edición: 2703 , Miércoles, 24 abril 2019
31/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La futura ley de cajas exigirá a las fundaciones mantener un mínimo del 10% del capital del banco y perderán la ficha

Javier Ardalán

El régimen de transformación de una caja de ahorros en una fundación se regirá por la futura Ley  de Cajas de ahorros y fundaciones bancarias, cuyo anteproyecto ha concluido el Ministerio de Hacienda, que establece que se producirá cuando la caja de ahorros crezca por encima de los límites permitidos por la ley, dado que es necesario que las cajas no incrementen su volumen a niveles que las hagan sistémicas; y en el supuesto de cajas que a la entrada en vigor de la ley estén ejerciendo su actividad financiera a través de un banco.

Puesto que la caja ya no ejerce actividad financiera alguna y centra sus funciones en la acción social, no tiene justificación, y supone en cierta medida una anormalidad, que mantenga la licencia bancaria. A partir de ese momento deberán tener un porcentaje mínimo del 10 por ciento de participación en un banco. Se trata, en todo caso, de que las fundaciones bancarias, actúen con los niveles de profesionalidad, independencia, transparencia y eficiencia máximos, sin que en ningún caso se pueda poner en peligro la solvencia de las entidades en las que participan.
La ley introduce, además, normas en relación con los órganos de gobierno de las fundaciones  bancarias, el régimen de participación de la fundación bancaria en la entidad de crédito, así como obligaciones en materia de gobierno corporativo y transparencia.

No obstante, hay que resaltar que la aplicación de estas normas a las fundaciones bancarias se realiza de acuerdo con un esquema escalonado, de tal forma que ciertas obligaciones previstas en esta ley solo serán de aplicación a aquellas fundaciones bancarias que tengan una participación cualificada o de control en una entidad de crédito.

El mayor grado de intervención de la normativa estatal recaerá sobre aquellas fundaciones bancarias que ostenten posiciones de control sobre una entidad de crédito o tengan una participación superior al 50 por ciento. Estas entidades deberán elaborar un plan de diversificación de sus inversiones para minimizar riesgos y constituir un fondo de reserva para garantizar la financiación de la entidad de crédito participada en situaciones de dificultades, no podrán participar en incrementos de capital en determinados supuestos y la distribución de dividendos deberá ser aprobada por un quórum y una mayoría reforzados de la asamblea general.

A todas las fundaciones bancarias les será de aplicación la normativa sobre gobierno corporativo, pero sólo a aquellas fundaciones que tengan una participación igual o superior al 30 por cierto en una entidad de crédito o de control en la misma se le impondrá la obligación de elaborar un protocolo de gestión en el que se expongan los elementos esenciales que definan las relaciones entre ambas entidades, así como un plan financiero en el que se defina cómo podrá hacer frente la fundación bancaria a posibles necesidades de financiación que en una situación de dificultad pudiera requerir una entidad de crédito.

Se prevé incentivar, de esta manera, que las fundaciones bancarias vayan reduciendo su participación de forma paulatina en las entidades de crédito, con el fin de que el proceso de reestructuración del sistema financiero español quede completado en un período de tiempo razonable.

Finalmente, la ley incluye una serie de disposiciones entre las que destacan el establecimiento de un régimen especial en caso de ampliación de capital en entidades bancarias participadas por fundaciones bancarias, así como para la distribución de dividendos.

Las disposiciones transitorias prevén, por su parte, la transformación de las cajas de ahorros de ejercicio indirecto en fundaciones bancarias, lo cual deberá hacerse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

En las disposiciones finales se especifica que artículos tienen carácter básico, se realizan las habilitaciones normativas precisas para desarrollar la ley, y se modifica la normativa tributaria, con el objeto de extender el tratamiento fiscal de las cajas de ahorros a las futuras fundaciones bancarias.

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