edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
15/04/2009

La familia de una persona con discapacidad intelectual asume un sobreesfuerzo de 19.000 euros al año

Las familias que cuentan con una persona con discapacidad intelectual gastan al año de media entre 19.000 y 31.000 euros más si se valora las horas de dedicación, los gastos añadidos en salud, desplazamientos, etc. y las pérdidas de oportunidades de empleo que conlleva. Ésa es la principal conclusión del “Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España-2008" que acaba de realizar FEAPS, con el patrocinio de ENDESA, y la colaboración de Antares Consulting.

Dependiendo del grado de discapacidad, el índice de sobreesfuerzo se sitúa en 11.920 euros al año (993 euros al mes) -para una persona con perfil leve- y 35.507 euros (2.958 euros al mes) -con discapacidad severa que vive en el hogar-.De las 227.360 personas que hay en España con discapacidad intelectual, el 87 por ciento vive con sus familias, mientras que el 13 por ciento lo hace en centros asistenciales.Por comunidades, Andalucía es la región con mayor número de discapacitados intelectuales, seguida de Cataluña y Madrid.

El indicador de medida que se utiliza es el de sobreesfuerzo económico: el sobreesfuerzo económico es la expresión en euros del valor de las horas extras de cuidado, del desembolso extra por razones de la discapacidad y del coste de oportunidad extra del individuo, es decir de las consecuencias económicas de la discapacidad en la familia. Por tanto, es una medida que trata de cuantificar no sólo el gasto corriente extra en discapacidad (hablaríamos entonces de sobreesfuerzo financiero), sino las horas extra de dedicación no financiadas por ninguna administración, así como los costes de oportunidad del individuo (es decir, el capital que pierde por tener que dedicar sus esfuerzos a “atender a su discapacidad”).

Si para complementar el esfuerzo financiador de la administración, una familia con discapacidad intelectual tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de su familiar y para que asumiese los desembolsos directos que acarrea la discapacidad, debería abonarle por término medio 2,5 veces el salario mínimo interprofesional al mes (1.800 euros).

En la actual situación de crisis económica, estos datos cobran mayor relevancia y  demuestran la discriminación que algunas familias experimentan por el sobreesfuerzo económico que sobrellevan al tener en su seno un miembro con discapacidad intelectual.

El índice de sobreesfuerzo económico resultante, de la persona con discapacidad y su familia no debe ser interpretado como la cantidad de dinero que la unidad familiar necesita gastar, sino como la expresión o el valor económico resultante de cuantificar en unidades monetarias, el conjunto de costes en los que incurre la familia, una vez restadas las medidas compensatorias.
Si tenemos en cuenta que en España viven en torno a 227.000 personas con discapacidad intelectual esto significa que el conjunto de las familias están aportando un valor económico medio año estimado en 4.374 millones de euros al año lo cual supone en torno al 0.4% del PIB.

El estudio pone también de manifiesto el sobresfuerzo que las propias entidades realizan para atender adecuadamente a las personas con discapacidad intelectual. Al coste plaza financiado hay que sumar un sobreesfuerzo no financiado por ninguna administración que el estudio cifra entre los 422 euros año y los 24.296 euros año y que están soportando las propias entidades.

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