edición: 2286 , Martes, 22 agosto 2017
15/02/2017
Factura económica

La fuga de la UE, más gravosa para los europeos que para los ingleses

Cerca de 60.000 millones de euros en dos años es el importe de los compromisos presupuestarios pendientes con Bruselas
Juan José González
Las autoridades británicas y las comunitarias preparan estos días el marco en el que se desarrollarán las discusiones para la negociación de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Es un desenganche que tiene un tiempo de duración estimado de dos años, asunto a tener en cuenta pues son dos ejercicios, dos presupuestos con sus compromisos de aportaciones financieras, de inversiones para fondos estructurales hasta 2020. Hasta ahora se han conocido pocos detalles, quizá los más llamativos por su repercusión social. Pero ya se empiezan a mover cifras, estimaciones de costes. Se habla de facturas que con carácter obligatorio deberán ser atendidas por el país que decide abandonar la Unión. Lo dice el Tratado firmado por todos los países con vinculación a la Unión Europea. Reino Unido entre ellos. Y esa factura asciende, según los compromisos vigentes, a cerca de 60.000 millones de euros, el equivalente al 2,7% del Producto Interior Bruto de Reino Unido. Todo indica que puede haber tormenta.
Los compromisos son los compromisos y además están firmados. La decisión de abandonar la Unión Europea no se puede simplificar en un sencillo ejercicio de salir por la puerta. Algunos de esos compromisos, tienen un tiempo fijado, determinado y preciso. Es el caso, entre otros, de las aportaciones para las pensiones de los empleados y funcionarios de la Unión. O de la parte correspondiente a los fondos estructurales. En idénticos términos, las autoridades francesas evalúan estos días el precio de una decisión capital como es la salida de la Unión Europea. El tema es uno de los ejes que está polarizando la campaña política en el país vecino, dada la intensidad de la reivindicación de los grupos de extrema derecha cuya propuesta estrella es, precisamente, la salida de la UE.

Las autoridades monetarias del país estiman que, además de los daños y perjuicios para el país si prospera la propuesta de la derecha política, la deuda pública gala se iría por las nubes e incrementaría sus costes en 30.000 millones de euros al año. Se trata de intereses adicionales para el caso de abandono de la moneda común. El coste de los hogares es ahora mismo incalculable, tanto como probable la derrota de la propuesta de salida. Pero al menos, los ciudadanos, los votantes, ya pueden estar pensando en una cifra, en un coste elevado antes de acudir en los próximos meses a las urnas.

Llama la atención de la similitud de ambas cifras: los 60.000 millones de euros de dos años en el caso del Brexit y los 30.000 millones de euros de un año en el de un Frexit. La diferencia es que para los británicos ya no hay vuelta atrás porque el resultado del referéndum ya está cerrado. Mientras que en Francia comienzan a pensárselo: están en campaña. Los primeros es probable que hayan votado con los ojos cerrados, es decir, ajenos al conocimiento de que la salida tenía un precio, una factura cierta y comprometida. Los segundos ya tienen la información con carácter previo y pueden (podrán) decidir mejor. De lo que no cabe duda es que el volumen de la factura es de tal magnitud que puede tener un poder disuasorio considerable. Seguramente, de haberlo sabido, los británicos no estarían tan divididos.

Bruselas parece haberse dado cuenta de que las prisas de la premier británica, Theresa May, por iniciar las negociaciones de un nuevo tratado con la UE, tenían un objetivo claro: cerrar acuerdos en asuntos de intercambios comerciales, financieros, derechos sociales de los europeos residentes, seguridad y movimientos de personas pero sin abordar en ningún momento el importe de las decisiones, la factura a pagar por Reino Unido por todas las reformas de la casa, el traslado y todo los demás. Bruselas ha preferido comenzar por el considerado por May como final, la cuenta. Y esta dice que los compromisos presupuestarios aprobados hay que cumplirlos. A partir de ahí todo puede ser posible.

La salida de Reino Unido provocará un desequilibrio en las cuentas, un imprevisto, un hueco en la contabilidad que habrá que cubrir. Y que el resto de socios va a presionar para que la fuga británica no resulte gravosa por el incumplimiento de las aportaciones de Reino Unido a la Unión en esos dos años que restan hasta llegar a 2020. No parece sencillo que el Gobierno británico pueda eludir sus obligaciones con las partes correspondientes a sus inversiones en fondos estructurales como tampoco que vaya a interrumpir las aportaciones a las pensiones de los empleados de la Unión Europea, parte de ellos británicos con permanencia segura en los dos años que puede durar el desenganche de la Unión. De ahí que la negociación entre británicos y europeos para acordar el grado de participación futura en el mercado único, sea la baza más fuerte que puede jugar la Unión si quiere que Reino Unido pague la factura que debe. De lo contrario, el resto de los socios se tendrá que repartir el coste.

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