edición: 2723 , Jueves, 23 mayo 2019
19/05/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La Generalitat Valenciana falla en su intento de obtener mayor financiación ante el TC

Javier Ardalán
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado, por unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana contra el Fondo de Suficiencia Global incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (LPGE).
La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, determina que el signo negativo del Fondo de Suficiencia Global de la Comunidad Valenciana “no es más que el resultado de la aplicación de las reglas de evolución a las que la Generalitat se adhirió expresamente”.

En conclusión, el Pleno rechaza la pretensión del Gobierno de la Generalitat Valenciana de obtener una mayor financiación mediante la anulación del Fondo de Suficiencia Global negativo, tal y como figura consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Niega el Tribunal Constitucional que se haya vulnerado el principio de seguridad jurídica y la garantía de la prestación de los servicios públicos fundamentales. La sentencia rechaza que el sistema de financiación configurado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) haya perdido su vigencia, “sencillamente –afirma-, porque no hay norma alguna que así lo disponga”. Por tanto, el Tribunal concluye que estará en vigor mientras no se derogue “por la normativa rectora de un nuevo sistema”.

La vulneración sólo habría podido existir si la Generalitat hubiera demostrado que la participación de la Comunidad Valenciana en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales no es el que se deriva de las normas que regulan el sistema de financiación autonómica. Por el contrario, no discute el cálculo de su participación en dicho Fondo.

El Estado y la Comunidad Valenciana pactaron tanto su cuantía inicial (correspondiente a 2007) como las reglas para su posterior “regularización, revisión y evolución”. Según establece la LOFCA, este Fondo sólo podrá ser objeto de revisión cuando se produzca el traspaso de nuevos servicios, cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos y cuando se den “otras circunstancias” establecidas en la ley. Una de estas circunstancias la constituyen “las variaciones en los tipos impositivos estatales de los Impuestos Especiales de Fabricación e IVA”.

Lo que la LOFCA prevé, explica el Tribunal, es que transcurrido el período quinquenal, se realice una valoración de los efectos del sistema con vistas a plantear una posible revisión del mismo que, en cualquier caso, deberá ser sometida previamente, “a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 recoge las transferencias por Fondo de Suficiencia Global a las Comunidades Autónomas. La Generalitat valenciana solicita que se anule la cuantía correspondiente al Fondo de Suficiencia Global negativo de la Comunidad Valenciana –es decir, transferencia de la Comunidad al Estado–, por importe de 1.330 millones de euros, incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y, se incremente, por tanto, en idéntico importe la financiación correspondiente a dicha Comunidad Autónoma.

El Pleno estima que “al dar cumplimiento a una normativa reguladora del sistema de financiación autonómica plenamente vigente, la LPGE de 2016 no viola el principio de seguridad jurídica”; y, en segundo lugar, porque “el propio reconocimiento que hace el Gobierno Valenciano de que la LPGE de 2016 se ajusta al vigente sistema de financiación, deja sin base la alegación de arbitrariedad del legislador presupuestario”.

La Generalitat consideraba que la previsión presupuestaria impugnada pone en peligro la prestación, en el territorio de la Comunidad Valenciana, de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales esenciales) al nivel exigido por la Constitución.

A este respecto, la sentencia recuerda que el artículo 158.1 de la CE prevé que, con carácter extraordinario, puedan establecerse asignaciones en favor de las Comunidades Autónomas con el fin de garantizar el nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales.

El actual modelo de financiación autonómica ha dado cumplimiento a este mandato constitucional mediante la creación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que se repartirá entre las comunidades autónomas, según los “recursos disponibles” y no en función del “gasto real”.

Es decir, explica la sentencia, el sistema no asegura para ninguna Comunidad Autónoma “un volumen de recursos tal que alcance el nivel medio de gasto real en servicios públicos” pues, el Tribunal en anteriores sentencias ya estableció que no existe un derecho de las Comunidades Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un derecho a que la suma global de los recursos existentes se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación.

Por último, el recurso entiende que el saldo negativo del Fondo de Suficiencia Global daría lugar a una incapacidad del Gobierno autonómico recurrente para financiar la prestación mínima de los servicios públicos fundamentales. Por ello, considera que el Fondo es también contrario al art. 2.Uno f) LOFCA, que consagra la “suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las Comunidades Autónomas”.

La sentencia señala que, conforme al vigente sistema de financiación autonómica, los ingresos de las comunidades autónomas derivarán de tres instrumentos, como es la capacidad Tributaria, Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y Fondo de Suficiencia Global. En 2009, se añadieron como novedad los Fondos de Convergencia (Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación) con la finalidad de alcanzar el “equilibrio económico territorial”.

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