edición: 2494 , Viernes, 22 junio 2018
11/10/2012

La futura Ley de la Jurisdicción Voluntaria primará la conciliación previa al juicio en las vías civil y mercantil

Javier Ardalán
Antes de promover un juicio del ámbito civil podrá intentarse la conciliación ante un secretario de juzgado de Primera Instancia o ante el juez de paz, pero no se admitirán a trámite las peticiones de conciliación con los juicios en que estén interesados el Estado, las comunidades autónomas y las demás Administraciones públicas; ni en los que estén interesados menores o incapacitados para la libre administración de sus bienes, según establece el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, al que ha tenido acceso ICNr.es.

Esta Ley tiene por objeto la regulación d los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales. Con ella se trata de evitar que asuntos en los que no sea necesario llegar  a juicio. Secretarios judiciales, notarios y registradores serán los encargados, fundamentalmente de realizar este tipo de procedimientos, que tratan de liberar a los tribunales de su actual carga de trabajo, que los tiene colapsados.

Por ello, también, será posible realizar la conciliación en una notaria de la localidad de residencia del solicitante en los asuntos de carácter civil o mercantil.

Tampoco lo podrán ser en los casos de responsabilidad civil contra jueces y magistrados y, en general en todos aquellos litigios en los que se promuevan materias que no sean susceptibles de transacción ni compromiso.

El que intente el acto de conciliación deberá solicitar en el Juzgado de Guardia correspondiente. Entre la citación y la comparecencia deberán mediar al menos 24 horas, salvo que se considere que existen causas justas para ella, y en ningún caso podrá dilatarse la comparecencia por más de diez días. En el caso de la conciliación ante notario deberán pasar cinco días entre la comunicación y la celebración del procedimiento.

En la fecha de la citación, si alguna de las partes no se presenta, se dará el acto por intentado. De acudir las partes, comenzará el acto de conciliación con la exposición de su reclamación y manifestando los fundamentos en que se apoya. El demandado solo estará obligado a contestar a lo que crea conveniente y podrá exhibir cuantos documentos crea precisos. Posteriormente, ambas partes podrán replicar y contrarreplicar.

En el caso de que no exista avenencia entre ellos, el secretario o el juez de paz procurarán ponerlos de acuerdo. De no lograrlo, se dará el acto por terminado.

Por el contrario, si las partes alcanzaran un acuerdo, el secretario judicial dictará un decreto o el juez auto aprobándola y acordando, además, el archivo de actuaciones. Posteriormente, se firmará por todos un acta, en un libro que llevará el secretario judicial o el juez de paz, que recoja los términos del acuerdo. Finalmente, se entregará un certificado del acta de conciliación o de que se intentó la conciliación sin llegar a acuerdo, en su caso.

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, el acuerdo del acto de conciliación llevará aparejada la ejecución. Lo convenido por las partes se llevará a cabo en el mismo juzgado en que se haya celebrado la conciliación, cuando se trate de competencias del mismo juzgado. En los demás casos será competente para la ejecución al juzgado al que le hubiese correspondido conocer de la demanda.

En el caso de conciliación notarial, se podrá recurrir el acuerdo ante el juzgado de Primera Instancia o Mercantil, según la materia correspondiente.

Contra el convenio podrá ejercitarse la acción de nulidad, que podrá interponerse ante el juez competente dentro de los 15 días siguientes a la celebración del acto y se llevará a cabo a través de los trámites del juicio declarativo que corresponde a su cuantía.

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