edición: 2286 , Martes, 22 agosto 2017
09/10/2008
Observatorio Jurídico

La existencia de pérdidas justifica la reducción de plantilla

Datadiar

La actual situación de crisis en el que se encuentra sumida nuestra economía ha determinado que los despidos basados en circunstancias económicas (Expedientes de Regulación de Empleo o extinciones por causas objetivas) hayan experimentado una progresión insólita. Nuestro derecho permite que aquellas empresas que se encuentra inmersas en circunstancias económicas “peligrosas” puedan prescindir de algunos de sus empleados en la idea de que la reducción de plantilla conducirá al sostenimiento de la empresa y, por tanto, al mantenimiento del empleo restante. Lo que caracteriza a este tipo de extinciones es que la indemnización a abonar al  trabajador es notablemente inferior a la que se fija para el despido “ordinario”

En cualquier caso para recurrir a estas figuras, que permiten aligerar la indemnización que debe abonarse al trabajador, es preciso acreditar que concurren las causas económicas que motivaron tal extinción. Y en relación con esta “acreditación” resulta obligado hacer referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a realizar algunas precisiones sobre el tema.

El Estatuto de los Trabajadores dispone que para que exista una necesidad objetiva de amortizar puestos de trabajo, el empresario deberá acreditar que la decisión extintiva basada en causas económicas se realiza con la finalidad de contribuir a la superación de una situación económica negativa. Esto ha venido siendo interpretado por algunos tribunales en el sentido de que al empresario no le basta con probar la existencia de unas pérdidas económicas sino que, además, deberá acreditar que la amortización del puesto de trabajo constituye una medida suficiente y adecuada para superar la crisis, lo que, normalmente, requerirá la adopción de otras medidas que garanticen la superación de dicha situación.

En el supuesto concreto que la sentencia trae a colación STS (Sala 4ª) de 11 de junio de 2008, nos encontramos ante una empresa que lleva varios años sufriendo pérdidas económicas, por lo que ha procedido a la supresión de varios puestos de trabajo, a fin de intentar superar la situación negativa en la que se encuentra inmersa. No obstante, la sentencia recurrida ha considerado que no se ha probado que con la amortización de los puestos de trabajo se obtenga una mejora de la situación económica y se vayan a solucionar el resto de los problemas existentes, porque, aunque con esa medida se aligera la situación financiera, no se da una solución que ayude a superar la falta de rentabilidad o de eficiencia de la explotación, ni queda demostrado que por si sola tal medida ayude a solventar la problemática general existente.

La cuestión consiste, por tanto, en determinar si el empresario, cuando procede a una extinción contractual fundada en causas económicas, para justificar su decisión le basta con probar la existencia de pérdidas económicas o además debe acreditar que la amortización del puesto de trabajo constituye una medida suficiente y adecuada para mejorar su situación lo que, normalmente, requerirá acreditar que se van a adoptar otras medidas adicionales.

Así expuesto el problema, el alto tribunal va a inclinarse por sostener que en los casos de pérdidas continuadas y cuantiosas deberá presumirse, en principio, que la amortización de los puestos de trabajo sobrantes constituye una medida que coopera a la superación de la situación económica negativa. El razonamiento en que se apoya el tribunal es que la amortización de los puestos sobrantes en una empresa comporta automáticamente una disminución de la partida de costes de personal, que contribuye directamente a aliviar la cuenta de resultados, sin que el que el empresario esté obligado a presentar un plan de viabilidad que contemple la adopción de otras medidas, aparte de la extinción o despido acordado.

Por lo tanto, la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas considera que cuando una empresa se encuentra inmersa en una situación de crisis económica, que se manifiesta en perdidas constantes y continuadas, no será necesario para amortizar puestos de trabajo por causas económicas probar que tal medida contribuye a asegurar la viabilidad de la empresa; bastará con acreditar la existencia de tales pérdidas para estimar que los despidos contribuyen por si mismos a superar la crisis, sin que sea preciso aportar otras medidas que garanticen la superación de la situación negativa en que se encuentra hundida la empresa.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. (B.O.E. nº. 116 de 13 de mayo de 2008)
 Los trabajadores que hayan sido adecuadamente formados conforme a lo previsto en esta instrucción técnica complementaria, superando los niveles de conocimientos establecidos por el personal docente, recibirán una acreditación documental de ello, expedida por la empresa si ésta hubiera utilizado medios propios para la impartición de la formación, o por la entidad encargada por ella para hacerlo, en caso de haber recurrido a medios ajenos. Esta formación se anotará y certificará en la cartilla de formación profesional propia de cada trabajador.

ORDEN FORAL 156/2008, de 15 de mayo, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula la publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales y se crea el correspondiente Registro. (BON nº 73 de 13 de junio de 2008)
Se crea el Registro de sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, adscrito a la Dirección General competente del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo.
El Registro contará con un libro de inscripción cuyo contenido será público y se instalará en soporte informático. Los asientos contendrán los datos señalados en el artículo anterior.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsedad en documento oficial. Predeterminación del fallo. Derecho a la tutela judicial efectiva. Doctrina jurisprudencial. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 5 de mayo de 2008
Pero no existe ningún vicio procesal cuando su concurrencia o falta  se afirma entre los hechos probados. En estos casos,  cuando la presencia del dolo o del elemento subjetivo del injusto ha sido objeto de debate, lo que no está permitido es realizar la  afirmación de su concurrencia o no  en los hechos probados de modo gratuito, es decir, sin explicar por qué se realiza tal  afirmación que  ha sido cuestionada por la parte. Esta explicación forma parte de la motivación que toda sentencia debe  contener        (art. 120.3 CE        ) y ordinariamente esa intención o propósito ha de inferirse de los datos objetivos o circunstancias que  rodearon el hecho por la vía de la prueba de indicios.

Mercantil

Se han de imponer por ello a la entidad financiera demandada las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 12 de mayo de 2008
"..habiéndose solicitado por los demandantes información documental sobre una operación (cancelación del depósito realizada en fecha 30-11-89) en un momento muy posterior al vencimiento del plazo durante el que la demandada estaba obligada a conservar la documentación y justificantes de la misma (30-11-95), esta circunstancia lleva a modificar la inicial conclusión sobre la carga probatoria, impidiendo que de la falta de prueba, propiciada por la incomprensible demora en la solicitud de información por los demandantes, pueda derivarse perjuicio material alguno para la parte demandada, debiendo ser la parte actora la que peche con las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba o, lo que es más preciso, de la imposibilidad sobrevenida de dicha prueba..."

No se cumple el requisito de la prueba irrefutable de los supuestos o ardides o artificios fraudulentos que habrían servido de medio o instrumentos para la obtención de la sentencia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 15 de mayo de 2008
Requiere la prueba irrefutable de la existencia de ardides, artificios fraudulentos o asechanzas en virtud de los cuales hubiera sido obtenida la sentencia, de su utilización en el procedimiento jurisdiccional a que la misma hubiese puesto término, en términos tales que hubieran torcido erróneamente la voluntad del juzgador, y de la existencia de un eficiente nexo causal entre el proceder malicioso y la resolución judicial.

Civil

Sociedad de gananciales. Liquidación. Inadecuación de procedimiento.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 5 de junio de 2008
Si bien es cierto que el artículo 1410 CC, relativo a la liquidación de la sociedad de gananciales remite en lo que se refiere al inventario, tasación y venta de los bienes, etc. a las reglas establecidas en la LEC para la partición y liquidación de la herencia, no lo es menos que en la ley procesal no existe una norma concreta que se refiera al procedimiento en caso de desacuerdo manifiesto en la fase de formación del inventario, por lo que "tampoco existe impeditivo legal alguno ni obstáculo procesal para que en este supuesto la concreción del activo y del pasivo de la sociedad de gananciales se dilucide previamente acudiendo al juicio declarativo de la cuantía que corresponda (artículo. 1059 LEC)".

No cabe la invocación del Art. 1214 C.c. en sede de casación.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 5 de junio de 2008
El artículo 1214 del Código Civil no contiene ninguna norma valorativa de prueba, sino que solamente determina a quién incumbe la carga de la misma, por lo que sólo es invocable en casación cuando la Sala de instancia, desconociendo dicha norma distributiva del "onus probandi", haya hecho recaer las consecuencias de una falta de prueba sobre la parte a la que no incumbía la carga de la misma.

Laboral

En el presente caso no puede apreciarse que la omisión del trámite de audiencia haya provocado indefensión, por lo cual no procede la nulidad de la resolución administrativa que impuso el recargo de prestaciones a la empresa. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 09 de mayo de 2008
La sentencia recurrida estima el recurso de la empresa y declara la nulidad de pleno derecho de la resolución administrativa por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Razona la Sala que no dar audiencia al expedientado y no comunicarle si se aceptan o rechazan las pruebas que ha propuesto le coloca en una situación de indefensión objetiva, pues el oir al expedientado es la base y principio inspirador del procedimiento como garantía jurídica.

Recargo de prestaciones derivadas de accidente de trabajo. Supuestos en los que la responsabilidad alcanza a la empresa principal con carácter solidario. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 14 de mayo de 2008
Esta doctrina aplicable al caso de autos, en donde no se puede afirmar que el empresario principal sea el empresario infractor, a los efectos del art. 123 LGSS de 1994, (antes 93-2 LGSS de 1974 ), lleva a la estimación del recurso de la empresa recurrente y a la casación y anulación de la sentencia recurrida, y a que estimando el recurso de suplicación de la misma se revoque la sentencia del Juzgado parcialmente, absolviendo a la ahora recurrente de la responsabilidad solidaria decretada, manteniendo todos los demás pronunciamientos y condenas de la de instancia

Administrativo

Responsabilidad patrimonial por deficiencias y carencias en las infraestructuras urbanísticas de una urbanización. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 03 de junio de 2008
Se declara la existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración por el anormal funcionamiento, del deber de vigilar, controlar y exigir al Promotor la correcta ejecución de las infraestructuras urbanísticas cuya implantación en el sector venía exigida por el planeamiento, y por el abandono de sus competencias en materia de Disciplina Urbanística. Obligación de indemnizar los daños causados, ejecutando, con cargo a los Presupuestos municipales, las infraestructuras no implantadas en la urbanización.

Responsabilidad patrimonial. Prescripción de la acción no acreditada. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 12 de junio de 2008
La causa inmediata de las lesiones fue consecuencia de la acción de otro bañista, que se tiró al agua de forma que el propio Tribunal "a quo" califica de peligrosa y negligente, pero sin embargo no la reputa de envergadura suficiente para romper el nexo causal entre la negligencia que imputa al socorrista municipal (por permitir una práctica de baño inadecuada y no ejercer de manera adecuada las funciones de vigilancia) y el resultado lesivo ocasionado y rechaza por ello cualquier posible concurrencia de culpas, al entender que la actuación del socorrista no fue algo ocasional y aislado, sino una forma de actuar habitual y generalizada consintiendo a los bañistas conductas como la que determinó el resultado lesivo.

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