edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
20/02/2013

La eliminación de autorizaciones y licencias previas se introduce en la reforma municipal y se suma a la de otros proyectos en tramitación

Javier Ardalán
El borrador del anteproyecto de Ley de reforma de las entidades locales introduce medidas para favorecer la iniciativa económica privada, evitando las intervenciones administrativas consideradas desproporcionadas, se limita el uso de  autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en  los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo,  se suprimen monopolios municipales que venían heredados del  pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad.

El ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo por los ayuntamientos, aunque, no obstante, sí que podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada.

Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de las actividades económicas sólo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico-artístico.

La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán la potencia eléctrica o energética de la instalación; la capacidad o aforo de la instalación; la  contaminación acústica; la composición de las aguas residuales que emita la instalación y su  capacidad de depuración; la existencia de materiales inflamables o contaminantes; y las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del  patrimonio histórico-artístico.

En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra Administración, la entidad local deberá  motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la  autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente. En caso de existencia de licencias o autorizaciones.

Estas medidas serán complementarias de las incluidas en el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo (convalidado como proyecto de ley por el Parlamento) que elimina todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales.

En este paquete se incluyen también otras novedades normativas, como la Ley de medidas para mejorar la cadena alimentaria, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley del Agua o la de Costas.

Además, el Gobierno tiene intención de aprobar una reforma, consensuada con las comunidades autónomas, de la Ley de Comercio para liberalizar aún más los horarios comerciales y ampliar hasta la exageración el número de aperturas en domingos y festivos.

Pero, el mayor intento de eliminar las licencias y autorizaciones se incluye en el anteproyecto de Ley  de Garantía de Unidad de Mercado (actualmente en tramitación parlamentaria), que buscan que este mismo año ya sea  posible vender productos y servicios en todo el territorio del Estado con una sola licencia autonómica, según se establece en, que el Ministerio de Economía espera que pueda entrar en vigor en 2013.

Según esta futura normativa, todos los productos o servicios producidos al amparo de cualquier legislación autonómica podrán ofertarse en cualquier punto del territorio español, con una licencia única y sin necesidad de que el operador realice trámites adicionales.

Según los datos de la Comisión Europea sobre el exceso de fragmentación de los mercados, poder aprovechar plenamente las ventajas derivadas del ahorro de costes y la generación de mayores beneficios como consecuencia de la culminación de un mercado perfectamente integrado, en España podría suponer un incremento potencial de la economía de cerca de 45.000 millones de euros, y en el caso de la Unión Europea alcanzaría un 4,5 por ciento adicional.

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