edición: 2469 , Viernes, 18 mayo 2018
16/07/2014
LA OREJA DE LARRAZ

La Generalitat de Cataluña aprueba el futuro impuesto sobre las viviendas

Javier Ardalán

La Generalitat de Cataluña ha aprobado el proyecto de ley que creará un impuesto sobre las viviendas vacías que gravará con entre 850 y 1.650 euros los pisos vacíos y que se prevé que afecte a 15.000 casas en manos de entidades financieras de los 72 municipios catalanes con más demanda.

El proyecto ahora irá al Parlamento de Cataluña para su tramitación. Cataluña acumula un `stock´ de 76.308 viviendas nuevas vacías, según datos del segundo trimestre del año de la Asociación de Promotores de Barcelona (Apce), de las cuales un 56% (42.414) se encuentran en la provincia de Barcelona.

Antes de su aprobación, se firmó un acuerdo entre la Generalitat y la Sociedad de gestión de activos procedentes de reestructuración bancaria (Sareb), Catalunya Caixa y Bankia para que cedan a la Administración catalana 600, 400 y 200 viviendas respectivamente durante un periodo de 4 ó 5 años, ya que la ley prevé bonificaciones a las entidades que suscriban acuerdos con la Administración.

Se trata de un impuesto "sin ánimo recaudatorio" que en ningún caso afectará a propietarios particulares, entidades del mundo local y del tercer sector.   Se calcula que afectará al menos 15.000 pisos en manos de entidades financieras en los 72 municipios con mayor demanda de vivienda, una cifra que para el Consejero Vila justifica la oportunidad de la medida: "Estábamos convencidos de que había generar algún estímulo en este sentido ", ha afirmado. Se estima que el impuesto tributará una media anual de entre 850 y 1.650 euros por vivienda vacía.

La nueva norma prevé aplicar el impuesto en el caso de viviendas desocupadas durante más de dos años sin causa justificada. "Esta es una medida de estímulo que no tiene ningún ánimo recaudatorio" explicó Vila. Por este motivo, las personas físicas, las administraciones públicas y las entidades del tercer sector de la red de inclusión social estarán exentas de la aplicación de este gravamen.

El Proyecto prevé un conjunto de bonificaciones, en función de cuántos pisos vaya poniendo en alquiler asequible el titular, bien directamente o bien cediendo a bolsas de mediación para el alquiler social a las administraciones o las entidades sociales. Las bonificaciones son las siguientes:

Si el titular destina del 5 al 10% de las viviendas a vivienda asequible, obtendrá una bonificación del 10% de cuota; si destina entre el 10 y el 25% a vivienda asequible, se beneficiará de una bonificación del 30%;  entre el 25 y el 40% tendrá un 50% de bonificación de cuota. Si se destina más del 40% la bonificación será del 75%. Finalmente la bonificación será del 100% cuando se destinen a alquiler social más del doble de viviendas vacías que estén sujetas al impuesto.

El impulso al establecimiento de este impuesto se desprende de la Ley del derecho a la vivienda, que prevé una serie de medidas para las viviendas desocupadas injustificadamente, en ámbitos de acreditada demanda, se incorporen al mercado por medio, si procede, de la intervención de las administraciones. Por otra parte, la regulación de este impuesto complementará las diversas medidas que se incluirán en el Plan para el derecho a la vivienda, cuya tramitación está a punto de finalizar.
 
Se aprueba también el alquiler solidario, una nueva iniciativa que se pondrá en marcha a partir de este verano y que tiene por objetivo incentivar las personas propietarias de pisos vacíos del parque privado para que los cedan a la Agencia de la Vivienda de Cataluña durante seis años para poner a alquiler. Esta experiencia piloto prevé movilizar, de entrada, un stock de 200 pisos situados en alguno de los 72 municipios con fuerte demanda de vivienda La medida cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Los propietarios, prioritariamente personas físicas, podrán optar a participar en este programa a cambio de ceder gratuitamente su vivienda a la Administración por un período mínimo de seis años. Como contrapartida, la Generalitat reformará y adecuará el piso, por un importe máximo de 12.000 euros por vivienda, y lo destinará a alquiler social. Cada propietario será compensado con una renta aproximada de 75 euros mensuales que tienen por finalidad únicamente compensarle los gastos ordinarios de la vivienda (IBI, comunidad de vecinos, etc.).

Esta iniciativa pretende cubrir los siguientes objetivos: favorecer los propietarios de viviendas que no pueden mantenerlos ni rehabilitarlos, temporalmente, pero que quieren conservar la propiedad; movilizar viviendas desocupadas; obtener más viviendas para políticas sociales, y propiciar que se hagan obras de rehabilitación para generar empleo.

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