edición: 2806 , Miércoles, 18 septiembre 2019
29/05/2014
Crisis inmobiliaria

La falta de medidas contra los desahucios despierta nuevas críticas entre los internautas

Un estudio de Human Rights Watch alerta sobre la ausencia de protección a los deudores hipotecarios y critica la moratoria de dos años por insuficiente
ICNr

Las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria siguen haciéndose notar seis años después de producirse, y el balance de soluciones sigue estando a cero. Al menos así lo estima la opinión pública, que muestra día a día en la red su enfado e impotencia ante la falta de recetas eficaces para paliar las consecuencias del endeudamiento hipotecario. La situación de base es compleja: pocos defienden, a estas alturas, recetas como la dación en pago retroactiva y, al contrario, se reconoce que es necesario mantener cierta seguridad jurídica y preservarse de las reformas `en caliente´. Sin embargo, los cambios legislativos que se han llevado a cabo hasta el momento han sido tan tímidos que casi molestan más que la inactividad. Tampoco los programas de ayudas logran mitigar el impacto de las ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Al debate siempre latente se le suman, mes a mes, las distintas estadísticas sobre el número de desalojos, ejecuciones y, en definitiva, familias que se quedan en la calle por la pérdida de su vivienda, al no poder atender puntualmente al pago de sus préstamos hipotecarios. El problema se achaca indirectamente a una crisis que no ha sido provocada por los ciudadanos, sino por una mala gestión `desde arriba´, y que, sin embargo, ha llevado a un nivel de desempleo tal que hacer frente a las obligaciones financieras se convierte en misión imposible para muchísimos ciudadanos. En este punto, los internautas creen que es al Gobierno a quien corresponde tomar las medidas adecuadas para, de un lado, reactivar la economía y el mercado laboral, y de otro, mediar entre la banca y los ciudadanos para amortiguar las consecuencias de la crisis en los hipotecados.

Ello cobra aún más sentido teniendo en cuenta que gran parte del sector financiero en España `ha sido rescatado con dinero público´, una situación que, incluso aunque se pueda considerar inevitable, no se ha utilizado como moneda de cambio para que el legislador obligue al sector a eliminar ciertas prácticas bancarias nocivas. En definitiva, poco o nada ha cambiado con los años, a pesar de que la coyuntura ha destapado todas las vergüenzas del sector financiero.

Precisamente ayer vio la luz un informe elaborado por la organización internacional Human Rights Watch, en el que se advierte a España sobre la falta de medidas para frenar el impacto de la crisis de la vivienda en el país y la deuda en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El informe es claro al asegurar que `el Gobierno español no ha tomado medidas suficientes´, y concluye que la crisis del ladrillo pone en riesgo los derechos humanos. `Decenas de miles de familias se han enfrentado o se enfrentan actualmente a una ejecución hipotecaria de viviendas que compraron en el momento álgido del boom económico de España, cuando las prácticas de préstamo irresponsable hicieron que las hipotecas fueran fáciles de conseguir´, señala la organización.

En su opinión, `el Gobierno debe actuar con rapidez para reformar la ley de insolvencia en España para proporcionar una vía de acceso equitativo a la liberación de la deuda. La Comisión Europea debería supervisar que España haga efectiva una reciente directiva de la UE sobre las hipotecas´, apunta. En su opinión, las autoridades deberían garantizar el acceso a la reestructuración equitativa de la deuda. De hecho, el informe mira con lupa la norma aprobada el pasado año, por la que se creó una moratoria de dos años para cierto colectivo de ciudadanos, y asegura que los criterios para poder beneficiarse de la moratoria `son demasiado limitados y en algunos casos entran en conflicto con el derecho internacional´.

Además de paralizar los desahucios durante dos años para los colectivos especialmente vulnerables, el Gobierno creó un fondo social de viviendas, pero, según el informe, esas políticas `han sido insuficientes ante la dimensión del problema´. Por último, la organización recalca que la crisis económica española, donde hay más de cinco millones de desempleados, ha golpeado `especialmente duro´ a los propietarios de un hogar, cuando España tiene unos niveles de propiedad de vivienda más altos de la UE (el 85 por ciento) y apenas un 2 por ciento de la oferta está reservada para vivienda pública o de alquiler subsidiado.

EVITAR NUEVAS BURBUJAS

Los internautas tienen muy claro que el informe da en el clavo cuando asegura que en España no se ha hecho lo suficiente para solucionar los daños provocados por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Muy al contrario, da la impresión de que se culpa a los ciudadanos por sobreendeudarse -algunos comentarios de internautas también optan por esta explicación expiatoria-, dejando a un lado el hecho de que la compra de vivienda se promocionó desde todos los frentes como la práctica más racional de enfrentarse a la necesidad de hacer frente a esta necesidad. Los internautas se preguntan cómo debe ser más precavido el propio consumidor que la propia entidad, que es, al fin y al cabo, la que mide el riesgo asociado al deudor y concede el dinero en consecuencia.

Por eso, `podrían empezar por evitar que se forme nuevamente una burbuja en el futuro, con impuestos muy duros a las plusvalías inmobiliarias y requisitos mínimos para conceder hipotecas. Hay varios lobbies que ya hablan de recuperación y subidas de precio del 10 por ciento para 2015, y lo único que buscan es engañar pardillos y recalentar el mercado´, aseguró un lector. `Intereses de las hipotecas baratos, préstamos hipotecarios sin las debidas garantías, caldo a punto para crear la burbuja; esto es lo que realmente pasó. Y con el añadido de dinero creado a base de deuda que se ha de amortizar´.

Los internautas hicieron balance de los días de la burbuja y recordaron que, de un `breve análisis del 1996 al 2007´, se extrae que en esos 12 años la inflación subió una media del 3 por ciento, es decir, una inflación acumulada en esos 12 años del 36 por ciento, y los pisos subieron una media del 18 por ciento. Es decir, `en 12 años, subieron una media acumulada del 216 por ciento´ , aseguró un lector. Todo lo que vino detrás es de sobra conocido y, sin embargo, los internautas tienen claro a estas alturas que no se puede esperar que `los que han montado este lío pongan una solución´. `Eso es pedirle peras al olmo, y mientras con el tema de los desahucios España ha perdido su dignidad,  tratando al ciudadano como a basura´.

Por último, los internautas alabaron la labor asistencial privada que, tristemente, se dedica a paliar lo que el Estado no cubre. `Las ONG, para nuestra desgracia, están haciendo lo que el Estado debería hacer. El Estado no evita el hambre, ni impide muertes por frío o por falta de asistencia sanitaria, y todo esto lo hacen otras entidades, ONG o como quieran llamarlas´.

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