edición: 3010 , Miércoles, 15 julio 2020
22/04/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La futura reforma de la Ley Concursal reduce el valor de las garantías y modifica las mayorías

Javier Ardalán
El Boletín del Congreso de los Diputados publica un texto de la última reforma de la Ley Concursal, aprobada a través del el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, en la que se han incluido importantes enmiendas en su tramitación parlamentaria, con el fin, una vez más, de facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no solo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, para obtener el verdadero valor de una garantía será necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que esta recae, el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien.

Por ello, se introduce una regla de prudencia para reducir el valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.

Por poner un ejemplo práctico, ahora es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100.

Otra modificación relevante en materia de convenios concursales la atribución del derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación del quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso, exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor.

La prevención que existía anteriormente respecto a los acreedores que compran activos una vez iniciado el convenio, es que dicha adquisición pudiese esconder algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en adquirir algo, en este caso un derecho de crédito, a un precio menor que aquel por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de mercado.

Para evitar las concertaciones, se hace un listado más amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en consecuencia de voto en la junta de acreedores.

Ante las quejas de los especialistas en Derecho Concursal, en el fondo, la Ley pretende fomentar la existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final.

Será el propio acreedor cedente quien deberá valorar si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan.

La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas. La propuesta de convenio podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas o adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con excepción de los acreedores públicos.

Entre las proposiciones se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.

En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas.

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada.

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.

En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada.

Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, sea igual o inferior al crédito que se extingue.

Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios preconcursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75 por ciento.

Finalmente, se introduce una previsión novedosa sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado y en los acuerdos preconcursales de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Se diferencian los costes laborales, públicos, financieros y comerciales, pues los arrastres se harán dentro de cada clase para que no haya contaminación entre ellos.

Se incluye también la expulsión del voto de los créditos subordinados, pero no de quienes los adquieren tras el concurso. Y hay nuevas mayorías y límites para aprobar los convenios. Ahora se necesitará el 50 por ciento del pasivo si se quieren alcanzar quitas desde el 50 por ciento y esperas de hasta cinco años. Pasa a la mayoría simple cuando se trate del 20 por ciento o de menos de tres años. También se abre la puerta a que las Administraciones entren en los convenios, un tema que aún tendrá modificaciones en un futuro próximo.

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