edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
19/12/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La desaparición de los 11 defensores del pueblo autonómicos supondrá un ahorro anual de 30,1 millones de euros

Javier Ardalán

La desaparición de los 11 defensores del pueblo autonómicos y la asunción de sus funciones por el Defensor del Pueblo estatal supondrá un ahorro anual de 30, 1 millones de euros anuales, según las estimaciones realizadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

El objetivo de la medida es racionalizar, optimizando los recursos existentes, el sistema de la figura de los “Ombudsman” existentes en algunas comunidades autónomas. La medida consiste en la asunción de las competencias de los defensores del pueblo autonómicos por parte del Defensor del Pueblo estatal y la supresión de los autonómicos.

Tras un análisis de la situación actual, concluye que el mapa de los Comisionados parlamentarios es heterogéneo en el sentido de que hay comunidades autónomas que cuentan con Defensores del Pueblo y otras que no, así como que la multiplicidad de instituciones autonómicas supone una merma de la eficiencia administrativa y una duplicidad de gastos y de actuaciones que resulta innecesaria por cuanto el Defensor estatal ya hace la misma labor.

La puesta en marcha de las diferentes medidas que habrán de desarrollarse para el logro del  objetivo propuesto dependerá del acuerdo logrado entre el Estado y las comunidades autónomas una vez obtenido ese acuerdo los plazos dependerían de cada comunidad, si bien  puede plantearse entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 18. No obstante, esta  previsión, señala la CORA, puede modificarse según cada comunidad.

En sus cálculos señala que con esta operación para evitar las duplicidades se realizará un mejor tratamiento  de los recursos humanos (con 20 técnicos más en el Defensor del Pueblo estatal se suplirían las plantillas de los Defensores autonómicos) y se lograría una  reducción al 33% del coste actual de cada queja que se tramita.

Las ineficiencias apuntadas se refieren al elevado coste de la tramitación por queja (835, 78 euros  de coste medio por queja en los defensores del pueblo  autonómicos frente a 414.,19 euros en el Defensor del Pueblo estatal), así como el bajo Rendimiento de los recursos destinados a los Ombudsman autonómicos (en los defensores del pueblo autonómicos, 346 personas tramitan 38.407 quejas, mientras que en el estatal 165, -menos de la mitad que en los autonómicos-, tramitan 33.849 quejas –apenas un 10% menos-).

Con la medida se pretende obtener una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de las  quejas de los ciudadanos (con la aplicación de la medida el coste de cada queja disminuiría hasta los 228,57 euros, lo que supondría un descenso por queja en torno a un 70% del coste actual en los defensores del pueblo autonómicos, y de casi un 50% en relación con las del estatal).

El artículo 54 de la Constitución Española determina que el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración.

En la actualidad conviven en nuestro sistema territorial junto al citado Defensor del Pueblo del Estado, otros 11 órganos autonómicos de defensa de los derechos fundamentales aunque con diferente denominación (Ararteko (País Vasco); Sindic de Greuges (Cataluña y Comunidad Valenciana); Valedor do Pobo (Galicia); Defensor del Pueblo (Andalucía, La Rioja y Navarra); Procuradora General (Principado de Asturias); Procurador del Común (Castilla y León); Justicia de Aragón y Diputado del Común (Canarias). Sus funciones son, básicamente, las mismas, si bien su ámbito de aplicación está limitado, en virtud del principio de territorialidad, bien al Estado, bien a cada Comunidad Autónoma.

El artículo 54 de la Constitución y el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, definen al Defensor del Pueblo como un Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los Derechos Fundamentales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. En 2010, el Defensor del Pueblo asumió además la función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en España.

La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, reconoció  la existencia de los defensores del pueblo autonómicos.  Algunos Estatutos de Autonomía (12) han regulado expresamente la figura del Defensor del Pueblo, definiendo su naturaleza y competencias de manera similar a como lo hace el artículo 54 de la Constitución Española aunque limitado a la administración territorial respectiva, y remitiendo a una Ley la regulación de su organización, funciones y duración del mandato (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Canarias, y Castilla y León).

No obstante, existen Comunidades Autónomas que, pese a haberlo previsto en sus Estatutos de Autonomía, no han aprobado leyes de desarrollo, y carecen de institución propia (es el caso de Cantabria, Extremadura, e Illes Balears). En otros casos, ante la ausencia de previsión estatutaria, las Comunidades Autónomas que han creado la figura lo han hecho mediante Ley al amparo de su competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Es el caso de Asturias, Navarra, Castilla –La Mancha y Murcia (éstas dos últimas han suprimido la figura del Defensor).

Por último, partiendo del modelo de Defensor del Pueblo estatal, y sin previsiones específicas en el Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid creó por ley la figura del Defensor del Menor, pero fue también suprimida en 2012.

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