edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
28/03/2011

La futura Ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá medidas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas y limitará el secreto sumarial

Xavier Gil Pecharromán
La reforma de la Justicia que el Gobierno ha enviado al Congreso incorpora varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la intervención de las personas jurídicas en el proceso en calidad de imputadas, consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 5/2010, que introdujo un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Gobierno ha abogado por crear una nueva cultura empresarial  e intentar que se dé un salto de mentalidad hacia una forma responsable de actuar, por ejemplo en el plano medioambiental, donde muchas empresas no tienen especial sensibilidad sobre la responsabilidad criminal de su actividad.

Se trata de un adelanto de medidas que el Gobierno prepara para incluir en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que será remitido al Parlamento antes del verano, lo que permitirá despejar las innumerables dudas procesales que está generando en todos los órdenes la reciente reforma del Código Penal.

La urgencia del Gobierno para establecer esta reforma, se entiende no sólo por la reforma del Código Penal sino por la renovación legislativa de la Justicia que el Gobierno ha remitido al Parlamento, puesto que el  72% de los asuntos que llegan a los tribunales en España se rigen por esta norma

Esta reforma vendrá  acompañada de una reorganización de la estructura de los tribunales y la Fiscalía, además de arropada por un amplio consenso, que el Gobierno cree que es posible aprobar definitivamente antes de que termine el año.

En esta línea de clarificación, el delito de violación del secreto de sumario es uno de los asuntos que serán revisados en el nuevo anteproyecto. Una de las propuestas realizadas en el seno del Consejo General del Poder Judicial pretende que tan sólo pueda mantenerse por un  plazo máximo de 12 meses, aunque en casos excepcionales podría ampliarse por otros 6 meses. De esta forma, lo que se trata de de que se acabe con los casos que se prorrogan excesivamente, más generalizados de lo que sería deseable por todas las partes implicadas en los sumarios. También se analiza la necesidad de regular determinadas intervenciones como las escuchas telefónicas.

También, la Fiscalía de Seguridad Vial ha propuesto incluir en el proyecto medidas especiales para tratar los casos de conductores que han consumido alcohol o drogas ante el volante, con trastornos psicológicos y el deseo de "vivir fuertes experiencias", y otras circunstancias familiares que les hayan inducido a cometer un delito contra la seguridad vial.

Con estas medidas en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal los fiscales podrán solicitar penas de trabajo a favor de la comunidad, multas e, incluso, la prisión de este tipo de conductores peligrosos.

Así, en Alicante se ha iniciado una experiencia piloto, con un grupo de investigadores en materia criminológica, psicológica y jurídica, al que se han incorporado criminólogos y miembros de la Policía Local ilicitana licenciados en Criminología, agrupados en el ‘Centro Crímina’ que han elaborado siete dictámenes criminológicos de casos que se encuentran en su mayoría en la fase de diligencias previas. 

El Pleno del Senado, que ha instado al Gobierno a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal para crear esta nueva figura para luchar contra la explotación sexual de los menores. Esta cobertura legal ya existe, pero sólo para la lucha contra los delitos de terrorismo y narcotráfico.

El objetivo de estos agentes será el de introducirse en las redes de intercambio de estos archivos y desmantelarlas con más facilidad. Como ha explicado el Grupo Popular, que ha propuesto la moción, el agente encubierto actuará en la clandestinidad, con identidad supuesta, con sujeción a la ley, bajo el control de un juez y con la finalidad de reprimir o prevenir el delito.

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