edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
08/02/2012
El Gobierno, sorprendido ante la indiferencia de la banca

La falta de incentivos a las fusiones hace peligrar los objetivos de la reforma

Santander, Caixabank y BBVA están más centrados en el negocio, los dividendos y la diversificación que en la reorganización del sector
Soraya Sánez de Santamaría y DE Guindos en la reuda de prensa del último consejo de ministros
Juan José González

El impacto de la reforma financiera en las cuentas bancarias ya se puede comprobar a la vista de las reacciones y de las cifras expresadas por las tres instituciones con mayor peso en el mercado financiero. Santander, Caixabank y BBVA las han enviado velozmente a la CNMV (y no al Banco de España) con el mensaje al unísono de que se sienten capaces de cumplir con las exigencias de capital recogidas en la nueva norma aprobada por el Gobierno. Al menos, estas tres entidades, las que mejor situación parecen tener de cara a la nueva etapa, tampoco se han esforzado demasiado en transmitir una sensación de agobio, aprieto o especiales dificultades para conseguir la exigencia de la norma. Así es que el saneamiento se llevará a cabo, según la entidad, con plusvalías y dotaciones ordinarias y, en otros, con genéricas y adicionales. En principio, nada indica que los afectados por la reforma de De Guindos vayan a tener que echar el resto en el embate. Los problemas vienen a continuación.

Sorprende, en primer lugar, la falta de reacción del sector bancario, tímida y tan sólo a través de escasos y muy cortos comentarios, en su mayor parte, en respuestas a las preguntas formuladas por los medios de comunicación, sobre un asunto que implica a la actividad bancaria de lleno, tanto en el presente como en el medio y largo plazo, por la fuerte repercusión que la nueva norma, la cual obligará a la mayoría de las entidades, y las citadas, en mayor medida, a modificar sus estrategias de negocio. Aunque quizás, la templada respuesta de los líderes bancarios haya tenido más bien el objetivo de no dar demasiada relevancia al asunto para no convertirlo en un problema de mayor tamaño.

Así que la cautela y prudencia con la que el sector ha acogido las imposiciones del Gobierno en materia de solvencia debe ser interpretada en otros términos. Quizás haya que ver en la respuesta del sector una especie de voto de confianza a la acción –intervención- de un Ejecutivo que acaba de llegar y de poner sobre la mesa, también, un primer y comprometido documento como es una norma que persigue reformar un mercado, en este caso el financiero. Lo cierto es que cuesta mucho esfuerzo entender un voto de confianza –y en este caso de la banca- en asuntos donde las implicaciones van más allá que el volumen de dinero.

O quizás se trate de esperar del Ejecutivo algo más que gestos y apoyos, y que de lo que en realidad peca esta reforma es de la ausencia de incentivos. Incentivos para colaborar en las propuestas que contienen los puntos de la norma. Sin incentivos no hay alicientes y si bien no parecen exigibles explícitamente en la letra del Real Decreto Ley, sí al menos deberían deducirse de la misma.

Es más que probable que las entidades financieras hayan estudiado la nueva norma y analizado la actitud e intenciones del Gobierno, como improbable es que no vayan a atender las obligaciones que marca la ley. Pero las entidades financieras, hoy comprometidas con sus accionistas y estrategias, se encuentran inmersas en una carrera por la diversificación de mercados, lo cual condiciona en buena medida la colaboración voluntaria en otras zonas de la reforma –fusiones y/o adquisiciones, y no digamos de la ilusoria idea del ministro de Economía de abrir a discreción el grifo del crédito ya…-.

De ahí que la necesidad objetiva de ofrecer alicientes en forma de incentivos para provocar un cierto ánimo –de entusiasmo ni hablamos- del sector bancario en los objetivos del Gobierno, sea precisamente, una de sus lagunas para implicar plenamente al sector en una reforma capital.

También es probable que ni ministro de Economía ni miembro alguno del equipo de Gobierno se hayan parado a pensar –puesto que no se han producido consultas previas al decreto ley de reforma- qué razones de peso pueden mover a las principales entidades financieras a colaborar –ahora- en la reorganización bancaria, cuando han tenido –voluntariamente- más de doce y de veinte meses para comprar o fusionar cualquier marca bancaria en apuros. Qué motivaciones podrían tener Santander, Caixabank y BBVA para acoger hoy día en sus balances a otros colegas menores pero rebosantes de problemas de todo tipo.

Sin motivo ni incentivo, difícil será que se cumplan los objetivos que lleva la letra del Real Decreto Ley de reforma financiera. Es más, con el volumen pantagruélico de provisiones -dinero que hay que apartar y aparcar del circuito- fijadas, primero de forma voluntaria y por prudencia por las propias entidades, y después por la norma del Gobierno, y teniendo en cuenta que la economía tiene más de un pie en la recesión, sin planes de crecimiento económico a la vista, con mayor percepción del riesgo bancario, con dificultad para financiarse en cualquier mercado –de ampliaciones de capital ni hablamos- será difícil, muy difícil, que los tres grandes, Santander, Caixabank y BBVA, se sientan estimulados por asuntos distintos a sobrevivir, salvar la cuenta de resultados, asegurar el dividendo, reforzar las vías de ingresos, etc… Así que, salir a provincias de compras y dar crédito la semana que viene, se presentan como misiones imposibles. Así que, un año más en el infierno.

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