edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
10/04/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

La denegación de un permiso de conducción por parte de un Estado miembro, no puede justificar el no reconocimiento en otro

DATADIAR
Los hechos que están en el origen de este litigio traen causa se originaron como consecuencia de la desestimación de solicitud de concesión de un permiso de conducción de la clase B (turismos), a un particular aduciendo que no cumplía los requisitos físicos y mentales exigidos para la conducción segura de un vehículo, en particular, por agresión con lesiones, conducción de vehículo sin permiso, extorsión grave en banda organizada y amenazas e injurias y condenado en varias ocasiones. Sin embargo, posteriormente obtuvo un permiso de conducción en la República Checa.

Según la normativa europea, el permiso de conducción es expedido por el Estado miembro al solicitante que tenga su residencia normal en el territorio de dicho Estado y según pudo constatar la Embajada de Alemania en Praga, ni las autoridades de extranjería ni la policía regional han podido constatar que el interesado en la presente causa residía en la República Checa en esa fecha. En efecto, a los servicios de extranjería sólo les constaba un empadronamiento durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 1 de diciembre de 2009. Ahora bien, según la fotocopia del permiso de conducción, que fue expedido en la República Checa el 8 de junio de 2009, éste había sido concedido por primera vez el 24 de noviembre de 2008. Asimismo, las autoridades alemanas constataron que condujo vehículos en Alemania el 5 de diciembre de 2008 y el 1 de marzo de 2009 y lo condenaron por conducción sin permiso en los dos casos.

El Tribunal regional de Alemania, que conoció del asunto en apelación, planteó una cuestión  prejudicial, al Tribunal de Justicia de la unión Europea, en esencia la pregunta fundamental era la de si en circunstancias como las del presente asunto, las autoridades alemanas pueden no reconocer el permiso de conducción expedido en la República Checa, aduciendo que al interesado se le denegó la expedición de un primer permiso de conducción en Alemania o aduciendo que el interesado no cumplía los requisitos de residencia en la República Checa en el momento de la expedición del permiso.

El reconocimiento recíproco, de los permisos de conducción expedidos por los estados miembros:

El asunto C-467/10, el Tribunal de Justicia del Derecho de la Unión, dictó la sentencia de 1 de marzo de 2012, en la que precisaba que el Derecho de la Unión, en concreto la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de Julio de 1991, sobre el permiso de conducción, prevé el reconocimiento recíproco, sin ninguna formalidad, de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros. Por tanto, incumbe al Estado miembro de expedición comprobar si se cumplen todos los requisitos (en particular, los relativos a la residencia y a la aptitud para la conducción) y si la expedición de un permiso de conducción está justificada. Cuando las autoridades de un Estado miembro han expedido, de este modo, un permiso de conducción, los demás Estados miembros no están facultados para verificar el cumplimiento de los requisitos de expedición establecidos por el Derecho de la Unión.

En efecto, y como expresa el Tribunal, existe la presunción de que la posesión de un permiso de conducción expedido por un Estado miembro constituye la prueba de que el titular del citado permiso cumplía los requisitos necesarios en el momento en el que se le expidió.

Análisis de la excepción al principio general de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción en la UE:

El Derecho de la Unión permite que, en determinadas circunstancias y en particular por motivos de seguridad de la circulación por carretera, los Estados miembros apliquen sus disposiciones nacionales en materia de restricción, suspensión, retirada y anulación del permiso de conducción a los titulares de un permiso que tengan su residencia normal en su territorio.
La facultad que un Estado miembro tiene de denegar el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción obtenido en otro Estado miembro por una de esas razones constituye una excepción al principio general de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción y, por tanto, se ha de interpretar estrictamente tal como expresa el Tribunal.

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia observa que la denegación, por parte de un Estado miembro, de la expedición de un primer permiso de conducción no está comprendida dentro de los supuestos que pueden dar lugar al no reconocimiento por ese Estado de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro. Si bien la denegación de expedición de un primer permiso de conducción puede, en parte, basarse en el comportamiento del solicitante, dicha denegación, a diferencia de la restricción, la suspensión, la retirada o la anulación, no puede constituir la sanción de una infracción cometida por dicho solicitante.

Asimismo, el Tribunal de Justicia considera que permitir que un Estado miembro no reconozca un permiso de conducción expedido en segundo Estado miembro, basándose en que este último no comprobó si los motivos que el primer Estado miembro esgrimió para denegar la expedición de un permiso dejaron de existir equivaldría a permitir que el Estado miembro que hubiera establecido los requisitos más estrictos para la expedición de un permiso de conducción determine el nivel de exigencias que deberían respetar los otros Estados miembros para que los permisos de conducción que expiden puedan ser reconocidos. Por tanto, admitir que un Estado miembro pueda basarse en sus disposiciones nacionales para denegar de manera indefinida el reconocimiento de un permiso expedido en otro Estado miembro constituiría la negación misma del principio de reconocimiento mutuo de los permisos de conducción.

Por ende, el Tribunal de Justicia concluye que la Directiva 91/439/CEE, sobre el permiso de conducción, y la Directiva 2006/126/CE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro de acogida que permite a éste denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro cuando el titular de dicho permiso no ha sido objeto, por parte del referido Estado miembro de acogida, de ninguna medida en el sentido de la normativa europea citada, sino que le ha sido denegada, en ese último Estado, la expedición de un primer permiso de conducción por incumplirse, según la normativa de dicho Estado, los requisitos de aptitud física y mental para la conducción segura de un vehículo.

Por lo que respecta al requisito de residencia, el Tribunal de Justicia considera que el Derecho de la Unión no se opone a la normativa de un Estado miembro de acogida que permite a éste denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro si se demuestra basándose en informaciones incontestables, que emanen del Estado miembro de expedición que el titular del permiso de conducción no cumplía el requisito de residencia.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. BOE., Núm. 78, 31 de marzo de 2012.
Desde hace unos meses, como consecuencia de la situación por la que atraviesa la economía española, se vienen adoptando diversas medidas con el fin de corregir lo antes posible los principales desequilibrios que se manifiestan en aquélla. Entre ellos reviste singular importancia la reducción del déficit público a cuyo fin se dirigieron varias de las medidas incorporadas en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Transcurrido un trimestre desde entonces, el objetivo de reducción del déficit público que finalmente se ha establecido para 2012 hace preciso complementar las medidas recogidas en el citado real decreto-ley con otras adicionales, a cuyo fin mediante esta norma se adoptan medidas en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, así como, para dotar de mayor autonomía financiera a los Ayuntamientos, en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. También con el fin de reducir el déficit público, se establece una declaración tributaria especial para determinadas rentas y se adoptan medidas de carácter administrativo que contribuyan a generar ahorros en la gestión del patrimonio inmobiliario del sector público. La consecución de estos objetivos, ciertamente exigentes, hace imprescindible la incorporación de estas medidas al ordenamiento sin más dilación razón por la cual concurren los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que el artículo 86 de la Constitución Española exige para el empleo para la utilización de la figura normativa del real decreto-ley.


JURISPRUDENCIA

Penal

Estafa procesal intentada. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de noviembre de 2011
La acusada era la representante de determinada sociedad cooperativa, y con tal carácter se presentó en una oficina bancaria en donde ingresó en una cuenta de que era titular la cooperativa la cantidad de 6.000 euros, si bien por error la empleada de la sucursal hizo constar 60.000 euros como importe de la imposición, y así se plasmó en el resguardo correspondiente. Con la intención de aprovecharse del error y de beneficiarse ilícitamente, en representación de la cooperativa presentó demanda contra el Banco reclamando la cantidad de 54.000 euros. Dicha demanda fue desestimada en la primera instancia y en apelación. Seguida causa penal por estos hechos, la Audiencia Provincial condenó a la acusada como autora de un delito de Estafa procesal en grado de tentativa (arts. 16; 248.1 y 250.1.2º CP.), imponiéndola las penas de ocho meses de prisión y cinco meses de multa; accesorias y costas procesales. Recurre en Casación la condenada y el Tribunal Supremo lo desestima. 1.- La parte recurrente formuló diversos motivos por quebrantamiento de forma, pretendiendo la anulación de la Sentencia, con fundamento en contradicción entre los hechos probados y predeterminación del fallo (art. 851.1 LE. Crim.), así como por incongruencia omisiva (del art. 851.3). Todos ellos fueron desestimados, al igual que el denunciado “error facti” mediante el que se trató de modificar el relato probatorio (art. 849.2º LE. Crim.). También se adujo quebrantamiento de forma, del art. 850.1º, por denegación de prueba. Al desestimar el motivo la Sala recuerda su reciente jurisprudencia (SSTS. 827/2011, de 25 de octubre y 1075/2011, de 6 de octubre), y la doctrina del Tribunal Constitucional (STC. 121/2009, de 18 de mayo), sobre los efectos jurídicos de la denegación de prueba en el sentido de que se hubiera producido indefensión material para la parte, lo que significa que la prueba denegada fuera determinante en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito. Lo que se traduce en la doble exigencia de que el recurrente acredite tanto la relación entre los hechos que se quisieron probar y no fue posible y las pruebas admitidas y no practicadas, así como que la resolución judicial final podría haberle sido favorable de haberse practicado. En el presente caso las pruebas denegadas no eran relevantes en términos de defensa y, además, el Tribunal de enjuiciamiento dispuso de otros elementos probatorios para formar su convicción. El ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes, no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión (SSTC. 185/2007, de 10 de septiembre; 258/2007, de 18 de diciembre, y 152/2007, de 18 de junio). 2. Se desestima el motivo por infracción de ley sustantiva (art. 849.1º LE. Crim.), en que se denuncia la indebida inaplicación de lo dispuesto en el art. 1281 C. Civil, según el cual si los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. La Sala reprocha a la parte recurrente que la infracción jurídica que da pie a la invocación del art. 849.1º LE. Crim., debe estar relacionada con un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica que deba ser observada en la aplicación de la ley penal, no teniendo esta naturaleza el artículo citado del C. Civil que no resulta relevante en el caso, porque su aplicación no excluye la comisión del delito apreciado de Estafa procesal intentada, al proponerse la acusada aprovecharse de un error cometido en la sucursal bancaria al cifrar incorrectamente el montante de un ingreso dinerario. Termina la Sala haciendo un ajuste dogmático del caso a la última reforma penal representada por LO. 5/2010, que resulta intrascendente a salvo la formalidad de la nueva tipificación del mismo delito en el art. 250.1.7º CP.


Mercantil

Separación de los administradores designados por el sistema proporcional. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de noviembre de 2011
El artículo 131 LSA -hoy 223.1 de la Ley de Sociedades de Capital-  no distingue, en orden a la libre revocabilidad de los administradores entre los consejeros designados por la mayoría y la de los que lo fueron por el sistema proporcional, de tal forma que no es preciso en estos supuestos la justa causa a la que se refiere el artículo 132.2 de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 224.2 de la Ley de Sociedades de Capital-. A fin de que el derecho de la minoría a tener representación en el consejo de administración por el mecanismo de la agrupación de acciones no quede vacío de contenido por la utilización intencionada o extralimitada por la mayoría de la facultad de cesar sin necesidad de causa alguna a los designados, como ya tiene declarada esta Sala cabe «atender a los límites generales impuestos al ejercicio de los derechos subjetivos y facultades jurídicas, en este caso de los socios integrantes de la mayoría -artículo 7 del Código Civil -, además de a las condiciones que son consideradas precisas para la validez de los acuerdos sociales.

Sociedad limitada. Compraventa de participaciones. Determinación del precio de la compraventa de acciones. El arbitrio «boni viri». Reglas por las que se ha de regular su contenido. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de noviembre de 2011
Se está ante un « arbitrium boni viri «, conforme al que el arbitrador debía efectuar una valoración de las acciones y participaciones objeto de la compraventa que resultara  razonable  como exige el apartado 2, letra d), del artículo 29 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, al que las partes expresamente se remitieron  y, al fin, adecuada a las técnicas por las que se rige la actividad de los auditores, al tener aquel esa condición profesional y ser lógico suponer que la misma fue determinante de su designación por los contratantes.  Tras la prueba practicada no cabe entender que el Tribunal de apelación - al declarar que, pese a lo señalado por el perito, no se había probado en el proceso que la decisión del arbitrador no se hubiera ajustado a las reglas que, , debían presidirla  incurrió en error material o de hecho o que llegó a una conclusión arbitraria o resultado de un proceso deductivo absurdo.


Civil

Enriquecimiento injusto. Desestimación. Falta el requisito de la subsidiariedad de la acción por enriquecimiento y como requisito de fondo falta el correlativo empobrecimiento del demandante. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de diciembre de 2011
El propio tribunal de apelación, al reiterar lo llamativo de la pasividad del demandante encuentra su explicación en que este no tenía ningún interés por ejercitar todas las acciones que le ofrecía el ordenamiento jurídico porque el beneficiario de todas ellas habría acabado siendo su acreedor,  que por su parte sí pretendió remediar la situación promoviendo el litigio anterior. Y verdaderamente esta es la clave de la cuestión y la que refuerza el requisito de la subsidiariedad como plenamente exigible, pues si la acción por enriquecimiento injusto solo cabe en defecto de acciones específicas, singularmente en este caso la de nulidad fundada en el art. 132 de la Ley Hipotecaria en su redacción vigente cuando se siguió el procedimiento judicial finalizado con la entrega de las edificaciones  a la demandada y la reivindicatoria del art. 348 CC, menos aún podrá caber cuando resulta que si prescindió de las acciones que generosamente ofrecía el ordenamiento jurídico al demandante-recurrido, ello fue para evitar las debidas consecuencias del ejercicio de tales acciones según el propio ordenamiento, es decir la satisfacción del derecho de un acreedor del propio demandante-recurrido. En definitiva, puede que haya existido enriquecimiento sin causa de la demandada, pero este enriquecimiento no puede justificar que, a su vez, el demandante-recurrido se aproveche de su propia pasividad para enriquecerse sin causa a costa de su acreedor hipotecario.

Resolución de contrato de arrendamiento de local de negocio porque el arrendatario no usó el local por un periodo superior a seis meses. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de diciembre de 2011
El RDL 2/1985, de 30 de abril suprimió el régimen obligatorio de prórroga forzosa respecto de la duración de los arrendamientos urbanos. Se impuso, desde su entrada en vigor, una plena libertad a la hora de fijar la duración de un contrato de arrendamiento urbano, lo que en nada alteró la regulación de los arrendamientos urbanos celebrados con anterioridad. La entrada en vigor de la LAU 1994, provocó que existieran contratos de arrendamientos urbanos sometidos a tres regímenes jurídicos distintos, por lo que el legislador con la finalidad de solventar, entre otros, los posibles problemas relativos a la duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio, una vez desaparecida la prórroga legal forzosa de la legislación arrendaticia, estableció un complejo sistema de Disposiciones Transitorias. En concreto, en relación a los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes de la entrada en vigor del RDL 2/1985, la DT Tercera dispone «1. Los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuarán rigiéndose por las normas del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 relativas al contrato de arrendamiento de local de negocio, salvo las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de esta disposición transitoria.» Es decir, no acabó de modo automático con la prórroga legal forzosa a que los arrendamientos celebrados antes de la entrada en vigor del RDL 2/1985 estaban sometidos, y si bien en su apartado B), se establecen unas normas de extinción y subrogación de estos contratos, esto no significa que hayan dejado de tener validez y eficacia las causas de resolución previstas en la LAU 1964 para los arrendamientos celebrados bajo su vigencia, dentro de las cuales está el no uso del local de negocio durante más de 6 meses consecutivos. La Audiencia Provincial, tras establecer que el contrato objeto de examen se celebró al amparo de la LAU 1964, declara la aplicación de los preceptos reguladores de la prórroga forzosa y de las causas por las que el arrendador puede poner fin al arrendamiento y, tras considerar plenamente acreditado que el arrendatario no usó el local arrendado por un periodo muy superior a seis meses, acordó la resolución del arrendamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 114.11 LAU.


Laboral

Trabajadores autónomos dependientes. Contratos celebrados antes vigencia Ley 20/2007. No se transformó en TRADE. Incompetencia de la jurisdicción social. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 24 de noviembre de 2011
La cuestión planteada, como se apuntó al principio, consiste en determinar si esta jurisdicción es competente para resolver las cuestiones surgidas de la ejecución de los contratos llamados TRADE, cuando se trata de contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley 20/2007 que reúnen los requisitos establecidos en esta, para ser calificados como tales. La solución requiere, previamente, determinar si esos contratos pasaron automáticamente a regirse por la Ley 20/2007, tras su entrada en vigor, o si la aplicación de esta norma a los mismos requería la adaptación de estos contratos a ella, conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley citada en relación con la Transitoria Primera del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por cuanto la competencia de este orden jurisdiccional viene determinada por el momento en que esos contratos se convierten en TRADE, por la fecha en la que se hacen merecedores de esa calificación y pasan a regularse por la Ley 20/2007. En este caso, considera el tribunal que el contrato suscrito originariamente entre las partes era civil o mercantil, que no se novó, ni se transformó en TRADE y que, por ende, la jurisdicción social no es competente para resolver las cuestiones derivadas de su rescisión, por no ser aplicable el art. 17 de la Ley 20/2007, como con acierto ha estimado la sentencia recurrida que contiene la doctrina correcta.

Cese del alto directivo por desistimiento de la empresa. Cálculo indemnización y preaviso. El término salario en metálico excluye el salario en especie. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 24 de noviembre de 2011
La recurrente alega la infracción del artículo 11 apartado 1 del Real Decreto 1382/1985, al haber confirmado la sentencia de Suplicación  la decisión de instancia de incluir en el cálculo tanto de la indemnización por desistimiento como del importe de los salarios en concepto de preaviso el del «renting» mensual del vehículo cedido en uso por la empresa. Debe merecer favorable acogida la censura dirigida por la parte recurrente frente a lo resuelto en Suplicación, sin otra explicación que la invocación del artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores cuando la dicción literal del artículo 11.1 del Real Decreto 1382/1985 expresamente alude, en defecto de pacto, al salario en metálico. Se trata de utilizar el orden establecido para la hermeneútica acudiendo a la primera de sus reglas, la del tenor literal «según el sentido propio de sus palabras» al que se refiere el art. 3.1 del Código Civil, de forma que las palabras e intención de los contratantes constituyen «la principal norma hermenéutica». Por ello, cuando los términos de un contrato son claros y terminantes, no dejando lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin necesidad de acudir a ninguna otra regla de interpretación. Si la claridad de los términos de un contrato no deja duda sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes, que vienen a funcionar con el carácter de subordinadas respecto de la que preconiza la interpretación literal.


Administrativo

Vulneración del derecho de igualdad en el acceso a la función pública. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de abril de 2011
En la convocatoria de pruebas selectivas en el marco del proceso de reducción de la temporalidad para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de Comunidad Autónoma, no cabe apreciar infracción de las reglas de la sana crítica ni arbitrariedad, irracionalidad o falta de lógica, en la valoración que efectúa el tribunal de instancia y que, frente a lo que resulta del informe de parte, expedido por la Directora General de la Función pública, le lleva a concluir que existe un favorecimiento del personal temporal o interino del órgano administrativo convocante frente a los ciudadanos que no tienen una relación previa con la Administración, menos aun cuando dicha valoración es conforme con el criterio del Tribunal Supremo en relación con la valoración de un mérito de análoga configuración. La Sala de instancia se refiere de forma expresa al informe invocado por la Administración, y por tanto lo tiene en cuenta y exterioriza su juicio valorativo razonando por qué no lo acoge y por qué llega a la conclusión de que la base 7.2.c. vulnera la igualdad en el acceso a la función pública.

Alcance de la libertad religiosa y de enseñanza en relación con el derecho a la objeción de conciencia para cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Tribunal Supremo. Sentencia 31 de marzo de 2011
El Tribunal Supremo declara que el derecho a cursar la asignatura de Educación para la ciudadanía es compatible con el derecho a la libertad religiosa y a la enseñanza, sin que quepa derecho a la objeción de conciencia. Así, se niega que los padres sean titulares de un específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo, sin perjuicio de advertir que ello no autoriza a la Administración educativa ni a los centros docentes ni a los concretos profesores a imponer o inculcar ni siquiera de manera indirecta punt os de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. Se recuerda a la Sala de instancia que no es admisible su posición al sostener que los pronunciamientos que a resultas de los recursos de casación interpuestos en relación con esta clase de procedimientos se adopten por el Tribunal Supremo no constituyen jurisprudencia, encontrándose únicamente vinculada a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

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