edición: 2286 , Martes, 22 agosto 2017
10/10/2008

La eliminación de burocracia, nuevo escenario de la pelea por la financiación autonómica

Xavier Gil Pecharromán

Después de años amenazando con llegar a España, la conocida como Directiva de Servicios (la Directiva 2006/123 CE, aprobada por el Parlamento y el Consejo europeos y conocida de forma coloquial como Bolkestein, llega a España. Se trata de una norma que conlleva la desaparición de las barreras internas al comercio en el Mercado Interno comunitario, lo que se va a comenzar a notar en una serie de exigencias para eliminar trabas administrativas y, sobre todo la caída de impuestos y exigencias de carácter proteccionista o que rompan la unidad de mercado.

El vicepresidente Solbes prevé llevar al Consejo de Ministros del próximo día 26 de octubre la transposición de esta directiva europea, que supondrá la necesidad de modificar cerca de 7.000 normas para fijar la libertad de establecimiento, reducir los trámites para la creación de empresas y facilitar el libre acceso a actividades colegiadas. Entre las previsiones de Economía se encuentra es necesario cambiar 80 leyes estatales, 370 reales decretos y centenares de normas autonómicas.

El  objetivo de esta norma es facilitar el establecimiento de empresas en los estados miembros y agilizar, a través de la ventanilla única, los trámites administrativos, impedirá a las comunidades autónomas españolas limitar la promoción de centros comerciales en sus territorios por cuestiones económicas o demográficas.

De esta forma, van a desaparecer muchas tasas regionales, tal y como ocurre con la concesión de las dobles autorizaciones que afectan a las grandes superficies. La adaptación tiene que estar lista y en vigor antes de 1 de enero de 2010, tres años después de la puesta en marcha de la Directiva de Servicios en la UE.

Se trata de unas medidas que tienen un marcado espíritu recaudatorio por un lado y de defensa del pequeño comercio por otro. Además, suponen un incremento de la tributación muy importante para estas sociedades y en una herramienta de carácter inmobiliario, por otro, ya que la aceptación de la ubicación de cada uno de estos centros supone para cada Ejecutivo regional un importante cambio en la planificación de la zona de ubicación y un control sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios.

Un momento bastante incómodo para el Gobierno de Zapatero, ya que con la crisis económica, la negociación del nuevo sistema de financiación de comunidades autónomas y el de corporaciones locales han quedado aparcados hasta que soplen mejores vientos coyunturales.

Afectará a las comunidades autónomas más restrictivas, como es el caso de Cataluña, puesto que en ella no sólo se ha apostado por generar una moratoria que ha durado casi una docena de años y que ha impedido desde
1996 la apertura de una sola gran superficie, sino que, además, incluyó una tasa que venía a grabar su existencia y que, desde sus inicios se encontró con la oposición de las autoridades de la Competencia de Bruselas.

Por el contrario, Madrid, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana ya han comenzado a levantar estas barreras legislativas y se han situado por encima de la media nacional, que roza los 300 metros cuadrados de grandes superficies por cada 1.000 habitantes, según demuestran las estadísticas del sector.

Para el Gobierno, a parte de los enfrentamientos que su elaboración va a suponer con las comunidades autónomas (fundamentalmente Cataluña y Baleares), el sector servicios es un sector el de servicios es un sector que genera el 60% del PIB y casi el 70% del empleo, lo que lo convierte en estratégico en plena crisis del ladrillo.

El debate financiero está servido, justo antes de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. El nuevo pulso será mucho más importante de lo que se puede intuir a primera vista.

El PP, por su parte, se ha mostrado de acuerdo desde la aprobación de la Directiva en 2006 con su transposición, pero en Génova existen recelos de que el Gobierno pueda querer que la transposición vaya más a allá de lo que dice la propia directiva.

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