edición: 2325 , Miércoles, 18 octubre 2017
10/12/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

La “discriminación ideológica” eleva a 26 años la pena impuesta al asesino de Carlos Palomino

DATADIAR
La sentencia núm. 419/2009, de 14 de octubre de la Audiencia Provincial de Madrid condena a 26 años de prisión al ex militar por el asesinato de Carlos Palomino, de 16 años, que tuvo lugar en la estación de metro de Legazpi, en Madrid, el 11 de noviembre de 2007. El tribunal considera que es culpable de asesinato con la agravante de discriminación ideológica, y le impone una pena de 19 años de prisión, más otros siete años por un intento de homicidio por la agresión a otro joven que intentó quitarle la navaja con la que apuñaló a la víctima. El Tribunal considera plenamente acreditada la ideología de ultra derecha del acusado. Y, considera que las extremas discrepancias de pensamiento constituyeron el móvil que guió la agresión.

Los hechos que se describen en el factum de la sentencia  relatan que el condenado, ex militar, se dirigía en metro a una manifestación convocada por Democracia Nacional, partido vinculado a la extrema derecha, cuando al observar que en el andén se encontraba un grupo de jóvenes, que por su apariencia externa identificó como de ideología antifascista, los cuales iban a tratar de boicotear la referida manifestación, y antes de que el tren se detuviese, sacó su navaja, situándose junto a una de las puertas del vagón, ocultando la misma en la cara posterior del antebrazo, esperando a que entrasen algunos de los jóvenes para agredir a cualquiera de ellos con el menor pretexto por su enfrentada divergencia de pensamiento. Entre los jóvenes, se encontraba uno que al acceder al vagón y percatarse que la estética de éste se correspondía con la de un skin neonazi, le preguntó sobre su sudadera en la que visiblemente figuraba: "Three-Stroke", marca que habitualmente usan personas de dicha ideología, a la vez que se la tocaba, ante lo cual el ex militar inmediatamente le asestó una fuerte puñalada en el tórax, con trayectoria de arriba-abajo, que penetró unos siete centímetros alcanzando el ventrículo izquierdo del corazón, y que le produjo la muerte poco después por un shock hipovolémico.

La agresión sufrida por la víctima fue alevosa. Existen tres modalidades de alevosía:

• "proditoria" o "traicionera" cuando concurre trampa, acechanza, insidia, emboscada o celada.

• "súbita" o "inopinada" en la que el ataque es sorpresivo, imprevisto, fulgurante y repentino.

• "desvalimiento" cuando se aprovecha una especial situación inicial de desamparo de la víctima por tratarse de persona indefensa por su propia condición (niño, anciano, inválido, ciego, etc) o por hallarse accidentalmente privada de aptitud para defenderse (dormida, drogada, sin conocimiento, anonadada, etc); no así cuando la situación de indefensión sea como consecuencia de una situación de acometimiento dirigida a vencer la natural resistencia inicial, que es continuada por el agresor para alcanzar su propósito sin ruptura de acción, que es la denominada alevosía sobrevenida.

El art. 22.1 CP señala que: "Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido." En función de tal definición, la jurisprudencia considera que para apreciar esta circunstancia es preciso: a) se trate de un delito contra las personas; b) se utilicen en su ejecución medios, modos o formas, que sean objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad; c) el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su utilización tendente a asegurar su ejecución, al impedir la defensa del ofendido,; y d) una mayor reprochabilidad de la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades. Elementos todos ellos que concurren en la agresión en este caso, porque a las circunstancias expuestas, se suma que el ataque fue completamente sorpresivo. La víctima se vio "completamente sorprendido" por la rapidez con la que se produjo el apuñalamiento, lo que le impidió cualquier reacción defensiva. El acusado, que permaneció en el vagón mientras sus "oponentes ideológicos" salían ante el temor de ser agredidos, siguió blandiendo la navaja y profiriendo "Sieg Heil", expresión empleada en la Alemania de Hitler.

En cuanto a la agravante de discriminación ideológica, se puede decir que se encuentra recogida en el art. 22.4 CP, que ha suprimido la limitación de los delitos en los que puede aplicarse, tipificando como agravante cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca. Se trata de una circunstancia que se fundamenta en la mayor culpabilidad del autor por la mayor reprochabilidad del móvil que impulsa a cometer el delito, pues es requisito para apreciar la agravante que aquella motivación sea la determinante para cometer el delito.

Como señala la STS 1145/2006, de 23 de noviembre, para su aplicación: “…será necesario probar no solo el hecho delictivo de que se trate así como la participación del acusado, sino también la condición de la víctima y además la intencionalidad, y esto es una injerencia o juicio de valor que debe ser motivada, art. 120.3 CE. Se trata en definitiva, de un elemento subjetivo atinente al ánimo o móvil especifico de actuar precisamente por alguna de las motivaciones a las que el precepto hace referencia, excluyendo, por consiguiente, aquellos supuestos en los que estas circunstancias carezcan del suficiente relieve o, incluso, no tengan ninguno. Resulta, por ello, innecesario señalar que no todo delito en el que la víctima sea una persona caracterizada por pertenecer a otra raza, etnia o nación o participar de otra ideología o religión o condición sexual, haya de ser aplicada la agravante. Se trata de una circunstancia que se fundamenta en la mayor culpabilidad del autor por la mayor reprochabilidad del móvil que impulsa a cometer el delito, siendo por ello requisito que aquella motivación sea la determinante para cometer el delito.”

La importancia de esta sentencia radica en que se trata de la primera vez que un tribunal madrileño ha reconocido la concurrencia de la agravante de discriminación ideológica u "odio ideológico". Las extremas discrepancias de pensamiento constituyeron el móvil que guió la agresión, explica la sentencia para aplicar la agravante de discriminación ideológica, solicitada por la Fiscalía y las acusaciones, y recogida en el Código Penal en el artículo 22.4.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN
 
Orden jus/242/2009, de 10 de febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo (B.O.E. núm. 39, de 14 de febrero de 2009)
El Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, establece en su artículo 13.1 que la transmisión de datos a los Registros Centrales se realizará a través de procedimientos electrónicos por el Secretario Judicial en el plazo de veinticuatro horas desde la firmeza de la sentencia o desde que se adopte la medida cautelar o sentencia no firme cuando se trate de inscripciones en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

Establece igualmente que cuando las circunstancias técnicas impidan esta transmisión podrá realizarse mediante la remisión al encargado del registro de los modelos aprobados por Orden del Ministro de Justicia. De la misma manera copia de los mismos se remitirán a la Policía Judicial a efectos de su ejecución y seguimiento.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de amenazas. Delito de coacciones. Prescripción. Principio acusatorio. Diferencia entre el delito de amenazas y el delito de coacciones. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 19 de junio de 2009
El delito de amenazas, exponente de los de peligro, presenta una nota común a todos los tipos contra la libertad de la persona, cual es la exteriorización de causar un mal al sujeto pasivo o a su familia siendo necesario que ese propósito llegue a conocimiento del amenazado, careciendo de importancia la forma de exteriorización de la amenaza, que puede realizarse a través de diversos medios comisivos. Sin embargo, el delito de coacción encierra en su tipología, como elemento esencial y característico, el de atentado a la libertad de la persona, y exige en sus delineamientos conceptuales la ausencia de toda legítima autorización en el sujeto activo, como elemento condicionante de la antijuricidad, el empleo de la fuerza física o material, presión o constreñimiento moral o intimidación en las personas o fuerza en las cosas como elemento material y, finalmente, que cada uno de esos medios comisitos representativos de la violencia, aislados o agrupados, se empleen para impedir al sujeto pasivo que haga lo que la Ley no prohíbe o le compeliere a hacer lo que no quiera, sea justo o injusto, presentándose este último elemento como presupuesto característico y finalístico de la acción. Tanto en uno como en otro caso, no existe una diferencia cualitativa entre el delito y la falta, puesto que, en última instancia, se distinguen en lo cuantitativo, por cuanto la dinámica, al ser la misma, sólo puede captarse y diagnosticarse a través de la violencia ejercida, tanto en su intensidad como en su gravedad, Por ello desde antiguo mantiene la jurisprudencia la homogeneidad entre los delitos de amenazas y coacciones. En síntesis, dice el Tribunal Supremo, que cuando se anuncia a otro un mal, o de sus actos se infiere tal anuncio, se están desbordando las previsiones típicas del delito de coacciones, cuya verdadera integración comprende un comportamiento que afecta a la libre voluntad, pero en el delito de amenazas la acción ha de llevarse a cabo más que por afectación de la voluntad por el temor que produce al sujeto pasivo el incumplimiento de lo requerido, temiendo por su vida o por la de personas próximas a él, de modo que no se trata ya de forzar su voluntad, sino su tranquilidad, al punto de ponerse en riesgo la vida o la integridad, que ha de integrar el objeto de la imputación.

Mercantil

Reclamación por un endosatario de importe de un pagaré. Libramiento por el administrador único de una sociedad: estampilla de la sociedad junto a la firma de éste.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 19 de mayo de 2009
Proceso cambiario. Pagaré. Libramiento por el administrador único de una sociedad con constancia junto a la firma de la estampilla de la entidad con los datos de ésta; innecesariedad de hacer constar las expresiones "por poder" o "p.p.". Infracción de doctrina jurisprudencial.

Según constante y uniforme jurisprudencia no puede impugnar la personalidad quien dentro o fuera del pleito la tuviera reconocida. TRIBUNAL JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencia de fecha: 20 de mayo de 2009
La doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de acreditar la representación del mandatario no se opone a que pueda admitirse la validez de un protesto levantado a instancia del tenedor de un pagaré en el que constaba una cláusula de aval subordinada al protesto, aunque sólo después del plazo de vigencia del aval se justificasen la condición de presidente de la entidad acreedora que el compareciente había manifestado tener.

Civil

Remuneración equitativa en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes por comunicación pública de las obras por parte de la empresa de televisión cesionario de la grabación audiovisual.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 7 de abril de 2009
Remuneración equitativa en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes por comunicación pública de las obras por parte de la empresa de televisión cesionario de la grabación audiovisual. Procedencia. Determinación de la remuneración equitativa con arreglo a criterios de equidad bajo control de la autoridad judicial teniendo en cuenta la comparación con las tarifas fijadas en convenios con otras productoras.

Reclamación de indemnización por la EGEDA por la retransmisión de las señales de televisión a los aparatos instalados en las habitaciones efectuada en los establecimientos hoteleros.   TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de mayo de 2009
Propiedad intelectual. Retransmisión de las señales de televisión a los aparatos instalados en las habitaciones efectuada en los establecimientos hoteleros. Reclamación de indemnización por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales -EGEDA-. Prescripción. Tarifas unilaterales y abusivas.

Laboral

El criterio por el que la Entidad Gestora decida si procede o no reconocer los efectos económicos al nuevo período de IT, no puede ser discrecional.. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 13 de julio de 2009
En el supuesto de que el derecho al subsidio se extinga por el transcurso del plazo máximo establecido en el apartado a) del número 1 del arto 128 y el trabajador hubiese sido dado de alta médica sin declaración de incapacidad permanente, sólo podrá generarse un nuevo proceso de incapacidad temporal por la misma o similar patología si media un período de actividad laboral superior a seis meses o si el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador, emite la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica incapacidad temporal.

No cabe admitir la legitimación activa de la Mutua para impugnar el acto de reconocimiento por el INSS de una pensión de incapacidad permanente por enfermedad profesional. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 14 de julio de 2009.
Para decidir sobre esta denuncia hay que tener en cuenta que el hecho causante de la prestación controvertida se produjo en el año 2007, antes de que entraran en vigor las modificaciones que en los artículos 68 y 201 de la Ley General de la Seguridad Social tuvieron lugar como consecuencia de la disposición final 8ª de la Ley 51/2007 y de la disposición final 3ª de la Ley 2/2008. De acuerdo con el régimen jurídico vigente, las Mutuas de Accidentes de Trabajo sólo asumían en la enfermedad profesional el coste de las prestaciones del personal al servicio de sus asociados en la incapacidad temporal y en el periodo de observación. Para el resto de las situaciones protegidas se limitaban a realizar “la contribución que se les asigne para hacer frente, en régimen de compensación, a la siniestralidad general derivada de la aludida contingencia” (artículo 68.3.b) de la LGSS).

Administrativo

Concentración parcelaria. Comunicación de los acuerdos recaídos en los procedimientos . TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 03 de junio de 2009
La Sentencia pretende poner fin a un doble criterio de la Sala en lo relativo a la comunicación de los acuerdos recaídos en los procedimientos de concentración parcelaria. Para ello, da por superada la doctrina que se conformaba, en línea con lo dispuesto en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, con la mera comunicación por edictos o mediante publicación oficial a propietarios y afectados, para exigir, en línea con lo dispuesto con carácter general en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones, la notificación individual. En consecuencia, anula el acuerdo de concentración parcelaria a que se contraen las actuaciones, ordenando reponer las actuaciones a fin de que la Administración notifique al recurrente el acuerdo de aprobación de las bases provisionales de la Concentración Parcelaria, a fin de que pueda impugnarlas y formular las peticiones que estime pertinentes.

Ejecución de sentencia firme anulatoria de un Estudio de Detalle. Incongruencia omisiva.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 17 de junio de 2009
Estima la casación y revoca los autos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia impugnados, dictados en ejecución de sentencia firme anulatoria de un Estudio de Detalle del Ayuntamiento de Vigo. Considera que los autos recurridos incurren en incongruencia omisiva al no resolver las cuestiones planteadas en el incidente ejecutorio por la Administración municipal demandada. Y añade que no es posible pretender en ejecución de la referida sentencia anulatoria de un estudio de detalle el derribo de los edfiicios construidos a su amparo con licencias de obras firmes. Ello en aplicación del principio de conservación de los actos firmes dictados en ejecución de una disposición general anulada judicialmente.

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