edición: 3052 , Miércoles, 23 septiembre 2020
21/06/2011
OBSERVATORIO FISCAL

La devolución del coste de los avales en los procedimientos tributarios

DATADIAR
El articulo 33 de la Ley General Tributaria, aprobada por la Ley 58/2003, dispone en su apartado 1, que la Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.

El citado artículo establece que reglamentariamente se determinará el procedimiento para el reembolso. En este sentido, el Real Decreto 520/2005 regula en sus artículos 72 y siguientes el procedimiento y alcance del reembolso del coste de las garantías aportadas.

En su artículo 72, la citada norma establece que el reembolso de los costes de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución de un acto alcanzará a los costes necesarios para su formalización, mantenimiento y cancelación. No obstante, el obligado al pago que lo estime procedente podrá instar, en relación con otros costes o conceptos distintos, el procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto en el título X de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

El artículo 73.a) establece que entrarán dentro de este procedimiento de reembolso, los avales o fianzas de carácter solidario de entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, en los que el coste estará formado por las cantidades satisfechas en concepto de primas, comisiones y gastos por formalización, mantenimiento y cancelación del aval, fianza o certificado, devengados hasta la fecha en que se produzca la devolución de la garantía.

En cuanto al procedimiento, éste se encuentra regulado en los artículos 75 a 79 del Real Decreto 520/2005. En este sentido, el artículo 75.1 dispone que será competente para acordar el reembolso del coste de las garantías la Administración, entidad u organismo que hubiese dictado el acto que haya sido declarado improcedente, mientras que será competente para su tramitación los órganos de la Administración, entidad u organismo que determine su norma organización interna (Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación.). El apartado Tercero.1.3.2.31) de la citada norma dispone que el titular de la Dependencia Regional de Recaudación será competente para acordar la resolución de las solicitudes de reembolso del coste de las garantías aportadas para obtener la suspensión, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley General Tributaria, como consecuencia de la interposición de reclamaciones económico-administrativas cuya resolución corresponda al Tribunal Económico-Administrativo Regional correspondiente al ámbito territorial de la Delegación Especial.

El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante escrito al órgano competente, acompañando al mismo una serie de documentos:

- Copia de la resolución administrativa o sentencia judicial firme por la que se declare improcedente total o parcialmente el acto administrativo o deuda cuya ejecución se suspendió.

- Acreditación del importe al que ascendió el coste de las garantías cuyo reembolso se solicita e indicación de la fecha efectiva de pago.

- Declaración expresa del medio elegido por el que haya de efectuarse el reembolso, de entre los señalados por la Administración. Si ésta no hubiera señalado medios para efectuar el reembolso, el interesado podrá optar por una transferencia bancaria, indicando el número de código de cuenta y los datos identificativos de la entidad de crédito, o bien por un cheque cruzado o nominativo. Si el interesado no hubiera señalado medio de pago, el reembolso se efectuará mediante cheque.

- En su caso, una solicitud de compensación, con alguna deuda tributaria, en la forma que a tal efecto regula la normativa.

El órgano competente deberá dictar resolución y notificarla en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que el escrito de solicitud del interesado haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Una vez acaecida la contingencia de jubilación se pueden seguir realizando aportaciones a planes de pensiones y podrán destinarse a la contingencia de jubilación, siempre y cuando no se haya iniciado el cobro de la prestación por jubilación. D.G.T. C, (08/02/2011).
El consultante se ha jubilado en junio de 2010 y es titular de dos planes de pensiones.
1. Si en el mismo año puede realizar aportaciones a uno de ellos y posteriormente percibir la prestación por jubilación del otro. 2. Si tales aportaciones pueden reducirse en la base imponible del IRPF. En cuanto al tratamiento fiscal, en la medida en que las aportaciones de adapten a lo expuesto anteriormente, tales aportaciones podrán ser objeto de reducción en la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del partícipe, teniendo en cuenta los límites máximos de reducción establecidos en los artículos 50 y 52 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 29 de noviembre). Dichos límites son los siguientes: - Como límite máximo se aplicará la menor de las siguientes cantidades: a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Este porcentaje será del 50 por 100 para contribuyentes mayores de 50 años. b) 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayores de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros. - Además, la base imponible general no podrá resultar negativa como consecuencia de tal reducción, en cuyo caso el exceso no reducido se podrá trasladar a los ejercicios siguientes.

Desde el momento en que la vivienda deja de constituir la residencia habitual del contribuyente, éste pierde el derecho a practicar la deducción por las cantidades que desde ese momento satisfaga relacionadas con su adquisición. D.G.T. C, (08/02/2011).
El consultante adquirió en régimen de gananciales con su cónyuge una vivienda habitual en 2006, financiando la adquisición mediante un préstamo hipotecario. Durante 2006, 2007, 2008 y 2009 se ha aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual por dicha vivienda. En 2010 se dicta sentencia de divorcio por la que se obliga al consultante a pagar la mitad del préstamo hipotecario de la vivienda habitual, que continúa siendo de propiedad de ambos cónyuges pero en la que el consultante deja de residir en ese ejercicio, adjudicándose su uso en la sentencia a su antiguo cónyuge y su hijo. En la actualidad está estudiando la posibilidad de adquirir una nueva vivienda habitual. 1º) Si puede continuar aplicándose la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que satisfaga en pago del préstamo hipotecario que financia su antigua vivienda habitual. 2º) Si puede simultanear la anterior deducción con la correspondiente a la adquisición de una nueva vivienda habitual. 3º) A partir de qué momento podría empezar a deducirse por la adquisición de la nueva vivienda, teniendo en cuenta las cantidades deducidas por la anterior.

Tribunales

No es procedente el diferimiento por reinversión pues la vivienda adquirida en la que se materializó la reinversión no estaba afecta a la actividad económica de la entidad mercantil. Audiencia Nacional. Sentencia de 2 de marzo de 2011.
El beneficio fiscal de la reinversión está previsto para aquellas sociedades que destinan el producto obtenido en la venta de elementos de su inmovilizado material o inmaterial o bien, como en el caso que nos ocupa, de una cartera de valores que le otorga una cierta posición en otra entidad, a la compra de otros elementos de la misma naturaleza que suponen nuevas inversiones desde el punto de vista empresarial, pero no está previsto en modo alguno para los supuestos de transmisiones de bienes entre socio mayoritario-sociedad, destinadas única y exclusivamente a forzar la aplicación del citado beneficio fiscal, pero que no suponen en realidad una alteración patrimonial efectiva más que desde un punto de vista meramente formal. En el caso de autos se deniega la aplicación del beneficio del diferimiento por reinversión es entender que, con carácter general, una sociedad no operativa, que no desarrolla ninguna actividad más allá de la mera tenencia de valores, no puede entender cumplido el requisito de la reinversión en activos afectos a la actividad empresarial, precisamente por la inexistencia de la misma.

Inaplicación del artículo 21 de la Ley 43/1995 porque se incumplen los requisitos de contabilización previstos en el Reglamento del Impuesto. Audiencia Nacional. Sentencia de 9 de marzo de 2011.
No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas, una vez corregidas en el importe de la depreciación monetaria, en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado, material o inmaterial, y de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital social de las mismas y que se hubieren poseído, al menos, con un año de antelación, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores. La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales en que se materialice. En el caso de autos, la entidad mercantil decidió no aplicar la posibilidad regulada en el artículo 21 de la Ley 43/1995, cuando debió hacerlo, por lo que no se está ante un mero incumplimiento de los requisitos de forma establecidos en la normativa aplicable al caso de autos, sino de que la actora no se acogió a la reinversión fiscal del beneficio extraordinario cuando debió hacerlo.

Tribunales Económico-Administrativos

Afectación a la actividad económica y a las operaciones del sujeto pasivo que generan el derecho a la deducción. Cuotas soportadas por una entidad financiera por gastos afectos a una OPA sobre sus acciones. TEAC R, (05-04-2011).
Cuotas soportadas por una entidad financiera por gastos afectos a una oferta pública de adquisición de acciones sobre sus acciones. Para tener derecho a deducir las cuotas soportadas, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige la existencia de una relación directa e inmediata entre los servicios recibidos por la entidad y una o varias operaciones realizadas por ella y por las que se haya repercutido el impuesto permitiendo la deducibilidad cuando los servicios recibidos forman parte de los gastos generales, porque son elementos integrantes del precio de los productos de la empresa, esto es, dicha relación directa e inmediata se relaciona con la actividad del sujeto pasivo considerada en su integridad. En el caso aquí considerado la Inspección, rechazó la deducibilidad del IVA correspondiente a determinados gastos por servicios recibidos (asesoramiento jurídico y financiero) en relación con ocasión de la OPA formulada por la entidad reclamante a los accionistas de la entidad adquirida, por entender la Inspección que no se trata de servicios afectos directa y exclusivamente a la actividad del banco, porque tales servicios beneficiaban directamente a los accionistas destinatarios de la oferta. Los servicios se habían prestado a la entidad adquirida. De acuerdo con la doctrina del TJCE, el TEAC entiende que es manifiesto, a efectos de la deducibilidad del IVA, que no existe la relación directa e inmediata que es exigible, en el sentido de que el coste de tales servicios fuera elemento constitutivo del precio de las operaciones de la entidad adquirida por las que ésta repercute el IVA. Se añade en la resolución, a modo aclarativo: « (...) se podría apreciar esta relación si se consideraran los gastos desde la posición de la sociedad que formula la oferta de adquisición, en cuanto que esta adquisición puede redundar en un beneficio de la actividad económica del sujeto pasivo en su conjunto. Pero desde la perspectiva de la empresa afectada o destinataria de la OPA, no se comprendería en qué medida el simple cambio de accionistas puede representar un beneficio para la actividad económica de ... (la entidad adquirida)».

Lugar de realización del hecho imponible en el caso de servicios de telecomunicaciones prestados de forma efectiva en el TAI, pero a través de intermediarios no establecidos en el TAI. TEAC R, (05-04-2011).
Las reglas de localización del hecho imponible de servicios de telecomunicaciones, contenidas en el artículo 70.Uno.8°.A) Ley 37/1992 deben aplicarse en relación con el destinatario y prestador intervinientes en la concreta operación que se analiza sin tener en cuenta operaciones anteriores o posteriores ni la condición del destinatario como destinatario intermedio o destinatario final de los servicios (STJCE, de 5 de junio de 2003, Design Concept). Cuando en aplicación de las anteriores reglas el servicio se localice fuera de la Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, y la utilización efectiva del servicio se produzca en el Territorio de Aplicación del Impuesto, resulta de aplicación la regla de cierre del artículo 70.Dos Ley 37/1992, que localiza el servicio, en esos casos, en el TAI siempre que el destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal y que la utilización efectiva se realice en el TAI. El artículo 70.Dos de la Ley 37/1992 constituye una excepción a las reglas anteriores (del artículo. 70.Uno) y localiza en el TAI los servicios prestados por el proveedor tanto al destinatario intermedio como al destinatario final, siempre que la utilización o explotación efectiva de los servicios tenga lugar en el TAI (STJCE de 19 de febrero de 2009, Athesia Druck). El caso concreto consistía en ventas realizadas por el reclamante de tarjetas de prepago de un operador de telefonía móvil español, ventas hechas a un cliente sito en Andorra, tarjetas que a su vez fueron vendidas por el cliente a terceros. No se discutía donde habían sido utilizadas las tarjetas, pues el propio reclamante reconocía que la mayoría de las tarjetas se habían utilizado en el TAI pero el reclamante sostenía la no sujeción al IVA porque la utilización de las tarjetas había sido realizada por terceros y no por su propio cliente.

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