edición: 3024 , Miércoles, 5 agosto 2020
23/01/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La futura Ley de Régimen Jurídico del Sector Público introduce dos tipos de controles de las empresas

Javier Ardalán
El anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público introduce dos tipos de controles de las entidades integrantes del sector público estatal. De una parte, un control de supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Además, de otra parte, habrá un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad de la entidad, que será ejercido anualmente por el Departamento al que esté adscrita la entidad u organismo, sin perjuicio del control de la gestión económico financiera que se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.

Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua en el ámbito de la Administración General del Estado estarán sujetas al seguimiento y evaluación del Ministerio de adscripción y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente.

Este sistema trata de seguir las mejores prácticas del derecho comparado. Su objetivo será evaluar de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creación de cada entidad y su sostenibilidad futura. Con ello, se pretende evitar situaciones como realizar, en el futuro el exhaustivo análisis que tuvo que ejecutar la CORA para identificar las entidades innecesarias o redundantes y que están en un proceso de extinción.

Se crea, mediante esta Ley una nueva categoría, como es la de las ‘autoridades administrativas independientes’, que estará compuesto por entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, que ejerzan funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un sector o actividad económica, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración Pública a la que están vinculadas, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. Se incluyen para estos entes, nuevos principios generales de actuación como el de estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el de la transparencia en su gestión.

Por otra parte, la ley establece dos normas básicas para todas las Administraciones Públicas. Por un lado, la obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

Esta inscripción será requisito necesario para obtener el número de identificación fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este Registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos de las entidades y organismos públicos existentes en cada momento. Y por otro lado, se obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de transformación, mantenimiento o extinción.

Ya en el ámbito de la Administración General del Estado esta ley establece una nueva clasificación del sector público estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de su entrada en vigor de la Ley, más clara, ordenada y simplificada, pues quedan reducidos a los siguientes tipos: organismos públicos, que incluyen a los organismos autónomos, a las autoridades administrativas independientes y a las entidades públicas empresariales; sociedades mercantiles públicas, consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica. La meta es la de sistematizar el régimen hasta ahora vigente en el ámbito estatal y mejorarlo siguiendo las pautas que se explican a continuación.

En primer lugar, preservando los aspectos positivos de la regulación de los distintos tipos de entes, de modo que se favorezca la programación de objetivos, el control de eficacia de los entes públicos y el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la realización de las funciones legalmente encomendadas al sector público.

En segundo lugar, suprimiendo las especialidades que, sin mucha justificación, propiciaban la excepción de la aplicación de controles administrativos que deben existir en toda actuación pública, en lo que ha venido en denominarse la ‘huida del derecho administrativo’. La flexibilidad en la gestión ha de ser compatible con los mecanismos de control de la gestión de fondos públicos.

Y, en tercer lugar, la Ley señala que dedicando suficiente atención a la supervisión de los entes públicos y a su transformación y extinción, materias éstas que, por poco frecuentes, no habían demandado un régimen detallado en el pasado. Con ello se resuelve una de las principales carencias de la Ley de Agencias: la ausencia de un verdadero control externo a la entidad, que permita juzgar si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz posible de cumplir los objetivos que persiguió su creación y que proponga alternativas en caso de que no sea así.

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