edición: 2977 , Viernes, 29 mayo 2020
27/02/2013

La empresa que modifique un producto de forma que pueda afectar a sus requisitos de seguridad será considerada fabricante

Javier Ardalán
La empresa que introduzca un producto en el mercado con su propio nombre o marca, o lo modifique de manera que pueda afectar al cumplimiento de los requisitos de seguridad, deberá considerarse su  fabricante y asumir las  obligaciones que como tal le correspondan, según se establece en el nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los productos de consumo.

El presente Reglamento debe aplicarse a aquellos productos de consumo que, aun no siendo productos alimenticios, parecen serlo y pueden confundirse con ellos, de tal modo que los consumidores, especialmente los niños, pueden llevárselos a la boca, chuparlos o ingerirlos, lo cual puede provocar, por ejemplo, asfixia, intoxicación o perforación u obstrucción del tubo digestivo.

Los productos que imitan alimentos han estado hasta ahora regulados por la Directiva 87/357/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre  los productos de apariencia engañosa que ponen  en peligro la salud o la seguridad de los consumidores, que debe ser derogada.

También se aplicará a los productos de segunda mano que vuelven a entrar en la cadena de suministro en el transcurso de una actividad comercial, excepto aquellos de los que el consumidor no puede razonablemente esperar que cumplan las normas de seguridad modernas, como son las antigüedades.

Antes de introducir un producto en el mercado, los importadores se asegurarán de  que cumple la obligación general de seguridad Si considera o tiene motivos para creer que un producto no es conforme con el presente Reglamento, no lo introducirá en el mercado hasta que no sea conforme. Por otro lado, si el producto no es seguro, informará de ello a las autoridades de vigilancia del mercado del Estado miembro en el que esté establecido y al fabricante.

Además, deberán indicar su nombre, su nombre comercial registrado o su marca registrada y su dirección de contacto en  el producto o, cuando no sea posible, en su envase o en un documento que lo acompañe. Velarán por que la información de la etiqueta proporcionada por el fabricante no quede oculta por otras etiquetas.

Se asegurarán, además, de que sus productos vayan acompañados de instrucciones e información de seguridad escritas en una lengua fácilmente comprensible para los consumidores, según determine el Estado miembro donde se comercialicen, salvo cuando puedan utilizarse con seguridad y según lo previsto por el fabricante sin necesidad de tales instrucciones e información de seguridad.

Los Estados miembros deberán informar a la Comisión de las disposiciones que adopten para determinar las lenguas exigidas.

Mientras sean responsables de un producto, los importadores se asegurarán de que las condiciones de almacenamiento o transporte no comprometen su cumplimiento de la obligación general de seguridad exigida por el Reglamento.

Para evaluar si un producto es seguro se deben tener en cuenta sus características, entre ellas su composición, envase e instrucciones de montaje y, si procede, de instalación y mantenimiento; su efecto sobre otros productos, cuando  sea razonablemente  previsible que se utilice con ellos; su presentación, etiquetado, posibles advertencias e instrucciones de uso y eliminación y cualquier otra indicación o información a su respecto; las categorías de consumidores que corran riesgo al utilizarlo, en particular los consumidores vulnerables; y, además, su apariencia, en particular cuando, no siendo un producto alimenticio, parezca serlo y pueda confundirse con uno debido a su forma, olor, color, aspecto,  envase, etiquetado, volumen, tamaño u otras características.

Este Reglamento derogará dos Directivas actuales, por una parte, la Directiva 87/357/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos de apariencia engañosa que ponen en peligro la salud o la seguridad de los consumidores, y de otra parte, la Directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo, relativa a la seguridad general de los productos.

La Comisión Europea considera que la presente propuesta contribuye a simplificar la legislación de la UE y observa los principios de la normativa inteligente. Al preparar esta propuesta, la Comisión ha tenido en cuenta los importantes avances de la legislación sectorial dirigida a garantizar la seguridad de los productos, que no suele distinguir entre productos destinados a los consumidores y productos destinados a usuarios profesionales.

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