edición: 3076 , Miércoles, 28 octubre 2020
26/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La Fiscalía regula como actuará ante los nuevos delitos penales leves

Javier Ardalán
Como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal la Fiscalía General del Estado ha remitido una extensa Circular a todas las Fiscalías explicándoles cómo deben actuar, reglar la gravedad delictiva y aplicar el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía no seguir las actuaciones penales en determinados casos.
No obstante, el principio de oportunidad será retroactivamente aplicable a las faltas que no hayan sido enjuiciadas antes del día 1 de julio de 2015. Los juicios de faltas, en estos casos, que hayan quedado despenalizados proseguirán su tramitación en los términos de la Disposición transitoria cuarta del nuevo Código Penal a los solos efectos de dirimir la acción civil, salvo que el perjudicado renuncie expresamente a ser indemnizado, se reserve las acciones civiles o no exista perjuicio indemnizable, en cuyo caso procederá el archivo del procedimiento.

Los juicios de faltas por hechos cometidos antes del 1 de julio de 2015 constitutivos de falta de lesiones leves y malos tratos (artículos 617.1 y 2 del CP) se someterán al régimen transitorio aludido en la conclusión anterior.

Este criterio de oportunidad está limitado a supuestos de escasa relevancia; razones de utilidad pública o interés social; falta de interés público en la persecución; estimular la pronta reparación a la víctima en penas privativas de libertad y bajo confesión de culpabilidad; evitar los efectos perniciosos de las penas cortas privativas de libertad; favorecer la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario a un procedimiento de rehabilitación a cuyo cumplimiento queda condicionado el sobreseimiento; o cuando la pena a imponerse carezca de importancia en consideración a las de otros delitos o a la que se impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada.

En cualquiera de estos supuestos, el fiscal está facultado para pedir al juez de la instrucción que se prescinda de la persecución penal. La decisión judicial que prescinda de la persecución penal extinguirá la acción pública en relación con el imputado en cuyo favor se decida. Por ello, los miembros del Ministerio Fiscal deberán tener a la vista la hoja del histórico penal del denunciado antes de emitir el informe de oportunidad.

De entrada, la Fiscalía exige la los fiscales que no soliciten el archivo por motivos de oportunidad en los procedimientos incoados por actos de violencia física y psíquica cometidos en el núcleo de convivencia familiar, salvo casos excepcionales.

El listado de casos en que no se realizará el archivo automático va desde los delitos leves de detención ilegal (artículo 163.4 del CP), contra el patrimonio histórico (artículo 324 del CP), de falsedad documental (artículos 397, 399 y 400 del CP), contra la Administración Pública (artículo 406 del CP) y contra la Administración de Justicia (artículo. 456.1.3º, 465.2 y 470.3 del CP), salvo casos excepcionales. Tampoco en los delitos leves patrimoniales (artículos 236, 246, 247, 254, 255 y 256 del CP) cuando el valor del objeto, ventaja o provecho obtenido por el culpable haya rebasado los 400 euros, ni en el delito de ocupación de inmueble, edificio o vivienda que no constituya morada (artículo. 245.2 del CP).

En los delitos leves que afectan al orden público o a los intereses generales, los fiscales, a efectos de decidir sobre el ejercicio de las facultades derivadas del principio de oportunidad, deberán atender especialmente a las circunstancias concurrentes en el autor del hecho, como su edad juvenil, ocasionalidad de la conducta, arrepentimiento mostrado o disposición a reparar el mal causado.

Asistirán al enjuiciamiento de los delitos leves semipúblicos, como el de homicidio por imprudencia menos grave del artículo 142.2 del CP o por imprudencia menos grave del artículo 152.2 del CP en relación con el artículo 149 del CP producido por la circulación de vehículos de motor o ciclomotores, prestación de servicios públicos o privados de transporte colectivo de personas, o en el ámbito laboral, sanitario o profesional.

Intervendrán, de la misma forma en las lesiones dolosas en las que el agresor que haya causado a otro una lesión corporal o en su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su cura, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico (artículo 147.2 del CP); o cuando haya existido maltrato de obra del artículo 147.3 del CP cuando la víctima sea persona vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad.

Y finalmente, asistirán al resto de los delitos, siempre que haya sido el propio Fiscal quien haya interpuesto la correspondiente denuncia en nombre de una persona menor de edad, con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida al amparo de lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Por el contrario, se abstendrán de intervenir los fiscales en el enjuiciamiento de las lesiones por imprudencia menos grave (artículo 152.2 del CP); maltrato de obra del artículo 147.3 del CP, cuando la víctima no sea persona vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; amenazas y coacciones leves (artículos 171.7, 1 y 172.3, 1 del CP); injurias leves en el ámbito doméstico (artículo 173.4 del CP); o daños por imprudencia grave del artículo 267 del CP.

En la misma línea, no estarán presentes en el delito leve de injurias graves hechas sin publicidad (artículo 209 del CP), pues es un delito privado. La disposición de la acción penal corresponde en exclusiva al ofendido.

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