edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
03/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La futura Ley de la Jurisdicción Voluntaria define la actuación de los tribunales españoles en los casos de ámbito internacional

Javier Ardalán

En el caso de que, de acuerdo con las normas de competencia internacional, los órganos judiciales españoles sean competentes en relación con un expediente de jurisdicción voluntaria, pero no fuera posible concretar el competente territorialmente con arreglo a los criterios de esta ley, lo será aquél correspondiente al lugar donde los actos de jurisdicción voluntaria deban producir sus efectos principales o el de su ejecución, según establece la futura Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.

Establece la Ley, que los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean firmes surtirán efectos en España y accederán a los registros públicos españoles,  siempre que hayan superado su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

La jurisdicción voluntaria se vincula con la existencia de supuestos en que se justifica el establecimiento de limitaciones a la autonomía de la voluntad (el derecho a negociar y alcanzar acuerdos) en el ámbito del Derecho privado, que impiden obtener un determinado efecto jurídico cuando la trascendencia de la materia afectada, la naturaleza del interés en juego o su incidencia en el estatuto de los interesados o afectados, así lo justifiquen. O también, con la imposibilidad de contar con el concurso de las voluntades individuales precisas para constituir o dar eficacia a un determinado derecho.

Estos efectos requieren la actuación del juez, en atención a la autoridad que el titular de la potestad jurisdiccional merece como intérprete definitivo de la ley, imparcial, independiente y esencialmente desinteresado en los asuntos que ante ella se dilucidan. Circunstancia que los hace especialmente aptos para una labor en la que está en juego la esfera de los derechos de los sujetos.

Los tribunales españoles deberán aplicar a los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria respecto de los cuales resultaren competentes, la ley determinada por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado.

Los órganos judiciales españoles serán los competentes para conocer los expedientes de jurisdicción voluntaria suscitados en los casos internacionales, cuando concurran los foros de competencia internacional recogidos en los Tratados y otras normas internacionales en vigor para España.

 Y en el caso de los supuestos no regulados por tales Tratados y otras normas internacionales, la competencia vendrá dictada por los foros de competencia internacional recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuando sea firme la resolución de jurisdicción voluntaria, se procederá a la inscripción o a la modificación de los asientos de los registros públicos. Hasta que ello no se obtenga, procederá su anotación.

Para la inscripción o modificación de asientos, el Encargado del registro, a los efectos del reconocimiento de resoluciones firmes extranjeras de jurisdicción voluntaria, verificará la regularidad y autenticidad formal de los documentos presentados y la no concurrencia de causa de denegación del reconocimiento. En todo  caso, la inscripción se someterá a las normas del Derecho español. Si hubiera duda, se procederá a la anotación preventiva y la remisión a la parte al proceso de reconocimiento a título principal.

El órgano judicial español o el Encargado del registro público competente será también  para otorgar, de modo incidental, el reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. No será necesario recurrir a ningún procedimiento específico previo.
El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras sólo se denegará si hubiera sido acordado por una autoridad extranjera manifiestamente incompetente.

Dice la futura Ley que se considerará que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta vínculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades han otorgado dicho acto. Se considerará, por el contrario que son manifiestamente incompetentes cuando el supuesto afecte a una materia cuya competencia exclusiva corresponda a los órganos judiciales o autoridades españolas.
En el caso de que el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados y también, si  el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al orden público español.

Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción voluntaria serán a cargo del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa. Los ocasionados por testigos y peritos serán a cargo de quien los proponga.

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