medio para pagar menos impuestos por plusvalías, mejor´.
En definitivao, `ahora es al revés, simplemente´.

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