edición: 2515 , Lunes, 23 julio 2018
15/07/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

La existencia de un litigio sobre la propiedad de una cosa no elimina la facultad de disposición de su dueño

DATADIAR
La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Fuengirola desestimó la demanda de juicio ordinario pidiendo que se declarara la validez de un contrato de compraventa y estimó la demanda reconvencional presentada por una de las demandadas y declaró resuelto el contrato de compraventa por incumplimiento.

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación deI vendedor, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga, dictó Sentencia desestimándolo. 

Interpuesto recurso de casación por la sociedad, fueron conocidos por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 24 de mayo de 2010, resolvió los mismos.

El planteamiento del primer motivo del recurso de casación denuncia la infracción del Art. 1291.4 CC y de la jurisprudencia que lo desarrolla pues a pesar de que la sentencia considera que concurren todos los requisitos necesarios para que haya lugar a declarar la rescisión solicitada, no lo hace. Dice que lo que verdaderamente le interesa es que se cumpla el contrato de compraventa si la primera demanda fuera aceptada por el TS. Dice que de acuerdo con la jurisprudencia, se dan todos los requisitos exigidos para que se produzca la rescisión: i) se trata de una cosa litigiosa; ii) los contratos cuya rescisión se solicita han sido celebrados en el procedimiento anterior y la cosa es litigiosa por el hecho de ser objeto de litigio, y iii) esta parte no prestó consentimiento. Añade que lo decisivo no es que el adquirente de la cosa litigiosa se haya subrogado o no en la posición del vendedor, sino el hecho de haberse realizado una transmisión que implica una alteración de los términos en que se encontraba el debate.

Señala el ponente, que la rescisión del Art. 1291.4 CC se refiere a cosas litigiosas, por lo que sólo podría rescindirse la venta o adjudicación de la finca y no la constitución, escisión y otros negocios referidos a las sociedades, tal como afirma la sentencia de 28 septiembre 2000, que niega la rescisión de los acuerdos tomados por una Junta General. Por tanto, sólo debemos tener en cuenta la rescisión de los negocios sobre la finca, que se fue transmitiendo entre las nuevas sociedades, sin haberse pedido autorización para ello.

La rescisión que se puede producir cuando se vende una cosa objeto de un litigio, fue una novedad del Código civil y como afirma la jurisprudencia, "con ella se trata de evitar una defraudación potencial de los derechos de un tercero, el demandante, que espera ser beneficiado por la decisión judicial que ponga fin al litigio a que se encuentra sometida la cosa". Se trata por tanto, de una acción que pretende prevenir la posible inutilidad del litigio cuando la cosa que es objeto del mismo ha sido enajenada y, en consecuencia, eliminada de la litis. Los requisitos para que se produzca serán tres: i) que el contrato celebrado entre el propietario demandado y el tercero se refiera a la cosa que es objeto del pleito; ii) se requiere además, que se haya celebrado por el demandado, siendo indiferentes al demandante los pactos a que hayan llegado las partes en relación a la litigiosidad por ser res inter alios acta, y iii) que la enajenación haya tenido lugar sin el conocimiento del demandante o sin la autorización judicial. Ello implica que no es suficiente para evitar la rescisión, que la venta del demandado al tercero se haya realizado con publicidad, sino que requiere el conocimiento del demandante o a falta del mismo, autorización judicial.

La doctrina jurisprudencial entiende que la existencia de un litigio sobre la propiedad de una cosa no elimina la facultad de disposición de su dueño; ante el dilema de conservar la cosa en previsión de la solución final del pleito que recae sobre ella y el ejercicio de la facultad de disponer, la ley establece diversos sistemas de protección: o bien la adopción de medidas cautelares, o bien la rescisión de las transmisiones efectuadas en el periodo de litigiosidad. Las medidas cautelares son previas y tienen como finalidad enervar la buena fe de terceros adquirentes, evitando con ello la aplicación del Art. 1295 CC cuando se trata del ejercicio de la acción de rescisión. Pero cuando estas medidas no se han adoptado, la ley prevé aun un sistema de protección del demandante que vence en el pleito, permitiéndole pedir la rescisión de aquellos actos de disposición efectuados. La rescisión prevista en el Art. 1291,4º CC constituye un supuesto semejante a la acción pauliana, de modo que rescindido el título del comprador, le queda al demandante perjudicado la posibilidad de obtener satisfacción con las cosas enajenadas o bien, si ello no es posible, obtener la compensación prevista en el Art. 1295.3 CC.

Sin embargo, como aclara la STS de 24/05/2010, la Sala 1ª del Tribunal Supremo esta solución no es posible en el presente recurso de casación por las siguientes razones:

1º La finca está en manos de terceros, cuya mala fe no se ha probado, por lo que se entraría de lleno, en su caso, en lo dispuesto en el Art. 1295.2 CC.

2º No se ha producido ningún perjuicio al demandante con la transmisión de la finca a las sucesivas sociedades adquirentes. Declarada esta circunstancia, no se produce ningún perjuicio a la demandante con la sucesiva venta de la finca, ya que nunca podrá obtenerla al haberse declarado resuelto el anterior contrato por su propio incumplimiento.

3º El segundo pleito, al que corresponde este recurso de casación, se ha interpuesto preventivamente en aplicación de las declaraciones de esta Sala de que las cosas son litigiosas desde que se interpone la demanda, por lo que si el primer pleito no ha admitido el derecho reclamado por el demandante en relación a aquella cosa, no se produce el supuesto previsto en la ley, como ha ocurrido en el presente caso.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia de Cataluña. (DOGC nº 5641 de 2 de junio de 2010). (BOE nº 156 de 28 de junio de 2010).
La presente ley constituye uno de los hitos más importantes en la intensa y destacada tarea legislativa que ha venido llevando a cabo el Parlamento de Cataluña en el ámbito de la atención y la protección del niño y el adolescente. Desarrolla el artículo 17 del Estatuto de autonomía de Cataluña, que reconoce el derecho de toda persona menor de edad a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social, y halla su fundamento competencial en el artículo 166.3 y 4 del propio Estatuto, que atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de protección de menores y de promoción de las familias y de la infancia. Ya con la Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de menores, Cataluña fue la primera comunidad autónoma del Estado español que aprobó una regulación, moderna y ajustada a los principios constitucionales, de la protección de los menores desamparados y de los que manifiestan conductas de riesgo social. Aquella ley abrazaba los tres ámbitos de actuación en los que tradicionalmente se ha estructurado dicha protección: la prevención de la delincuencia infantil y juvenil, el tratamiento de la delincuencia infantil y juvenil y la tutela de los menores cuando falta la potestad parental o esta se ejerce de forma inadecuada. Pocos años después, se aprobó una ley específica para la protección de los menores en situación de desamparo, de carácter básicamente civil: la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción. Esta técnica de las leyes sectoriales especiales continuó con la Ley 27/2001, de 31 de diciembre, de justicia juvenil, reguladora de las funciones de la Administración de la Generalidad en la ejecución de las medidas adoptadas por la autoridad judicial en el marco de la responsabilidad penal de los menores infractores.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsedad documental. Eximente de alteración o anomalía psíquica. Error en la apreciación de la prueba. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de marzo de 2010.
La acusada se presentó en tres oficinas bancarias y después de identificarse con documentos de identidad manipulados en los que aparecía su fotografía pero que pertenecían a otras personas, presentó al cobro cheques que habían sido sustraídos y que habían sido librados a favor de otras personas, firmando en el dorso como si fuera ella la real tomadora. Eximente de alteración o anomalía psíquica: artículo 20.1 CP. La acusada padecía una neurosis y era adicta a las drogas. Se desestima: el relato de hechos probados no pone de manifiesto una limitación de las facultades cognitivas – volitivas del recurrente. Error en la apreciación de la prueba: los informes periciales no son documentos a efectos casacionales. Excepcionalmente, cuando haya un solo informe o varios coincidentes y el juzgador se aparte de sus conclusiones y no concurran otras pruebas sobre ese punto fáctico, podrá ser valorado como documento. Caso de autos: se desestima el motivo pues en la causa obra informe pericial emitido por el médico forense contradictorio del informe de parte presentado por el recurrente. El informe del médico forense evidencia que el recurrente no consumía opiáceos desde dos años antes de cometerse el hecho delictivo. Deber de motivación de las resoluciones judiciales. Motivación de la pena: el deber de motivación que impone el artículo 9.3, 24 y 120.3 CE abarca igualmente la pena impuesta. La individualización de la pena es un ejercicio de discrecionalidad reglada, que debe ser fundamentadamente explicado en la propia resolución judicial y controlable en casación por la vía de la infracción de ley. Caso de autos. Vulneración inexistente: existió motivación bastante.

Mercantil

No existe semejanza fonética entre las Marcas enfrentadas que pueda inducir a error o confusión en el consumidor. Tribunal Supremo. Sentencia 9 de abril de 2010.
Del examen de las marcas en litigio se aprecia que, si bien existe un mismo vocablo «fesa», se ha añadido como elemento diferenciador el vocablo «super», lo que ha de llevar a la conclusión de que no existe semejanza fonética entre ellas que pueda inducir a error o confusión en el consumidor, en la creencia de que los productos que va a adquirir tienen una procedencia distinta de la real. En cambio, pese a la parcial coincidencia de las marcas enfrentadas, la incorporación de este segundo componente le presta suficiente e indudable fuerza diferenciadora, que viene a asumir el protagonismo y ha de ser considerado como elemento dominante, prevalente o preponderante, de modo que no puede entrar en juego la prohibición relativa del  artículo 12.1 a) de la LM en cuanto se excluye el riesgo de error o confusión.

La  cuantificación de los puntos que corresponden según el sistema de valoración aplicable en el momento del accidente con arreglo a la actualización de las cuantías económicas vigente a la fecha en que se consolidaron las lesiones. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de mayo de 2010.
La pérdida de valor que origina la valoración de los puntos en el momento del accidente no podría compensarse con los intereses moratorios del artículo 20 LCS  , dado que éstos no siempre son aplicables; las lesiones pueden curarse o manifestarse transcurrido largo tiempo; y la determinación de los intereses moratorios exige determinar la cantidad en función de la cual se van a devengar. Se debe negar asimismo que  exista incompatibilidad entre irretroactividad y deuda de valor, entendiendo que la tesis que ha defendido su existencia parte de una interpretación fragmentaria del artículo 1.2 LRCSVM 1995 y del Anexo, primero, LRCSVM 1995  . Al contrario, debe distinguirse la regla general según la cual el régimen legal aplicable a un accidente es el vigente en el momento en que el siniestro se produce (artículo 1.2 LRCSVM 1995  ) y Anexo, primero, 3, LRCSVM 1995, que no fija la cuantía de la indemnización, puesto que no liga al momento del accidente el valor del punto. El daño se determina en el momento en que se produce, y este régimen jurídico afecta al número de puntos que debe atribuirse a la lesión y a los criterios valorativos, que serán los del momento del accidente. Cualquier modificación posterior del régimen legal aplicable al daño producido por el accidente resulta indiferente para el perjudicado. Estos preceptos no cambian la naturaleza de deuda de valor que la Sala ha atribuido a la obligación de indemnizar los daños personales. Sin embargo, la cuantificación de los puntos debe efectuarse en el momento en que las secuelas del accidente han quedado determinadas, que es el del alta definitiva, momento en que, además, comienza la prescripción de la acción para reclamar la indemnización.

Civil

El aprovechamiento cinegético no está incluido en el contrato de arrendamiento rustico salvo que se pacte expresamente lo contrario. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de abril de 2010.
El art. 1 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos considera arrendamientos rústicos y somete a su regulación especial a todos aquellos contratos «mediante los cuales se ceden temporalmente una o varias fincas para su aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal, a cambio de precio o renta», señalando el art. 3.2 que «salvo pacto expreso, en el arrendamiento de una finca para su aprovechamiento agrícola o ganadero no se considerarán incluidos los aprovechamientos de otra naturaleza, como la caza o los aprovechamientos forestales», por cuanto el art. 6, ap. 7º c), exceptúa de la aplicación de los preceptos de esta ley a la caza. Es decir, la Ley admite que el propietario de una finca pueda ceder en arrendamiento distintos aprovechamientos en un mismo contrato, y que salvo pacto expreso, tratándose de un aprovechamiento agrícola o ganadero no se considerarán incluidos los aprovechamientos de otra naturaleza, como la caza o los forestales, es decir, admite que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, consignado en el artículo 1255 del Código Civil, puedan incorporarse al contrato otra suerte distinta de aprovechamientos puesto que así lo autoriza el artículo 3.2 de la Ley. Estaremos entonces ante un único contrato con distintos objetos a los que no es posible aplicar «como un todo» el mismo régimen jurídico por constituir relaciones diferenciadas, sometidas a distinto régimen jurídico. Lo contrario resultaría no solo contrario a la Ley, que exceptúa la caza en su artículo 6.7 c), sino a los principios que sustentan una legislación expresamente encaminada a proteger la satisfacción de un interés social, a la agricultura y al cultivador, a partir del establecimiento de un régimen especial en el que existe una evidente restricción de la autonomía de la voluntad en beneficio de aquellos arrendatarios que merezcan ese amparo en virtud de la actividad agraria estricta que se encuentre entre lo pactado. Y es evidente que los únicos arrendamientos de fincas rústicas que están tutelados por la Ley especial son aquellos que previene la misma y desde luego, como con acierto señala la sentencia del Juzgado, « la teoría de que el artículo 6 de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 no excluye objetos contractuales determinados sino contratos enteros por razón de su objeto no se deriva ni del sentido propio de las palabras usadas por la norma, ni del contesto legal, ni de los antecedentes históricos o legislativos, ni de la realidad social; antes al contrario, choca con el espíritu y finalidad de la ley, que solo es, como se dijo, la protección de quien se dedica a la agricultura o a la ganadería, no quienes explotan otros aprovechamientos de fincas rústicas».

La falta de pago del impuesto sobre bienes inmuebles por parte del arrendatario de una vivienda puede fundar una acción de desahucio por impago de cantidades asimiladas a la renta. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de abril de 2010.
La parte recurrente funda su recurso por interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera como doctrina jurisprudencial que la interpretación de las normas conforme a su espíritu y finalidad (artículo 3 del Código Civil ) lleva también a considerar que la causa resolutoria del artículo 114-1ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ha de comprender actualmente el impago por parte del arrendatario del impuesto de bienes inmuebles, en tanto dicha norma tiende a proteger al arrendador frente a los incumplimientos del arrendatario respecto de obligaciones de inexcusable cumplimiento, como es ésta, y carecería de sentido estimar que, impuesta dicha obligación respecto de los contratos de arrendamiento de vivienda concertados tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, con efectos resolutorios por su incumplimiento (artículo 27.2 a), y extendida tal obligación del arrendatario igualmente a los contratos anteriores regidos por la Ley de 1964, opere la resolución para los primeros en cuanto a los que el legislador dispensa una menor protección- y no respecto de los segundos amparados por un derecho de prórroga indefinido, en los que la máxima protección concedida al arrendatario ha de verse correspondida por un escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones.

Laboral

Reclamación diferencias complemento de antigüedad y salario base. El conflicto colectivo tiene eficacia para interrumpir la prescripción en curso de una acción aún viva, pero no para reavivar o reactivar una acción ya  extinguida. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de mayo de 2010.
Reclamándose lo devengado mensualmente por complemento de antigüedad, el plazo de prescripción de cada mensualidad prescribe al año a contar a partir del mes en que no se abonó la antigüedad reclamada. Por consiguiente, la interposición del conflicto colectivo el 4 de noviembre de 1.992, solo pudo interrumpir, la prescripción de la acción para reclamar la antigüedad que se debió percibir a partir de noviembre de 1.991, pero no la correspondiente a mensualidades anteriores, que ya estaban definitivamente prescritas. Por todo lo cual debe entenderse adecuada a derecho la prescripción de lo reclamado por el demandante en la medida en que fue apreciada por la resolución recurrida. En cuanto a las diferencias de salario base, también nuestra doctrina es ya reiterada al sostener que «no existe conexión alguna entre los dos conflictos colectivos, y que en el primero para nada se reclamaron diferencias de salario base; por consiguiente, la acción para reclamar tales diferencias por salario no quedó en modo alguno interrumpida por el primer conflicto». En suma, en Julio de 1.995, cuando se planteó el segundo conflicto, en el que se suscitó por primera vez la cuestión referida al salario base, estaban ya definitivamente prescritas las mensualidades anteriores a Julio de 1.994. Y por tanto, dicho conflicto solo interrumpió la prescripción de las posteriores.

Existe un contrato fijo de carácter discontinuo cuando se produce una necesidad de trabajo  en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de mayo de 2010.
La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si la situación de un trabajador que es sucesivamente contratado cada año en periodos temporales concretos por una Administración pública, para poder cumplir con sus obligaciones de efectuar determinadas actuaciones que están dentro de sus ordinarias y permanentes competencias, puede ser válidamente formalizada a través de las modalidades de contratación por obra o servicio determinado o si, por el contrario y con independencia de las forma adoptada, la situación debe calificarse de indefinida discontinua. La contratación adecuada es la de contrato por tiempo indefinido de carácter discontinuo, a tenor de lo previsto en el art.15.8 ET, al haberse constatado la necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, reiterándose la necesidad en el tiempo, aunque lo sea por periodos limitados, ya que la necesidad de prevención y extinción de incendios forestales responde a las necesidades normales y permanentes de la empresa, las campañas se vienen reiterando anual y cíclicamente en años sucesivos, para las que se contrata, entre otros, a los trabajadores demandantes.

Administrativo

Proyecto sectorial para instalación de plataforma logística-industrial. Carácter reglado del suelo no urbanizable de especial protección forestal. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de junio de 2010.
La transformación urbanística que dicho proyecto sectorial comporta resulta incompatible con la condición de suelo no urbanizable especialmente protegido que corresponde a una parte considerable de los terrenos afectados. La invocación de posibles medidas correctoras resulta claramente insuficiente pues lo exigible es que no exista afectación ni menoscabo alguno para el interés, en este caso forestal, merecedor de especial protección. El hecho de que la normativa autonómica atribuya a las determinaciones del proyecto sectorial carácter prevalente frente a las del planeamiento urbanístico es un dato que, lejos de respaldar la legalidad del proyecto viene precisamente a corroborar la conclusión contraria pues ese carácter vinculante determinaría que el planeamiento urbanístico hubiese de acomodarse a las transformaciones urbanísticas contempladas en el proyecto sectorial, lo que exigiría en determinadas áreas la reclasificación del suelo; pero entonces se estaría obligando al planeamiento urbanístico a incorporar una clasificación que sería contraria al carácter reglado del suelo no urbanizable especialmente protegido, lo que supone la vulneración de la normativa estatal básica y también de la normativa autonómica que expresamente se remite a dicha normativa estatal.
 
No cabe aplicar el mecanismo de la extensión de efectos a las sentencias meramente anulatorias. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de marzo de 2010.
Se acuerda la improcedencia de la extensión de los efectos de sentencia que acuerda la extensión de efectos de una sentencia anulatoria de la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo por el concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, toda vez que la solicitud de extensión de efectos se hizo de una sentencia que no reconocía una situación jurídica individualizada, esto es, sobre la base del pronunciamiento meramente anulatorio de la liquidación practicada por referido Impuesto porque la comprobación de valores efectuada no era conforme a Derecho, la Sala de instancia lo ha extendido posteriormente a otra pretensión de anulación de liquidación cuando se basaba la impugnación en el mismo fundamento.

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