edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
01/06/2009
OBSERVATORIO FISCAL

La doctrina administrativa en los concursos de acreedores

DATADIAR
El aumento de los concursos de acreedores en los últimos meses somete a un constante examen a la legislación aplicable. Fruto de esta situación han sido las recientes novedades introducidas en la Ley Concursal y la necesidad de que algunos organismos traten de despejar las dudas que plantea el sistema. La Dirección General de Tributos, no ha podido abstraerse a esta exigencia y ha  respondido a diversas consultas vinculantes sobre algunos de los aspectos más controvertidos de la fiscalidad en situación concursal. Aclara que el momento en que se considera materializada una pérdida patrimonial originada en un proceso concursal a los efectos de su incorporación a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), será cuando quede acreditada la imposibilidad jurídica de cobrar. En estos casos, se produce en el periodo impositivo en el que se haya aprobado el convenio por el que se acuerde una quita o en el que se haya ejecutado la liquidación de la sociedad. Esta situación, por ejemplo, está afectando directamente a los afectados de los casos Afinsa y Forum Filatélico, que acaban de cumplir el tercer aniversario de sus intervenciones.

Basa su respuesta en el artículo 14.1 c) de la Ley del IRPF, al disponer que “las ganancia y pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial”. Será, por tanto, en la declaración de dicho periodo impositivo cuando se podrá cuantificar e imputar la pérdida patrimonial, total o parcial, por la diferencia entre el importe invertido y la cuantía de dicho importe que se prevea recuperar en el caso de quita o que se haya recuperado en el caso de liquidación.

Cuando es necesario modificar la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al dictarse un auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones sujetas, así como en los demás casos en que los créditos de las cuotas repercutidas sean total o parcialmente incobrables, quedará condicionada a que las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar hayan sido facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas por el acreedor en tiempo y forma.

Además, se tendrá que comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en el plazo de un mes, contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base imponible practicada, y hará constar que dicha modificación no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, a créditos adeudados o afianzados por entes públicos ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

Si el destinatario de las operaciones es empresario o profesional, también deberá comunicar a la AEAT que ha recibido las facturas rectificativas enviadas por el acreedor, y consignará el importe total de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación. Si el destinatario no lo comunica, el acreedor podrá modificar la base imponible de todas formas.

Cuando el destinatario no sea empresario o profesional, Hacienda podrá requerirle las facturas rectificativas que le tiene que remitir el acreedor.

La aprobación del convenio no afectará a la modificación de la base imponible del IVA ya efectuada.

El anticipo a cuenta que los afectados por la intervención judicial de una empresa pueden percibir de las entidades financieras adheridas a la línea de mediación establecida por el Gobierno con cargo a los reembolsos que en su día determinen los tribunales para los acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos por la administración concursal, podría plantear la duda de su consideración como renta a los efectos del IRPF.

Sin embargo, como el beneficiario pasa a adquirir la condición de deudor o prestatario con respecto a la entidad financiera del importe anticipado, no deberá computar en su declaración ninguna renta en especie como consecuencia de la percepción del citado anticipo.
 
Este cobro, tanto si es préstamo como crédito, no constituye, en cuanto al propio anticipo, un supuesto de obtención de renta Eso sí, cuando finalicen los procedimientos judiciales, la diferencia de valores entre “lo invertido” y “lo recuperado” dará lugar a una pérdida o ganancia patrimonial.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Los pagos correspondientes a la indemnización por lucro cesante y las costas judiciales, vinculados con un elemento afecto a la actividad, no se consideran pérdidas patrimoniales, sino que se valorarán por vía del rendimiento neto de la actividad. D.G.T. 7-10-2008.
El consultante ha ejercido una actividad de comercio al por menor en un local alquilado, determinando sus rendimientos en estimación directa. Al serle denegado por la propiedad el traspaso del local -por entender improcedente la prórroga forzosa-, se inicia un proceso judicial que finaliza con posterioridad al cese en la actividad y se le obliga a indemnizar a los propietarios por el lucro cesante (diferencia entre los alquileres realmente pagados y la hipotética renta que el arrendador dejó de percibir, todo ello por un período de 23 meses) y a pagar las costas judiciales. Posibilidad de considerar tales pagos como pérdida patrimonial.

A efectos de calcular el Grupo de parentesco en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la condición de hija de acogida de la causante no confiere ningún grado de parentesco. D.G.T. C, 16-10-2008.
La consultante es heredera y acogida de la causante.

Tribunales

Exención de las prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas. T.J.C.E. S, 11-12-2008.
El artículo 13, parte A, apartado 1, letra f), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta debe interpretarse en el sentido de que, a condición de que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta disposición, las prestaciones de servicios proporcionadas a sus miembros por agrupaciones autónomas se acogen a la exención prevista por dicha disposición, aunque estas prestaciones se faciliten a uno solo o a varios de dichos miembros.

Están exentas de IRPF las percepciones económicas derivadas de la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial y Cruz de Oro del Mérito de la Guardia Civil a un funcionario del C. N. de Policía asesinado en atentado terrorista. T.S.J. CATALUÑA S, 30-4-2008.
Están exentas de tributación en IRPF las percepciones económicas derivadas de la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial y Cruz de Oro del Mérito de la Guardia Civil, pensionadas, concedidas al esposo de la recurrente, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, asesinado en atentado terrorista. Se declaran exentas porque la normativa de IRPF exige que la prestación sea por actos de terrorismo, y además porque la evolución legislativa ha llevado a considerar exentas las prestaciones por actos de terrorismo, cuando la obtención de renta se relacione con el presupuesto de la actividad terrorista, por ello se utiliza el amplio concepto de «prestaciones públicas», que comprende cuantos matices pudieran delimitar el objeto de la prestación, indemnización por compensación de muerte o lesiones, sistema público de pensiones o cualquier otro, y atiende al exclusivo factor de que la prestación tuviera como origen la actividad terrorista.

Tribunales Económico-Administrativos

El procedimiento para exigir el pago a los socios de entidades disueltas y liquidadas no es el establecido para los casos de derivación de responsabilidad, sino el regulado para los sucesores en el artículo 15 del RD 1684/1990, General de Recaudación. TEAC R, 24-9-08.
El procedimiento para exigir el pago a los socios de entidades disueltas y liquidadas no es el establecido para los casos de derivación de responsabilidad, sino el regulado para los sucesores en el artículo 15 del Reglamento General de Recaudación (aprobado por Real Decreto 1684/1990), que es el que se ha seguido por la Administración tributaria. En cuanto a la alegación de prescripción, la única que puede alegarse es la que hubiera podido producirse a partir del momento en que se le comunica el inicio de actuaciones para exigirle el pago de las deudas tributarias.

La declaración de prescripción implica la extinción de la deuda exigible desde la fecha de notificación del acto impugnado, considerándose indebidos los embargos practicados con posterioridad. T.E.A.C. R, 10-09-2008.
La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que declara prescrito el derecho de la Administración para exigir la responsabilidad subsidiaria supone la extinción de la deuda desde la notificación del acto impugnado, por lo que todos los ingresos posteriores derivados de los embargos practicados deben considerarse indebidos y procederse por tanto a su devolución junto con los intereses que correspondan.

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