edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
23/05/2017
LA OREJA DE LARRAZ

La directiva que armonizará las sanciones en el fraude del IVA ya tiene el visto bueno

Xavier Gil Pecharromán
Tras la aprobación por el Parlamento Europeo, el Consejo ha dado su visto bueno a la propuesta de Directiva sobre la protección de los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, realizada por la Comisión Europea.
En contra de la opinión inicial del Consejo de excluir el fraude del IVA del ámbito de aplicación de la Directiva, la posición del Consejo en primera lectura incluye también el delito de fraude grave del IVA en la Directiva, de modo que los Estados miembros tendrán que tipificar como infracción penal, como mínimo, los delitos de fraude contra el régimen común del IVA cuando estén relacionados con el territorio de dos o más Estados miembros y supongan un perjuicio total de al menos 10 millones de euros.

La Comisión era desde el principio de la opinión de que el fraude del IVA debía entrar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, como es el caso hoy día del Convenio. Se ha añadido en una definición específica del fraude con ingresos procedentes del IVA. No obstante, el ámbito de aplicación de la Directiva es limitado, puesto que la Directiva se aplicará únicamente cuando se trate de infracciones graves. Las infracciones se considerarán graves cuando tengan relación con el territorio de dos o más Estados miembros y supongan un perjuicio total por un valor mínimo de diez millones de euros.

La inclusión de al menos los casos graves de fraude transfronterizo del IVA en la Directiva es fundamental para la Comisión a fin de no retroceder respecto del nivel de protección del Convenio y seguir garantizando la aplicación de unas normas mínimas a los casos de fraude del IVA en toda la Unión y, por lo tanto, una protección uniforme y mejor de los intereses financieros de la Unión.

La Comisión admite que no todos los casos de fraude en el IVA, sino solamente los casos graves de fraude del IVA, están cubiertos por la Directiva y señala que el umbral de 10 millones euros está sujeto a una cláusula de revisión.

Se han actualizado ligeramente las definiciones de fraude y de corrupción activa y pasiva, que se ajustan en gran medida a las que figuran en el Convenio y sus protocolos. Se ha introducido una nueva infracción, la malversación, que abarca conductas de los funcionarios públicos que no constituyen fraude en un sentido estricto.

En lo tocante a las sanciones, la Directiva armoniza las sanciones penales máximas para las personas físicas, incluida una pena máxima de cuatro años de prisión, cuando los delitos a que se refiere la Directiva implican considerables daños o ventajas, o cuando otras circunstancias graves definidas en la legislación nacional justifiquen dicha sanción.

Si el Convenio omitía la cuestión de los plazos de prescripción, la Directiva introduce un nuevo conjunto de normas vinculantes sobre los plazos de prescripción, incluidas disposiciones en materia de interrupciones y suspensiones en relación con las infracciones penales que afecten al presupuesto de la Unión.

El Convenio no incluía disposiciones explícitas en materia de prescripción. En efecto, la Directiva introduce en el Derecho penal de la Unión las primeras normas vinculantes detalladas relativas a la prescripción. Los Estados miembros están obligados a establecer un plazo de prescripción que conceda a las autoridades competentes un plazo suficiente para perseguir las infracciones de manera eficaz, y a establecer un plazo mínimo de prescripción de al menos cinco años en caso de infracciones graves. Se ha introducido también una norma sobre la prescripción de la ejecución de las sanciones.

Las infracciones que supongan daños y perjuicios o ventajas considerables serán castigadas con mayor severidad, es decir con una pena máxima de al menos cuatro años de prisión.

Este conjunto de normas, considera el Consejo que permitirá a las autoridades judiciales y policiales investigar, perseguir y resolver eficazmente los delitos en cuestión, así como garantizar la aplicación efectiva de las sanciones impuestas.

El objetivo de la presente Directiva consiste en establecer las normas mínimas sobre la tipificación de los delitos, sanciones y plazos de prescripción en el ámbito de la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión, a fin de contribuir a una mayor protección contra los delitos que afectan a los intereses financieros, en consonancia con el acervo de la Unión en este ámbito.

El Consejo prevé que la Directiva mejorará el nivel de protección existente actualmente sobre la base del Convenio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, que la Directiva sustituirá para los Estados miembros vinculados por ella.

Finalmente, se introducen  nuevas disposiciones relativas a la obligación que tienen los Estados miembros, algunas agencias como Eurojust y la Comisión de colaborar entre sí, en el marco de sus respectivas competencias, en la lucha contra las infracciones penales establecidas en la Directiva. También se ha introducido la obligación, para el Tribunal de Cuentas y otros organismos de auditoría, de revelar hechos pertinentes.

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