edición: 2850 , Miércoles, 20 noviembre 2019
23/03/2009

La división europea pone en peligro la guerra contra los paraísos fiscales

Xavier Gil Pecharromán

Las noticias sobre la persecución de los paraísos fiscales por la Unión Europea, que en un primer momento despertó el optimismo de que se trataba de una guerra abierta contra la competencia desleal en la fiscalidad de los Estados, ha empezado a ser interpretada como una auténtica cortina de humo. En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión ha gritado a los ‘cuatro vientos’ su intención de analizar la creación de un sistema de sanciones financieras para aquellos paraísos fiscales que se nieguen a cooperar en el intercambio de información tributaria. Merkel, Sarkozy y Brown también han manifestado en las últimas semanas su firme determinación de combatir los paraísos fiscales.

Sin embargo, aún no ha existido un precedente como ha ocurrido en Estados Unidos, en el que el presidente Obama ha obligado al banco USB a dar una lista de ciudadanos americanos que han defraudado al fisco y ahora espera una lista del total de los defraudadores a través de los paraísos fiscales.

Francia y Alemania no se conforman con lo obtenido y han pedido al anfitrión de la Cumbre del G-20, el Reino Unido, que predique con el ejemplo, ya que varios de sus territorios de ultramar están en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.
También el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, ha exigido que se aplique la misma moralidad a todos los países y que el Reino Unido, como en el caso de Jersey o Guernesey, y Estados Unidos, con islas vírgenes o islas caimán, terminen con sus propios paraísos fiscales.

Son pocos los que realmente creen que haya resultados concretos en la Unión Europea, entre otras razones, porque el 50% de las transacciones financieras mundiales se realizan a través de ellos, según datos del Fondo Monetario Internacional.

El anuncio de los paraísos fiscales y centros financieros de aumentar su información a otros países fue saludado por políticos y medios informativos de todo el mundo como un enorme avance, pero lejos de los grandes titulares, la realidad resulta mucho menos brillante.

La OCDE ha anunciado que está dispuesta  a establecer el adecuado seguimiento del despliegue de estas medidas anunciadas por Austria, Luxemburgo, Suiza, Andorra, Liechtenstein, Bélgica, Isla de Man, Islas Caimán, Singapur y Hong Kong ya que en la mayoría de ellos es necesario modificar profundamente su legislación y renegociar los actuales acuerdos fiscales con el resto de los países, lo que llevará algún tiempo.

Las explicaciones dadas en un primer momento de que el G-20 preparaba una lista negra con sanciones ha sido desmentida la por la OCDE, que ha mostrado cierta desconfianza ante la reacción de los países que han anunciado que aumentarán la información que dan a otros países, puesto que se trata de procedimientos de larga duración, que pueden ser  olvidados a partir del momento en que los gobiernos dejen de estar preocupados por sus ingresos, cuando lo peor de la crisis haya pasado.

Por ejemplo, el ministro de Finanzas de Suiza, Hans-Rudolf Merz, ha dicho que una reforma del secreto bancario de su país requeriría años y varios referendos. La propia OCDE ha anunciado que no se trata de eliminar el secreto bancario, tal y como ha venido intentando hasta ahora, sino que con el nuevo estándar de intercambio informativo que respetará el papel del secreto bancario, ya que se ofrecen amplias salvaguardias para proteger la confidencialidad de la información intercambiada.
 
En la práctica, todos los países tienen alguna forma de secreto bancario y todos los países reconocen la importancia de proteger la privacidad de la información fiscal. Por ello, el cumplimiento de esta norma no pone en peligro la confidencialidad de la información de los contribuyentes, sino que trata de garantizar que las autoridades fiscales tengan la información necesaria para aplicar plenamente las normas fiscales.

Recordemos: la organización Tax Justice Network calcula en 250.000 millones de dólares, unos 200.000 millones de euros, el volumen de fondos que dejan de percibir los estados por el negocio en los paraísos fiscales.

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