edición: 2599 , Martes, 20 noviembre 2018
27/06/2012

La Fiscalía sostiene que algunos tipos incluidos en la reforma del Código Penal deberían ser resueltos en el ámbito administrativo

Javier Ardalán
La Fiscalía del Estado considera que algunos de los tipos penales que se han introducido en el anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal tienden a establecer penalizaciones de conductas que tendrían una mejor respuesta   en el seno del derecho administrativo sancionador.

Así, valora positivamente la modificación que se incluye sobre la actual configuración de la regularización de la situación tributaria como excusa absolutoria sólo puede entenderse si se hace una interpretación muy amplia de esta causa de exención de responsabilidad penal, la cual no existe en el momento de producirse la conducta delictiva. Por tanto, se estima acertada su inclusión como uno de los elementos que conforman el tipo básico del “delito fiscal” descrito en el artículo 305 del Código Penal.

Señala el informe que esta nueva regulación también propicia la posibilidad de que la regularización produzca sus efectos exclusivamente en el plano administrativo, liberando a la autoridad tributaria del trámite de presentar denuncia ante el Ministerio Fiscal con relación a conductas que, con posterioridad a la interposición de la querella, quedaban automáticamente archivadas, posibilidad que además se extiende al no infrecuente supuesto previsto en el párrafo 2º del apdo. 4, relativo a la satisfacción de las deudas tributarias aún y cuando hubiera prescrito del derecho de la Administración a su determinación en la vía administrativa.

Si la Administración tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación. Además, excluye de la posibilidad de persecución otros delitos que suelen acompañar a la defraudación tributaria, consistentes en irregularidades contables u otras falsedades instrumentales, las cuales se limitan expresamente a las cometidas exclusivamente en relación con la deuda tributaria objeto de tributación.

En relación  la modificación  que permite que la Administración Tributaria o la Seguridad Social puedan continuar, en paralelo al proceso penal, el procedimiento administrativo de liquidación y recaudación, considera, que, a través de la misma se pretende la consecución de mayor eficacia en la adopción de medidas que eviten que el defraudador fiscal pueda eludir sus bienes, haciendo así ineficaces las perspectivas resarcitorias de la Administración defraudada, circunstancia ésta que se pone de manifiesto ante la escasa eficacia que suelen deparar las que puedan adoptarse, en muchos casos tardíamente, por los órganos de la administración de justicia.

En estos casos, se propicia propiciando  la existencia de una incompatible dicotomía entre aquellos defraudadores cuya cuota no alcanza los mínimos legales (120.000 para el delito fiscal y 50.000 para el de fraude en el pago de cotizaciones), que ven como la Administración asegura su crédito, y aquellos otros, cuya conducta es objetivamente más grave en tanto en cuanto sobrepasan estos límites pero, paradójicamente, son objeto de una respuesta para asegurar el cobro más tardía.

Sin embargo, el informe comenta que de dicha técnica legislativa incorpora riesgos evidentes de resultados contradictorios entre ambos procedimientos que se rigen por principios distintos y con diferentes mecanismos de investigación. Por tanto, puede ser frecuente en estos casos que la cuota tributaria determinada en el procedimiento penal no se corresponda con la deuda tributaria liquidada en el procedimiento administrativo. Aunque la reforma prevé esta posibilidad estableciendo que la liquidación se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso penal, los previsiblemente frecuentes casos de discrepancias pone de manifiesto una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que sería conveniente subsanar.

En este ámbito, el Consejo Fiscal  considera que se incrementaría la eficacia si se estableciese  la posibilidad de que la Administración antes de remitir el expediente, adoptase de oficio medidas cautelares, sin perjuicio de que estas pudieran ser levantadas por el juez de instrucción correspondiente.

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