edición: 2579 , Lunes, 22 octubre 2018
14/03/2011
La mayor parte de las cajas y bancos espera esta semana una rebaja de calificación

La gestión política en cajas y CC AA sitúa a España, de nuevo, en riesgo de intervención

La deuda pierde nota, las autonomías en rebeldía y el sector financiero en reconversión
Como en Cataluña, tras las elecciones se conocerán mayores desequilibrios de cuentas
Juan José González

La agencia Moody´s ha sacado tarjeta amarilla a todas las comunidades autónomas a excepción de Baleares y Navarra. La debilidad de las cuentas públicas es tan manifiesta como la desviación que reflejan sus deudas, y estas a su vez cabalgan a tal velocidad que ni una descalificación, como tampoco de unas elecciones políticas autonómicas ni generales, van a hacer cambiar la decisión de los inversores internacionales, por muchos 'road shows' que se organicen a lo largo y ancho del mapamundi. Si los inversores piensan en que el ánimo de gasto compulsivo de los gestores de las cajas de ahorros, así como su ausencia de contrición, es proporcional a la de los dirigentes políticos de los gobiernos autonómicos, es fácil de entender que difícilmente entrará un solo euro en el país en los próximos meses. Y ahora, el sector financiero –bancos y cajas- se prepara para recibir otra tarjeta amarilla –descalificación- en bloque. Aunque por ser colectiva parece que vaya a doler menos.

Asombroso –y alarmante- paralelismo entre las crisis de solvencia de las cajas de ahorros españolas y los déficit presupuestarios de los gobiernos autónomos. Dos desequilibrios que llevan camino de prolongar el calvario financiero, en el primer caso, e institucional, en el segundo, de la economía española. A propósito de la revisión de la calificación de la deuda española la semana pasada por parte de la agencia Moody´s, habría que recordar el pronóstico de esta calificadora sobre los problemas y riesgos de las cuentas públicas autonómicas, en el sentido de que este es un problema que crece en magnitud a medida que avanza el tiempo, y sin posibilidad de reconducir. La agencia en cuestión describe el escenario en el que las CCAA y otros gobiernos locales deberán enfrentarse a la situación, casi de forma dantesca.

Las deudas de las Comunidades Autónomas superan ya el 10% del PIB, según los datos del Banco de España. En 2009, la deuda creció un 33,2% y en 2010 el 27,3%. Si hace dos años nadie pareció sentirse alarmado por el avance de tamaño desequilibrio, el del año pasado sí ha llegado a crear, al menos, polémica. Sin embargo, esta no se debe a la magnitud, difícilmente sostenible, de los números, sino a que resulta ser un buen dato que como arma arrojadiza se convierte en argumento ideal para las formaciones políticas que compiten en campaña electoral, primero en mayo las autonómicas y locales y para el próximo marzo de 2012 –si no media adelanto electoral- las generales. Lo que significa que difícilmente se aplicarán remedios a un problema que trasciende a la esfera política local y nacional.

El diagnóstico que realizó la calificadora -que el jueves asestaba un anunciado varapalo a la deuda española- a finales del verano pasado, poniendo especial énfasis en que los peligros, riesgos y males de la economía española tenían un roto en los desequilibrios de las cajas de ahorros y bancos con sus riesgos inmobiliarios –no reconocidos suficientemente-, así como con los que exhibían las cuentas públicas de las CC AA, locales y empresas públicas, fue pasado por alto por todos y cada uno de los poderes políticos, a excepción de la oposición política.

Los inversores internacionales no se fían, como no podía ser de otra forma, ni de la intención ni capacidad ni posibilidades reales de los gobiernos autónomos para gestionar los déficit de sus presupuestos. Tienen en cuenta que los mercados mayoristas se encuentran cerrados para grandes bancos y grandes compañías, salvo que estas se encuentren dispuestas a pagar la penalización que supone un elevado diferencial. Si los grandes encuentran dificultades, las que se encuentren las Autonomías no van a ser menores. Inversores que saben que la Administración Central tiende hacia el corte del grifo de las subvenciones, como también que se muestra más firme en conceder las autorizaciones para nuevo endeudamiento de esas mismas administraciones.

Por otra parte, el cobro de impuestos, además de contar con gastos de prioritario compromiso, como sanidad y educación, alcanzan en tiempos de crisis un límite. Es decir, los ingresos difícilmente van a crecer. Luego es prácticamente imposible que los inversores identifiquen en la deuda del Estado español de las Autonomías, de los ayuntamientos y de las empresas públicas, una fuente interesante de rentabilidades futuras. Todo lo contrario, riesgo que alimenta riesgo, una rueda que lleva al impago, al retraso en vencimientos que no se cumplen.

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