edición: 2764 , Viernes, 19 julio 2019
29/02/2016

La deuda de las radiales en manos de fondos espera la responsabilidad patrimonial de la Administración

La liquidación de dos de las autopistas aun no ha detonado el proceso bloqueado por sendos recursos
Carlos Schwartz
De acuerdo con fuentes de medios financieros, los principales acreedores de las autopistas de peaje radiales son fondos de inversión en deuda deteriorada, la denominada 'distressed' . Las fuentes señalan que “los bancos se deshicieron de la deuda con fuertes descuentos y los fondos ahora están a la  espera de que las empresas de autopistas radiales de peaje en procesos concursales sean declaradas en liquidación para cobrar las cuantías correspondientes por la aplicación de la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público. Los procedimientos de insolvencia afectan a nueve empresas propietarias de las respectivas autopistas. De entre ellas la Autopista Madrid Levante Concesionaria Española y Aeropistas SL han entrado en proceso de liquidación. Sin embargo, de acuerdo con una fuente del sector de las empresas constructoras el proceso de liquidación se encuentra detenido “por sendos recursos”.
La fuente no señaló quien había recurrido los autos del juzgado de lo Mercantil nº 2, pero el hecho que las liquidaciones estén detenidas ha reabierto la expectativa de que la solución que se aplique finalmente a la crisis de estas autopistas sea la adquisición de las mismas por una sociedad estatal.

Entre 2013 y 2014 el ministerio de Fomento había previsto la posibilidad de nacionalizar las “radiales” a través de la sociedad estatal SEITTSA. El proyecto, que contaba con el apoyo de la patronal del sector de la construcción SEOPAN, se basaba en la idea de que el coste de una adquisición para la administración directa por el estado era del orden de los 2.000 millones de euros comparado con los 5.000 millones que podía suponer la aplicación de la RPA y la deuda acumulada por las autopistas.

La liquidación de las empresas es el elemento que detona el pago de la RPA, sin embargo, la legislación y los fallos acumulados que regulan esta responsabilidad se ha modificado en octubre del año pasado cambiando de forma significativa la base de cálculo de las cuantías con su significativa reducción lo cual sugiere que Fomento haya optado por la vía de resolver el proceso mediante la liquidación de las empresas que implicaría ahora un menor coste. En cualquier caso las dos soluciones en realidad requieren el consentimiento de Bruselas en tanto que pueden ser consideradas ayudas del estado a empresas privadas y por tanto violar las normas de la Unión Europea para la competencia. Un portavoz del Ministerio de Fomento señaló que “no existía ninguna novedad respecto del plan de nacionalización de las autopistas radiales de Madrid” y dijo desconocer que existiera una gestión ante Bruselas para cualquiera de las dos soluciones previstas.

El 22 de octubre del año pasado entraron en vigor modificaciones a la Ley de Contratos del Sector Público que cambian las condiciones de la RPA. Hasta entonces la aplicación de esta responsabilidad debería cubrir la ejecución de las obras de construcción, la adquisición de los activos necesarios para la operación de la concesión y las pérdidas sobre el periodo de contrato sin explotación. Ahora el método de cálculo de la responsabilidad del estado es sobre los flujos futuros de caja estimados para el periodo restante de la concesión, más un 3% sobre el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Pero esta cuantía no se entregaría a los acreedores, sino que sería el precio de salida para la subasta de los activos de las sociedades liquidadas. El dinero obtenido en las subastas sería el activo líquido utilizable para el pago de la RPA. Pero sobre estas cantidades gravitan ahora fallos que pueden modificarlas.

En primer lugar, el pago de las expropiaciones de suelo que las concesionarias estimaron como rústico y que resultó ser urbanizable, lo que determinó sentencias adversas que incrementaron fuertemente las cuantías previstas para el pago del suelo afectado. De acuerdo con fuentes del sector de la construcción los pagos pendientes por este concepto alcanza a los 1.200 millones de euros. En los casos en los que la Administración pagó la diferencia, tiene ahora el derecho a su recuperación sobre la cuantía disponible.

En aquellos que hay pendiente una posición acreedora de los propietarios del suelo, la satisfacción de sus créditos va por cuenta de las cantidades previstas para la RPA. Lo cual reduce el dinero disponible. Para complicar un poco más las cosas, la RPA figura dentro de los contratos de crédito como forma de garantía que ahora es poco más que papel mojado. Lo que ha determinado que el valor de la deuda de las sociedades instrumentales utilizadas para la construcción y explotación de las autopistas sea adquirida a un descuento muy grande.

Las fuentes de medios financieros consultadas estiman que las posiciones acreedoras reconocidas tras el descuento de los pagos para compensar las adquisiciones de suelo “serán del orden de los 2.000 millones de euros”, es decir una cantidad igual a la estimada inicialmente por Fomento para la “solución más barata, la nacionalización”. La diferencia es que ahora se cede el negocio a los fondos de inversión en deuda de dudoso cobro de un lado y del otro a las empresas de infraestructuras que podrían acudir a la subasta de las autopistas para adquirirlas a muy bajo precio.

Las autopistas radiales resultaron ser un negocio ruinoso para las empresas que las acometieron y para la Administración del estado que deberá cargar con la RPA. Mientras, fuentes de medios financieros afirman que Fomento ha solicitado a la UE autorización para el pago de la RPA en una cuantía que las fuentes consultadas no han querido determinar. De acuerdo con dichas fuentes la Administración ha solicitado esta autorización de manera sigilosa para evitar que la operación de pago de la deuda tenga repercusión sobre la opinión pública muy sensibilizada ante la naturaleza del vínculo entre constructoras y Administración mediada en muchos casos por funcionarios corruptos. Por añadidura la “solución” al problema de las radiales ha quedado prisionera del proceso político, con un Gobierno en funciones “que no debería instrumentar la solución a la crisis de las radiales” de acuerdo con fuentes jurídicas. Es decir que aun cabe la posibilidad de que este paquete lo tenga que desatar el próximo Gobierno, llegue cuando llegue está claro.

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