edición: 3028 , Viernes, 14 agosto 2020
11/05/2009
OBSERVATORIO FISCAL

La Dirección General de Tributos y la retribución a Administradores

Datadiar.- Los administradores de las sociedades mercantiles se han quedado tranquilos después de que la Dirección General de Tributos publicase, el pasado 12 de marzo de 2009, un informe en el que declara que son deducibles por el Impuesto sobre Sociedades sus retribuciones. De esta forma se ha puesto coto a la intranquilidad que existía en las sociedades españolas, que tras las sentencias del Tribunal Supremo, de 13 de noviembre del Tribunal Supremo, se veían en la necesidad de modificar sus estatutos cada vez que hubiese cambios en los ingresos de los miembros del consejo de administración, para explicar con total transparencia la forma de calcular las retribuciones, o en su caso, se deberían considerar ‘liberalidad’ y, por consiguiente no serían posible su deducción del Impuesto.

Además, según la Ley 61/1978, vigente en el período afectado por las sentencias, para que un gasto fuera deducible tenía que ser obligatorio y, por ende, necesario. Para que fuera obligatorio, no bastaba con que los estatutos hagan una mención al carácter remunerado del cargo de administrador, sino que es necesario que los estatutos determinen con certeza dicha remuneración.

Las sociedades mercantiles han venido reflejando en los estatutos indicaciones básicas sobre las retribuciones de sus consejeros, pero era la junta general la encargada de aprobar los incentivos o reducciones que se consideraban precisas para incentivar la buena gestión o para afrontar las crisis, respectivamente.

El informe de la Dirección General de Tributos, de 12 de marzo de 2009, pone de nuevo las cosas en su sitio al afirmar que los gastos representativos de las retribuciones satisfechas a los administradores de sociedades mercantiles tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la normativa vigente regulada en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), cuando los estatutos establezcan el carácter remunerado del cargo, aunque no se cumpliera de forma escrupulosa con todos y cada uno de los requisitos que, para cada tipo de retribución, establece la normativa  mercantil”.

Considera Tributos, que a diferencia de la Ley 61/1978, el concepto de gasto necesario, en el sentido de obligatorio para la obtención de ingresos, se ha abandonado en el TRLIS, de manera que, tal y como señala su articulado, un gasto será deducible fiscalmente cuando esté correlacionado con los ingresos y siempre que no tenga la consideración de liberalidad.

Es por ello, que de la misma manera que los gastos "convenientes" no tenían la consideración de gastos deducibles por no ser necesarios según la Ley 61/1978, ahora sí tendrían tal consideración por no tener la condición de liberalidad de acuerdo con el TRLIS. En otras palabras, el concepto de "gasto necesario" ahora es más amplio para Tributos, de manera que resulta deducible un gasto, no sólo por ser obligatorio, sino por el mero hecho de estar correlacionado con los ingresos y no constituir una liberalidad.

Basa, además, sus argumentaciones en tres sentencias, una del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2003, y otras dos de la Audiencia Nacional, de 29 de junio de 2006 y de 30 de abril de 2007, en las que se analiza la Ley de 1995, y en las que se remite al concepto de gasto contable, como el que se realiza para obtener ingresos, superando  los criterios de obligatoriedad jurídica y los negativos de gastos convenientes.

En los foros de abogados y asesores fiscales existe un amplio debate de fondo sobre la procedencia de que la Dirección General de Tributos realice interpretaciones sobre las sentencias del Tribunal Supremo, aunque, como en este caso, hayan satisfecho a muchos.

El tema se ha solventado, desde un punto de vista jurídico, ‘cogido con los pelos’. La solución adoptada, es que se trata de un simple informe no de una consulta vinculante, de las que admite la Ley General Tributaria, puesto, que Tributos no ha respondido a ningún contribuyente, siguiendo los procedimientos ordinarios. En esta ocasión, se trata de una respuesta dirigida al  Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, que, por tanto no tiene carácter vinculante, aunque sí informativo y de intenciones con vistas a la opinión pública.

El tema ha quedado zanjado, por lo tanto, hasta que dentro de unos años, el Tribunal Supremo falle sobre este mismo asunto, pero con las leyes posteriores a la de 1978.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Cómputo del plazo para promover la tasación pericial contradictoria  en el supuesto de que se reserve el derecho a promoverla. D.G.T. C, 08-10-2008.
La consultante interpuso una reclamación económica administrativa ante el TEAR de Castilla y León por la liquidación practicada por la Junta de Castilla y León relativa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, donde se reservaba expresamente el derecho a promover tasación pericial contradictoria, solicitando que se procediese a la suspensión de la obligación del pago de la deuda como consecuencia de la reserva del citado derecho. 1ª. Determinar a partir de qué momento comienza el cómputo del plazo para el planteamiento de la tasación pericial contradictoria y si esta se puede simultanear con otros recursos y reclamaciones. 2ª. Si la suspensión de la ejecución de la liquidación a la que alude el artículo 135.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (BOE de 18 de diciembre), puede mantenerse en vía judicial en los términos del artículo 233 de la Ley General Tributaria.
 
La forma de pago de la tasa por estacionamiento de vehículos mediante la utilización de parquímetros no vulnera la legislación estatal, no considerándose el ticket como justificante de pago en los términos del artículo 41 del RD 939/2005. D.G.T. C, 28-10-2008.
Persona física obligada al pago de la tasa por estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la capital que tiene establecida el Ayuntamiento de Madrid. Si el Ayuntamiento de Madrid está obligado a emitir un justificante de pago que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41 apartado 3 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, así como a expedir certificación acreditativa de los pagos efectuados por la tasa por estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la capital.
 
Tribunales

Régimen de tributación de grupo. Sociedad matriz residente. Subfiliales residentes controladas a través de una filial no residente. T.J.C.E. S, 27-11-2008.
El artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se concede un régimen de imposición de grupo a una sociedad matriz residente en ese Estado miembro que controla filiales y subfiliales igualmente residentes en dicho Estado, pero se excluye para tal sociedad matriz si sus subfiliales residentes son controladas por medio de una filial residente en otro Estado miembro.

Están exentas de IRPF las percepciones económicas derivadas de la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial y Cruz de Oro del Mérito de la Guardia Civil a un funcionario del C. N. de Policía asesinado en atentado terrorista. T.S.J. CATALUÑA S, 30-4-2008.
Están exentas de tributación en IRPF las percepciones económicas derivadas de la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial y Cruz de Oro del Mérito de la Guardia Civil, pensionadas, concedidas al esposo de la recurrente, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, asesinado en atentado terrorista. Se declaran exentas porque la normativa de IRPF exige que la prestación sea por actos de terrorismo, y además porque la evolución legislativa ha llevado a considerar exentas las prestaciones por actos de terrorismo, cuando la obtención de renta se relacione con el presupuesto de la actividad terrorista, por ello se utiliza el amplio concepto de «prestaciones públicas», que comprende cuantos matices pudieran delimitar el objeto de la prestación, indemnización por compensación de muerte o lesiones, sistema público de pensiones o cualquier otro, y atiende al exclusivo factor de que la prestación tuviera como origen la actividad terrorista.
 
Tribunales Económico-Administrativos

La notificación del cambio de domicilio fiscal mediante el modelo 037 no produce efectos frente a la administración autonómica. T.E.A.C. R, 24-09-2008.
No procede ninguno de los motivos de oposición al apremio y, en concreto, no existe falta de notificación de la liquidación, pues aunque se había comunicado el cambio de domicilio fiscal a través del Modelo 037 a la AEAT, esta comunicación no produjo efectos frente a la Administración autonómica que es la que dictó y notificó la liquidación.

Es admisible la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) por una sociedad extinguida como consecuencia de una fusión impropia. T.E.A.C. R, 11-09-2008.
Se admite la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) por la sociedad que se extingue como consecuencia de una fusión impropia, ya que, aunque se haya pactado retroacción contable, debe cerrar cuentas y presentar declaración por el periodo que media entre el 1 de enero y la fecha de extinción de su personalidad y la sociedad absorbente asume el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de la Reserva y materialización de la misma conforme al artículo 104.1 de la LIS (Ley 43/1995). Respecto al requisito de mantenimiento de la RIC en el Balance en el caso de que la sociedad que dotó la Reserva sea absorbida, la absorbente no incorpora en su Balance las “reservas” de la absorbida pero debe dejar constancia en la Memoria a efectos de control y manifestación de voluntad de la Junta de asumir el cumplimiento de los requisitos que debían ser cumplidos por la absorbida.

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