edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
07/01/2013
Reducción histórica del absentismo del sector público

La falta de eficiencia del funcionariado no depende del absentismo, según la opinión pública

El Gobierno celebra que la cifra mejore, por primera vez, la del sector privado, gracias a la reducción de sueldo por baja médica
Aunque los lectores se dividen a la hora de valorar la estadística, creen que la solución no pasa por recortar derechos sociales
ICNr

Los funcionarios comienzan a `ponerse las pilas´ a la hora de cumplir con sus funciones, al menos en lo que a absentismo laboral se refiere. Es el dato que se desprende de la última estadística revelada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual, por primera vez desde que se mide este indicador, el porcentaje de empleados públicos que faltaron a su trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal se ha situado por debajo del absentismo registrado entre los asalariados del sector privado. La diferencia, sin embargo, es escasa, a lo que se suma que el verdadero problema, a juicio de los internautas, no es tanto la falta de asistencia al trabajo como la escasa eficiencia de los funcionarios. En cualquier caso, la lectura mayoritaria indica que las medidas de presión del Gobierno comienzan a hacer efecto, aunque sea muy levemente. 

En concreto, en el tercer trimestre del año pasado el 1,75 por ciento de los empleados públicos no acudió a su trabajo por estar de baja por enfermedad, accidente o incapacidad, frente al 1,76 por ciento del sector privado. No es gran cosa, tal y como se encargaron de apuntar los lectores. Tan solo una diferencia de una centésima que, sin embargo, para los más optimistas, es un indicador claro de que algo está cambiando gracias a la introducción de restricciones de sueldo en caso de faltar al puesto de trabajo. Los lectores hicieron hincapie en el hecho de que se trata de la primera vez, nada menos que desde 1987, que se produce un resultado más negativo en el sector privado. 

Hay, por tanto, distintas lecturas: desde quienes aseguran que la diferencia es demasiado ridícula como para ser tenida en cuenta -sobre todo valorando márgenes de error, etc.-, hasta los que ven un progreso evidente si se compara el último dato con el inmediatamente anterior. En el tercer trimestre del pasado 2012, el absentismo en el sector público fue del 2,16 por ciento mientras que en el privado se situó en el 1,99 por ciento. Fue en el tercer trimestre de 2011 cuando más se acercaron ambas tasas, aunque la del sector público se mantuvo por encima por sólo cinco centésimas (2,09 por ciento frente al 2,04 por ciento).

MEDIDAS ANTIABSENTISMO

El Gobierno, por su parte, aseguró ayer que este cambio de rumbo es fruto directo de las medidas puestas en marcha a lo largo del pasado ejercicio precisamente para frenar el absentismo en el sector público. Se trata de recetas polémicas que tienen como `medida estrella´  la reducción de la retribución de los funcionarios de baja por contingencias comunes (excluidos los accidentes laborales y las enfermedades profesionales), con la que el Ejecutivo prevé ahorrar hasta 1.023 millones de euros en tres años. El objetivo defendido es claro: `Los funcionarios deben ganarse su puesto de trabajo´, señalaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el momento de adoptar estas medidas. `Hay que trabajar desde las Administraciones Públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados´, afirmaba en relación con los datos de endeudamiento de los ayuntamientos.

El resultado es una parte variable a la que se le aplican los nuevos criterios de rendimiento, que supone entre el 15 y el 20 por ciento de los sueldos de cerca de tres millones de funcionarios y empleados públicos, de forma que los que cumplan los objetivos no sufrirán recortes en su retribución, mientras que aquellos que no los alcancen verán descontada de su nómina la parte correspondiente, e incluso se contemplan gratificaciones en casos concretos.

A todo ello se une otra medida incluida en el Programa Nacional de Reformas 2012 enviado a Bruselas, que contempla que no cobren todo su sueldo durante los tres primeros meses de baja. A juicio del Gobierno, Se trata del mal menor teniendo en cuenta que resulta imprescindible recortar gastos en el sector público y que, además, es necesario aumentar la productividad de quienes forman parte de este tejido. `Estamos trabajando para que el sueldo de los funcionarios no se reduzca si no es para dar viabilidad al ente público´, afirmaba el ministro de Hacienda en marzo del año pasado. Una vez más, el objetivo de déficit obliga, pero también la mejora del servicio público. 

Sin embargo, los ciudadanos no tienen claro que la eficiencia esté del todo relacionada con la falta de asistencia por enfermedad. No es que los funcionarios hayan `dejado de enfermar milagrosamente´ a raíz de los cambios ahora que ausentarse del puesto de trabajo les supone una pérdida. Más bien han dejado de permitirse poder enfermar para no ver más mermada su retribución, muy tocada ya tras el recorte del 5 por ciento y la problemática de la paga extra navideña. `Claro que hay menos absentismo, y estarán contentos los políticos de turno, pero la realidad es otra: como ahora quitan un pastizal, la gente no puede permitirse no ir, así que va enferma y curra poco y mal´, apuntó un lector. 

En cualquier caso, los lectores más neutrales aseguraron que, como duele ser habitual, también en este caso `hay de todo´, aunque es cierto que en la privada el absentismo es impensable sí o sí -y mucho más a raíz de la crisis-, mientras que en el sector público al menos el funcionario sabe que no se arriesga a perder su puesto de trabajo. Esta diferencia estructural resulta clave, y así lo entendió la opinión pública. `Es una pena que un bien social como es que tengas una gran enfermedad y no te mermen el sueldo apreciablemente, se pierda, pero como hay cantidades ingentes de pícaros y aprovechados, pagan justos por pecadores´, comentó un lector. Así, `mientras no exista manera de combatir de forma contundente a los caraduras, no podrá haber beneficios sociales justos´.

El siguiente paso es controlar la permanencia en el puesto de trabajo durante toda la jornada. No basta con fichar: la idea es que el funcionariado no pueda `abandonar el puesto de trabajo injustificadamente y dejar a los administrados tres cuartos de hora esperando a que vuelvan de hacer la compra para poder ser atendidos´. Es una realidad que muchos lectores achacan a ciertos trabajadores, especialmente a `los de oficina y atención al público´. Del mismo modo, se criticó que `en la administración local hay empleados-funcionarios que no aparecen por el ayuntamiento ni para cobrar, en función de la situación y de si es afiliado al partido que gobierna´.

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