edición: 2325 , Miércoles, 18 octubre 2017
01/06/2011
SALA DE TOGAS

La descoordinación entre juez y secretario abre la puerta al fraude en los desahucios

El legislador olvida que el domicilio es inviolable y se necesita una orden judicial para entrar y echar al inquilino
Andrés Garvi

Cada vez es más habitual que la comisión judicial que va a realizar el lanzamiento del inquilino o el embargo de los bienes del alquilado se encuentre con un problema provocado por la mala definición legislativa de las funciones y competencias entre jueces y secretarios judiciales. El resultado de esta práctica legal es un retraso en el desahucio de la vivienda ocupada por el inquilino deudor o el arrendatario en precario. Todo se debe a la reforma procesal de noviembre de 2009 que puso en marcha la nueva oficina judicial y que no tuvo en cuenta la coordinación de funciones entre jueces y secretarios, que ahora está generando problemas a miles de propietarios.

El Gobierno puso en marcha unas reformas tanto organizativas como competenciales, cuyo eje de actuación es la atribución a los secretarios de una suma de funciones antes llevadas a cabo por jueces y magistrados, con el fin de agilizar el cumplimiento de sentencias. Con el nuevo sistema los secretarios han asumido la dirección técnico procesal de los juicios, manteniendo los jueces la dirección e inspección de los asuntos judiciales, cumpliendo así su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero se olvidaron de lo ordenado por la Constitución: el domicilio es inviolable.

Si usted es propietario de un inmueble y tiene de inquilino a un moroso profesional puede verse en la desagradable situación de que el arrendatario logre que la comisión judicial se de media vuelta sin cumplir su misión de lanzamiento por un defecto en la ley de desahucio exprés. Entonces su abogado tendrá que pedir la ratificación del propio juez en relación con la decisión del secretario, ya que este funcionario judicial no tiene capacidad legal para emitir un decreto que sirva de base suficiente para un lanzamiento y entrada en la vivienda objeto del desahucio por falta de pago y también por expiración del término.

Gobierno y Poder Legislativo mostraron a la sociedad una ley que beneficiaría a la economía y daría seguridad jurídica a los propietarios frente a inquilinos morosos. Sin embargo, hubo un olvido fundamental: el domicilio es inviolable y conforme el artículo 18.2 de la Constitución Española, se necesita siempre una orden judicial para entrar en el mismo, salvo que el arrendatario nos permita la entrada o se esté cometiendo un delito flagrante.
Los desahucios, ¬que han aumentado considerablemente con la crisis económica, se llevan a cabo por el auxiliar judicial (hace el embargo o practica el lanzamiento), pero quien documenta o incluso da fe de este desagradable acto es el secretario judicial.

Los abogados, y sobre todo los procuradores que acompañan la ejecución del desahucio, están comprobando una práctica cada vez más habitual para evitar el lanzamiento. El arrendatario condenado se niega ante la comisión judicial a abandonar la vivienda porque falta el requisito imprescindible de la orden judicial.

CONSTITUCIÓN Y DESALOJO DE LA VIVIENDA

¿Por qué ocurre esta situación?. En muchas sentencias sobre desahucio de finca urbana por falta de pago de renta o cantidades debidas no se respalda por el juez, de forma expresa, la orden de lanzamiento. El juez o tribunal debe ratificar el día y hora que figuraba en la citación realizada por el secretario judicial. La Ley 13/2009, aprobada en noviembre de 2009, recogía la reforma procesal que dio origen a la nueva oficina judicial pero también un proceso de desahucio exprés. La norma, un año después de su puesta en marcha, está generando a los profesionales de la Justicia numerosos problemas en su aplicación.

La resolución de admisión de la demanda de desahucio fijará día y hora para que tenga lugar el lanzamiento, que deberá producirse antes de un mes desde la fecha de la vista, advirtiendo al alquilado que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior. Todo perfecto en la teoría, pero hay que tener en cuenta que es el secretario judicial quien admite la demanda y lleva a cabo la firma de la citación.

La mala definición en la reforma procesal de las funciones entre el secretario y el juez ha provocado una realidad muy diferente. Es habitual que en la sentencia del juicio verbal de desahucio no conste ninguna manifestación expresa del juez para ratificar el lanzamiento. El único título existente para privar del derecho fundamental a la vivienda es la decisión del secretario sobre el lanzamiento de la vivienda.

Especialistas en Propiedad Horizontal, como el abogado Daniel Loscertales, están llamando la atención sobre este defecto legislativo. Ante esta situación, los abogados de los propietarios que soportan un desahucio exprés fraudulento están trasladando a sus compañeros las posibles soluciones a esta laguna legislativa. Los letrados más despiertos ya están pidiendo como medida preventiva en la demanda de desahucio la solicitud en un Otrosí para que el juez ratifique expresamente en la sentencia la orden de lanzamiento que había marcado por decreto el secretario.

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