edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
27/04/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La Fiscal General del Estado reclama al futuro Gobierno un nuevo modelo de proceso penal

Javier Ardalán
La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha reclamado al futuro Gobierno un nuevo modelo de proceso penal homologable al de la práctica totalidad de los países del mundo, en el que el fiscal sea quien realice la instrucción, llevando a cabo la separación de las funciones de investigar y tutelar las garantías de los ciudadanos. Desde su aprobación en 1882 la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha experimentado 69 reformas. El resultado de tantos parches es ahora un texto desarticulado que no está a la altura de las necesidades del sistema judicial español.
Por ello, la Fiscalía General urge al próximo Gobierno un nuevo proceso penal, garantista y eficaz tanto con la criminalidad común de menor gravedad, como con la delincuencia relacionada con la corrupción, la criminalidad organizada y los delitos de cuello blanco.

Así, lo ha anunciado la Fiscal General del Estado en su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, al tiempo que señaló que no es una cuestión de política, ni de reparto de poderes, ni de protagonismos. Se trata de un problema de Estado, de tal calibre que no será viable sin un acuerdo social y político presidido por el consenso y la sensatez.

Para Madrigal, no se trata de sustituir unos órganos –jueces- por otros –fiscales- sino de simplificar la fase de investigación, sustituyendo la instrucción ritual, escrita y casi nunca respetuosa con el concepto de sumario y potenciar el juicio oral y, en consecuencia, el principio acusatorio.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras tanto, mantiene a las fiscalías al borde del colapso. Así, ayer el Consejo Fiscal ha acordado solicitar al Ministerio de Justicia una prórroga de un mes para los 80 fiscales que refuerzan las fiscalías más saturadas en el proceso de revisión de las causas pendientes motivado por la entrada en vigor del nuevo modelo de instrucción penal.

El principal órgano asesor de la Fiscalía conoció ayer el informe sobre la situación de las fiscalías a raíz de la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a revisar unos 650.000 procedimientos antes del 6 de junio.

Este asunto ya fue tratado en la última reunión del Consejo Fiscal del pasado 16 de marzo después de que en los últimos meses asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hayan venido quejándose por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto tras la recepción los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado en relación con el plan de control de las causas.

Las fiscalías que han recibido fiscales de refuerzo en sus plantillas han revisado 103.178 causas pendientes, de las cuales el 70% han sido clasificadas como sencillas y el 30 % como causas complejas. Dentro de las sencillas, el 16% han sido archivadas por falta de autor conocido o ausencia de pruebas que justifiquen la continuación del proceso. El resto de estas ha recibido esa consideración porque la instrucción está a punto de finalizar o porque se entiende que se podrá terminar dentro del plazo previsto por la ley.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que antes del 6 de junio se deben haber revisado todas las causas pendientes: las que sean consideradas sencillas tendrán un plazo de instrucción de seis meses y las complejas de dieciocho.

El otro asunto que lleva de cabeza a la Fiscalía es la implementación del sistema Lexnet y el expediente digital en las Fiscalías. En su reunión de marzo, este órgano consultivo del Ministerio Público expresó su "profunda preocupación por las importantes disfunciones" que está suponiendo la aplicación del sistema Lexnet, que obliga desde el pasado 1 de enero a presentar todos los escritos en los juzgados de forma telemática como primer paso para la implantación del 'papel cero'.

Advierte de que las dificultades de una actuación eficaz de los fiscales en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración.

En un informe interno, la Fiscalía se sumó hace unos días a quienes subrayan la excesiva lentitud de Lexnet y sus constantes caídas y pone sobre la mesa anomalías como la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida respecto de alguna de las causas.

En enero, el Consejo Fiscal advertía que las dificultades de una actuación eficaz de los fiscales en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración. Desde colectivos como la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y que tiene representantes en este órgano consultivo, se venía denunciando que la aplicación informática del Ministerio Fiscal "Fortuny", nunca ha facilitado la tarea para el cumplimiento de la función de los fiscales y en estos momentos de digitalización entorpece más que ayuda a los fiscales.

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