edición: 2943 , Miércoles, 8 abril 2020
21/07/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La exclusión de competidores se ha convertido en el delito contra la competencia más habitual en la UE

Xavier Gil Pecharromán

La exclusión de los competidores y la limitación de la competencia efectiva en el mercado comunitario han supuesto durante los últimos diez años el 84 por ciento de las actuaciones de Competencia en asuntos transfronterizos.

En este periodo, la Comisión se enfrentó a prácticas de exclusión como la negativa a negociar, los descuentos, las prácticas de vinculación y venta por paquetes, la compresión de márgenes y las cláusulas de exclusividad, así como a formas menos convencionales, tales como la realización de pagos para aplazar o cancelar el lanzamiento de los productos de un competidor. Los asuntos de explotación abusiva, como los precios excesivos (16%), se trataron con menor frecuencia.

En el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 31 de diciembre de 2013, se registraron unos 780 asuntos investigados por la Comisión (122) y por las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros –ACN- (665).

La Comisión ha dado prioridad a la lucha contra los cárteles, que son las infracciones contrarias a la competencia más perniciosas. Para la Comisión, representan casi el 48% de su actividad de aplicación. La Comisión y las ACN han desarrollado y adaptado sus programas de clemencia, que son una herramienta importante para descubrir otros cárteles, y han reforzado su capacidad de investigarlos, en particular mediante nuevas tecnologías y medios eficaces de recopilación de datos digitales.
 
Los otros acuerdos horizontales representan el 15% de la actividad de aplicación de la Comisión. La Comisión se ha enfrentado a prácticas que tenían consecuencias importantes para los consumidores, por ejemplo, las cláusulas de inhibición de la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la fijación de precios horizontal en el sector de los pagos.
 
Los acuerdos verticales representan el 9% de las actividades de la Comisión e incluyen las restricciones con graves efectos anticompetitivos entre los fabricantes de automóviles y sus socios del mercado posventa destinadas a excluir de ese mercado a los talleres de reparación independientes.
 
Al igual que la Comisión, las ANC también centraron en los cárteles sus esfuerzos por hacer cumplir la normativa (27%). Además, las ANC se enfrentaron a un número significativo de otras prácticas horizontales (19%), entre ellas intercambios aislados de información que no formaban parte de un acuerdo de cártel más amplio.
 
Las ANC también fueron muy activas a la hora de hacer frente a prácticas verticales 27%), en particular, imposición de precios de reventa, modalidades de distribución exclusiva y compra exclusiva contrarias a la competencia y restricciones del comercio paralelo.

Del mismo modo, la mayoría de las decisiones previstas de las ANC se referían a prácticas de exclusión abusiva (65%). También se enfrentaron a una elevada proporción de asuntos de explotación abusiva unida a una exclusión abusiva (22%) y a casos relativos únicamente a explotación abusiva (15%).

Las prácticas excluyentes examinadas por las ANC incluyen toda la gama de abusos clásicos así como formas menos típicas como la denigración de productos de los competidores. Los asuntos de explotación abusiva planteados por las ANC incluyen la fijación de precios excesivos por parte de los productores dominantes de energía y las tarifas excesivas impuestas por las entidades de gestión colectiva.

El instrumento más importante de aplicación de las normas de competencia de la UE, tanto para la Comisión como para las ANC, son las decisiones de prohibición. La utilización de estas decisiones por parte de la Comisión se vio facilitada por la introducción del procedimiento de transacción en casos de cártel. Este procedimiento expeditivo también existe en varios Estados miembros.

La legislación de la UE no regula ni armoniza las sanciones por incumplimiento de las normas antimonopolio de la UE. Los Estados miembros deben velar por que se disponga de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Independientemente  de las sanciones que imponga una jurisdicción, se admite generalmente que la aplicación de la legislación antimonopolio no puede ser eficaz si no es posible imponer a las empresas multas civiles/administrativas disuasorias.

El haber prestado una atención permanente a disponer de sanciones eficaces ha contribuido a lograr un alto nivel de convergencia voluntaria, y muchas ANC usan un método básico similar para la fijación de las multas. Aún existen divergencias con respecto a los principios en los que se sustenta el cálculo de las multas, como la base utilizada para el cálculo del importe básico de la multa y el método para tener en cuenta la gravedad y la duración.

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