edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
13/07/2011

La declaración anual con terceras personas de 2011 se adelantará a febrero de 2012, pero la información se remitirá a Hacienda cada tres meses

Javier Ardalán
La presentación de la declaración de operaciones con terceras personas se realizará para el ejercicio 2011 se deberán realizar en el mes de febrero de 2012 y la información se remitirá a la Agencia Tributaria con carácter trimestral, se presentará en una única declaración anual en la que la información sobre las operaciones realizadas se proporcionará desglosada. No obstante, se mantendrá en los 3.005,06 euros anuales el importe a partir del cual deben declararse las operaciones realizadas con otro contribuyente que sea obligado tributario.

Así, se regula en un proyecto de Real Decreto que el Ministerio de Economía y Hacienda ha situado en fase de información pública en su página web. En él, la Agencia Tributaria ha aplaza a 2014 la entrada en vigor de la obligación de las empresas que no estén inscritas en el registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), de presentar la declaración informativa con el contenido de los libros de registro del IVA, prevista para 2012, ante la imposibilidad de las compañías de contar con esta información en tiempo y forma.

Este aplazamiento afectará a cerca de un millón de  sociedades anónimas y limitadas, y, hasta 2014 seguirá siendo obligatoria  únicamente a las empresas que soliciten las devoluciones mensuales del IVA y que, por tanto, estén inscritas en este registro de devolución mensual.

En el caso de las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que en principio no están obligadas a presentar la declaración de operaciones con terceras personas solo deben presentar dicha declaración por las operaciones por las cuales se haya expedido factura y dejarán de hacerlo, como hasta ahora por las operaciones que estén excluidas de la aplicación de los citados regímenes.

También, se exonera de la obligación de presentación de la declaración de operaciones con terceras personas a quienes estuvieran obligados a la presentación de la declaración de operaciones en libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido, eliminando incluso el deber respecto a determinadas operaciones, ya que las mismas se deberán incluir en la declaración de las operaciones incluidas en los libros registro, modificándose también, en concordancia, el régimen jurídico de esta última declaración. Sin embargo, se deberán declarar determinadas operaciones que antes se debían incluir como excepción en la declaración de operaciones con terceras personas.

Se establece, así mismo, para el caso de que la persona física disponga simultáneamente de varios números de identificación fiscal (NIF), que se rectifique el NIF en lugar de revocarlo, lo que conllevará la rectificación censal.

Además, se modifica la declaración de operaciones con terceras personas en orden a que los datos declarados queden desglosados por trimestres, lo que permitirá, sin suponer un aumento de cargas formales, una considerable mejora en la gestión del impuesto. Esta modificación se complementa con la de las reglas de imputación temporal para determinados casos particulares en los cuales se modifica el importe de las operaciones con posterioridad a su realización.

En cuanto a los criterios de imputación temporal aplicables a la declaración de operaciones con terceras personas, se incluye como criterio general el de anotación en el libro registro de la factura o documento sustitutivo.

En coherencia con la modificación a la que se ha hecho referencia con anterioridad, respecto a la exención de la obligación de presentar la declaración de operaciones con terceras personas a quienes están obligados a la presentación de la declaración de operaciones incluidas en los libros registro, en la propia declaración de libros registro, se deberán declarar determinadas operaciones que antes se debían incluir como excepción en la declaración de operaciones con terceras personas.

También se incluye una modificación que busca una mayor seguridad jurídica para los las empresas y profesionales incluidos en el sistema de envío de notificaciones electrónicas, que permitirán elegir un máximo de 30 días al año en los que la Agencia Tributaria no podrá enviarles notificaciones.

No obstante, cuando exista riesgo de fraude fiscal o peligro de prescripción de plazos legales, las notificaciones se podrán enviar tanto por medios electrónicos como por correo ordinario o incluso mediante la personación en la empresa de un agente tributario.

El Real Decreto regula, además, que los días señalados se computarán como dilación no imputable a la Administración a los efectos del periodo legal de prescripción de las actuaciones inspectoras. Esta novedad era una de las reclamaciones realizadas tanto por las asociaciones de  asesores fiscales como por el foro de grandes empresas.

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