edición: 3100 , Miércoles, 2 diciembre 2020
05/07/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La exclusión de un administrador con más del 25% del capital por infringir la prohibición de competencia requiere un fallo judicial

Javier Ardalán

La exclusión de un administrador social que infringió la prohibición de competencia  requiere en primer lugar de un acuerdo de la junta de socios y, además, si tiene una participación igual o superior al 25% del capital social, de no estar conforme, se exige una resolución judicial firme, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de mayo de 2013. La Ley establece un mecanismo de defensa del socio que ostenta una participación significativa, igual o superior al 25% del capital social y no se conforme con el acuerdo de exclusión, al exigir que éste se complemente con una resolución judicial firme que dé efectividad al acuerdo de exclusión, como garantía de que la privación del derecho de voto del socio cualificado no deje tan sólo en manos de los restantes tan radical decisión.

La resolución judicial, en cuanto requisito necesario para la eficacia del acuerdo, ha de considerarse que tiene eficacia constitutiva y, por tanto, sus efectos han de producirse desde ese momento, por lo que en tanto no recaiga, el socio en proceso de exclusión conserva todos sus derechos, entre ellos el de votar en las propuestas posteriores al acuerdo de exclusión.

Este carácter constitutivo de la resolución judicial no sólo debe determinar, como declaramos en aquella ocasión, que pueda ejercitar los derechos de socio hasta que se haga efectiva la exclusión con la firmeza de la resolución judicial, sino que la valoración de sus participaciones ha de referirse a ese momento, en que deja de ser socio.

El ponente, el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, estima que su exclusión, aunque opere como una sanción al quebrantamiento de una prohibición legal, como es el caso, no priva al excluido del derecho a ser reembolsado con el valor de sus participaciones, y a tal efecto la legislación establece unas reglas de valoración.

No se discute que se hayan seguido estas reglas, sino si la valoración debe referirse al momento en que la junta de socios acordó la exclusión del socio o al momento posterior en que la sentencia judicial resolvió sobre la procedencia de la exclusión.

La ausencia de una previsión legal específica nos lleva a que deduzcamos este momento de la interpretación que esta Sala ha hecho de los efectos de la exclusión, cuando se hace precisa la resolución judicial por ser el socio titular de una participación igual o superior al 25% y no estar de acuerdo con el acuerdo de exclusión.

En estos  casos, en la sentencia de 776/2007, de 9 de julio, del propio Tribunal Supremo expresamente se atribuye carácter constitutivo a la sentencia firme y se difieren los efectos de la exclusión, esto es, la pérdida de la condición de socio, y con ella de todos los derechos que lleva consigo, a la firmeza de la sentencia. Resulta una lógica consecuencia de lo anterior, que el valor razonable de las participaciones del socio excluido se refiera al momento en que deja de serlo, que coincide con la firmeza de la sentencia.

En la medida en que la sentencia recurrida sigue esta interpretación y no contradice ninguno de los preceptos legales invocados, que, como hemos expuesto, no permiten extraer ninguna regla respecto del momento al que hay que referir la valoración de las participaciones del socio excluido, procede desestimar el recurso de casación.

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