edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
28/12/2017
LA OREJA DE LARRAZ

La financiación pública para la inversión industrial incrementará la exportación en un 5%

Javier Ardalán
El Ministerio de Economía considera que la financiación otorgada bajo del paraguas de la futura Orden Ministerial de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial, que actualmente se encuentra en periodo de información pública, movilizará inversiones totales vinculadas con un efecto multiplicador de tres, lo que supondrá en torno a los 2.433 millones de euros.
Comparando con la inversión material de las empresas industriales en España en 2015 según datos del INE, por valor de 582.357 millones de euros, el impacto del programa sería en torno al 0,4%. No obstante, consideran los técnicos de Economía que el efecto indirecto será elevado, derivado de que las mejoras productivas y los objetivos que se pretende potenciar con esta línea de financiación afectan no únicamente a las empresas que las adoptan, sino a otras empresas que pertenecen a la cadena de valor del producto fabricado, que exceden el ámbito industrial.

El apoyo financiero regulado en la presente orden tiene entre sus objetivos el incremento de la exportación, al menos en un 5% de la facturación procedente del exterior y la diversificación de mercados. Se espera que esta medida contribuya a incrementar las exportaciones industriales especialmente en aquellos productos con un nivel tecnológico más elevado.

Constituye un objetivo fundamental de esta norma, la armonización de los criterios que deben guiar la concesión de apoyos públicos para la reindustrialización y fortalecimiento del sector industrial.

Asimismo, la generación de empleo vinculada a las inversiones financiadas se espera que sea, de aproximadamente cinco empleos por cada millón de euros de financiación concedida. En total, entre empleo directo e indirecto se estima que podrían generarse más de 4.055 nuevos empleos.

La Orden busca impulsar inversiones industriales que mejoren la competitividad del sector manufacturero, que incorporen tecnologías avanzadas en sus productos y procesos, generen empleo cualificado con la mayor aportación posible de valor añadido, y en definitiva contribuyan a aumentar la base exportadora y la presencia de productos industriales en otros mercados.

También, pretende alcanzar la armonización de los criterios que deben guiar la concesión de apoyos públicos a la inversión industrial, siguiendo las directrices establecidas a nivel comunitario en materia de política industrial. 
La aplicación de dichos criterios, de forma común a los potenciales beneficiarios en un régimen de concesión en concurrencia competitiva, es necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos destinados a incentivar las citadas inversiones en cualquier punto del territorio nacional.

Pese a que las restricciones de acceso al crédito de los pasados años se han reducido, aún persisten para proyectos a largo plazo y con unos periodos de recuperación de la inversión elevados que son muy característicos del sector industrial. Además, se considera que es necesario el estímulo de la inversión industrial a la mejora de la competitividad, que permita el incremento del PIB industrial en consonancia con los establecidos en la Estrategia Europea 2020. 

Ambas cuestiones pueden tener múltiples enfoques como políticas para favorecer la concentración y el crecimiento empresarial, mejora de las coberturas de riesgo del crédito, potenciar la financiación vía “equity”, aumentar el conocimiento de las vías de financiación alternativas, etc. Sin excluir las anteriores políticas, sigue resultado necesario el otorgamiento de apoyo financiero por parte del Estado que permita el cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados.

el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha establecido como objetivo fundamental de la política industrial, el impulso de un sector industrial fuerte, competitivo y de referencia internacional, que contribuya a la potenciación de la actividad económica general e industrial y a la creación de empleo.

Resulta por tanto necesario aprobar unas bases reguladoras para la financiación de actuaciones industriales realizadas por el sector manufacturero que permitan la creación de nuevos establecimientos, su traslado o relocalización, así como las mejoras o adaptaciones de líneas de producción ya existentes, potenciando la realización de inversiones tractoras de la industria y el aumento de su competitividad.

La gestión que la Administración General del Estado realiza de esta financiación, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una planificación racional y eficaz de la misma. Los posibles beneficiarios de esta convocatoria presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus dimensiones, así como en las características de capital, tecnología e inversiones debido a su diversidad sectorial, que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a la convocatoria entre las distintas Comunidades Autónomas. 

Economía considera que dado que las convocatorias de apoyo financiero deberían explicitar el presupuesto disponible, según establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se llegaría a una imposibilidad de conjugar los principios jurídicos con los operativos y de racionalidad y eficiencia en la gestión del presupuesto público.

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