edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
11/09/2012

La FEMP acepta la pérdida de competencias municipales pero reclama un nuevo sistema de financiación

Javier Ardalán
La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) considera, en sus alegaciones al texto del  proyecto de reforma de la Ley para la Racionalización de la Administración Local, que paralelamente debe modificarse la de Haciendas Locales. “Sólo mediante la modificación del sistema de financiación de las Entidades Locales se podrá de verdad hacer frente a las necesidades de los Gobiernos Locales españoles”, añade en el escrito de alegaciones.

Para la FEMP resulta excesiva tanto en términos de técnica legislativa como de un reproche a la Administración Local, que considera “que son los Gobiernos locales la Administración que  los objetivos del Estado”.

El proyecto señala que “en un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, la Administración local también debe contribuir a este objetivo racionalizando su estructura, en algunas ocasiones sobre dimensionada, y garantizando su sostenibilidad financiera”.

El objetivo de racionalizar la estructura organizativa de la Administración local se refleja en las medidas incluidas en el proyecto para fortalecer a las Diputaciones provinciales que asumirán parte de las competencias hasta ahora prestadas por los municipios con el objetivo de lograr economías de escala con unos servicios comunes centralizados y reducir estructuras administrativas que no son ni eficientes ni sostenibles. Asimismo, se incluye una revisión del conjunto de entidades instrumentales que conforman el sector público local.

En ese contexto, mediante una  disposición adicional se trata de impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se deberá proceder a su disolución.

Por último, se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las entidades locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad económica, obliga a la disolución de aquellas que ya existan a la entrada en vigor de la presente norma, en el plazo previsto.

Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales, el proyecto trata de definir con más precisión las competencias que deben ser desarrolladas por la Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. Se trata de que las Entidades locales no vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuentan con la financiación adecuada. De este modo, sólo cuando estén financieramente garantizados los servicios obligatorios que debe prestar la administración local podrá entonces prestar servicios facultativos.


Por ello, en sus alegaciones, la FEMP entiende que la propuesta de normativa no establece posibles actuaciones de las Entidades Locales para garantizar de modo efectivo la autonomía local frente a posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otras Administraciones.

Por ello, defiende que deben ser los municipios los titulares de las competencias que por ley se establezcan. Solo en aquellos casos en que estos carezcan de capacidad suficiente para poder ejercer alguna de ellas, o que estas puedan ser prestadas más eficientemente   en un ámbito territorial superior al municipal, serán prestadas por las Diputaciones.

Por ello, considera que por Ley un sistema de suficiencia financiera para las Corporaciones Locales, mediante una participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas (PICAS), estable, incondicionado, no finalista y similar al que existe respecto de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE). Finalmente, deberá precisarse cuál va a ser la financiación  suficiente para las Diputaciones, Consejos y Cabildos puedan prestar adecuadamente los servicios que asumen al no poder ser gestionados por los Ayuntamientos que no cuentan con los estándares de calidad previstos.

La FEMP alega que partiendo de una Administración, una competencia, deben quedar claramente determinadas en esta modificación de la LRBLR las competencias que residen en los municipios (artículo 25) y no en otras Administraciones. Deberá establecerse la Ley un mínimo de competencias que en todo caso siempre deberán ser prestadas por municipios para evitar que ningún Ayuntamiento se quede sin competencias.

Reconoce que las competencias de sanidad y educación no son competencias de las Administraciones Locales, de acuerdo con el principio de “una competencia, una Administración”.

Incluye un listado de competencias que serán irrenunciables para los Ayuntamientos, en las que las economías de escala no funcionan, como es el caso de las ferias, abastos, mercados y mercados; promoción del deporte e instalaciones del deporte y del disfrute del tiempo libre; promoción de la cultura; cementerios, actividades mortuorias y policía sanitaria funeraria; así como un padrón municipal.

Mientras, considera que las competencias, como el abastecimiento de agua, medio ambiente o residuos, que tienen un amplio componente de escalas y, por tanto, sí que podrían ser susceptibles de disponibilidad a favor de de las Diputaciones, en el caso de no cumplir los municipios con los estándares de calidad, todo ello centrado en las Entidades de menos de 20.000 habitantes. Por cierto que las competencias mínimas consideran que no deberían verse comprometidas por los estándares de calidad mínimos exigibles para poder desarrollarlas sin ser transferidas a las Diputaciones.

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